Ortega detiene a miembros de la oposición de cara a las elecciones de noviembre de 2021
Daniel Ortega, quien se presenta para su cuarto mandato consecutivo de presidente de Nicaragua ‒su quinto en total‒, no quiere correr el riesgo de perder. A pesar de que ocupa la presidencia desde 2007, durante casi 14 años, y de que no solo controla el poder ejecutivo, sino que también domina la Asamblea Nacional y la Corte Suprema, y a pesar de que él mismo y su familia y amigos poseen la mayoría de los medios de comunicación del país, Ortega todavía ha considerado necesario detener a cinco de los candidatos y candidatas presidenciales más prominentes de la oposición y a otras líderes de la oposición. Las personas detenidas este mes pertenecen a la totalidad del espectro político de derecha a izquierda, siendo algunas de ellas viejas camaradas del partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Causa perplejidad constatar el miedo que tiene el dictador al pueblo nicaragüense.
Aunque durante décadas no ha habido nada progresista o democrático en las acciones de Ortega y del FSLN, la actual ola de detenciones de sus oponentes políticos representa un nuevo paso, todavía más autoritario. Ortega ha ido evolucionando a la derecha desde la década de 1990, participando en negocios corruptos con partidos capitalistas, formando alianzas con capitalistas nacionales y con el ala derecha de la iglesia católica, al tiempo que protege los intereses de los capitalistas tanto nacionales como extranjeros. Ha cambiado la constitución del país para asegurarse la continuidad en el poder y permitir que su esposa, Rosario Murillo, sea su vicepresidenta. Ha habido acoso a los y las oponentes en el pasado, pero nunca la represión en toda regla de todos los partidos de oposición que estamos viendo ahora.
El gobierno alega que sus oponentes tratan de socavar la soberanía del país y que “incitan a la injerencia extranjera en los asuntos internos, reclamando intervenciones militares y confabulándose con poderes financieros extranjeros”. Se ha acusado a los detenidos y la detenidas de diversos delitos engañosos. Aunque no cabe duda de que algunos de sus oponentes quisieran que Estados Unidos presionara lo suficiente para deponer a Ortega, los partidos de oposición no pretenden favorecer una intervención militar. Aspiran a deponer a Ortega mediante unas elecciones justas.
También es cierto que las agencias estadounidenses National Endowment for Democracy (NED) y USAID subvencionan a varias ONG nicaragüenses, entre ellas algunas que pueden oponerse a las políticas de Ortega, pero no es el dinero de EE UU el que determina la oposición o siquiera influye mucho en ella. Es Ortega quien se ha creado su propia oposición a lo largo de los últimos 14 años y ha hecho que mucha gente, tal vez la mayoría del pueblo nicaragüense, se haya vuelto contra él. Sin la ayuda del Departamento de Estado y de la CIA, la burguesía de Nicaragua es capaz de defender su propio programa político de cambio ‒aunque buena parte de ella está vinculada a Ortega‒ y el pueblo nicaragüense demostró en 2018 que puede generar un movimiento de masas de un potencial enorme sin necesitar apoyarse en nadie más.
Ortega y la crisis nicaragüense
El golpe represivo de Ortega contra la oposición se produce en un momento en que Nicaragua experimenta sendas crisis en el plano económico, político y de salud pública. En 2018 hubo una rebelión política nacional protagonizada por cientos de miles de nicaragüenses de toda condición social que protestaron en todo el país ante la represión violenta, por parte del gobierno de Ortega, de las manifestaciones de pensionistas y estudiantes contra el nuevo régimen de pensiones. Para sofocar la revuelta, la policía y matones del FSLN de Ortega asesinaron a 300 personas, causaron heridas a 2.000, detuvieron y torturaron a varios centenares e impidieron efectivamente las manifestaciones de oposición en el país. Cerraron medios de la oposición y acosaron a las ONG. Todo esto hizo que unas 100.000 personas nicaragüenses huyeran del país.
Entonces, en 2020 vino la crisis de la pandemia de COVID , ante la cual el gobierno de Ortega hizo caso omiso de modo flagrante de las recomendaciones sanitarias internacionales, incumpliendo el distanciamiento social y organizando actos públicos masivos tanto al aire libre como en interiores. Unos 700 médicos nicaragüenses firmaron una carta “urgiendo al gobierno a que reconozca que el virus está extendiéndose en Nicaragua y a que aplique medidas preventivas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud a fin de limitar su propagación ulterior”. Basándose en un estudio sobre el exceso de fallecimientos, algunos medios acusaron al gobierno de subestimar el número de muertes en más del 90 %. Nicaragua tampoco ha avanzado en la vacunación de su población. “Nicaragua ha administrado hasta ahora por lo menos 167.500 dosis de vacunas antiCOVID. Puesto que cada persona necesita dos dosis, hasta ahora solo se ha vacunado a alrededor del 1,3 % de la población del país. Está previsto que el país reciba suficientes vacunas, a través de COVAX, para inmunizar al 20 % de la población.
Al igual que en otros países, la pandemia de COVID también ha causado una crisis económica. En 2020, Nicaragua, que ya es el segundo país más pobre del hemisferio occidental (después de Haití), con un PIB por habitante de menos de 2.000 dólares, ha visto reducirse su economía un 4 %. En el apogeo de la pandemia de COVID , en noviembre de2020, los huracanes Eta e Iona, con vientos nunca vistos, devastaron partes del país. No obstante, la crisis económica de Nicaragua también ha sido fruto, en parte, de la grave depresión económica de Venezuela, que bajo la presidencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro había estado suministrando miles de millones de dólares al gobierno de Nicaragua. Ante su propia situación económica desesperada, Venezuela ya no puede permitirse ser tan generosa.
Nicaragua ha dependido durante décadas de la ayuda exterior de gobiernos y ONG para tratar de hacer frente a la pobreza generalizada y a los problemas sociales del país. Sin embargo, desde la revuelta nacional de 2018 contra el gobierno de Ortega y la represión concomitante, varias ONG que contribuían al desarrollo económico o prestaban servicios sociales fueron expulsadas del país o se fueron por decisión propia a raíz del acoso a que se vieron sometidas, con la consiguiente agravación de las dificultades económicas del país.
La represión
Está claro que Ortega teme que estas diversas crisis hayan generado un profundo descontento que haga que uno de sus oponentes pueda ganar las elecciones, y por eso las ha eliminado de la contienda. Entre las candidatas detenidas por Ortega se hallan algunas de las figuras políticas más destacadas del país. A comienzos de junio condenaron a arresto domiciliario a Cristiana Chamorro, cuyo padre, Pedro Joaquín Chamorro, editor del principal periódico del país, La Prensa, fue asesinado en 1978, supuestamente por orden del entonces presidente y dictador Anastasio Somoza. Su madre derrotó al presidente Daniel Ortega en la elección de 1990 y estuvo en el cargo hasta 1997. No cabe duda de que Ortega temía que Cristiana Chamorro, una candidata rica, influyente y portadora del famoso apellido familiar, pudiera derrotarle en los comicios presidenciales.
El gobierno de Ortega también ha detenido a otros candidatos presidenciales moderados o conservadores: Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Entre las figuras políticas conservadoras detenidas también están José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Violeta Granera y José Pellais.
En la izquierda, el régimen de Ortega ha detenido a varias figuras asociadas al partido de oposición UNAMOS, creado por disidentes del FSLN. Dos de las personas detenidas son verdaderas héroes de la Revolución Sandinista de1979: Dora María Téllez, de 65 años, y Hugo Torres, de 73, quienes habían sido comandantes del FSLN. Torres ha declarado, en un mensaje registrado en vídeo y divulgado en redes sociales, que “estos son actos desesperados de un régimen que puede sentir cómo se está muriendo”. Y continúa: “Hace 46 años arriesgué la vida para sacar a Daniel Ortega y otros compañeros presos políticos de la cárcel. Y en 1978 volví a arriesgar la vida, junto con Dora María Téllez, para liberar a otros 60 presos políticos. Pero así es la vida, quienes antaño abrazaban principios, hoy los han traicionado.”
Entre los militantes de izquierda detenidos figura otro activista destacado del movimiento revolucionario de finales de la década de 1970, Víctor Hugo Tinco, y dos mujeres más jóvenes, Suyen Barahona, presidenta del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), y Ana Margarita Vigil, expresidenta del grupo.
La respuesta de EE UU
Durante la mayor parte de la presidencia de Ortega en la década de 2000, EE UU y Nicaragua mantuvieron relaciones amistosas. Ambos países cooperaron en una serie de ámbitos, incluida la persecución de los cárteles internacionales del narcotráfico. Ortega aceptó asimismo cierta ayuda militar de EE UU y toleró la presencia de agencias estadounidenses como USAID. EE UU toleraba el régimen de Ortega, y viceversa, por considerar que era bueno para las empresas estadounidenses y para la clase capitalista nicaragüense. El 60 % del comercio de Nicaragua tiene lugar con EE UU. Se podía confiar en Ortega para facilitar este comercio internacional y para prevenir la organización de sindicatos independientes en las maquiladoras del país.
Ahora, sin embargo, Nicaragua ha pasado a ser un problema. EE UU prefiere los países con al menos la apariencia de instituciones y procedimientos democráticos y quiere que haya paz social. A partir de 2018, Ortega es incapaz de asegurar ambas cosas. Por tanto, no es extraño que el gobierno de EE UU haya adoptado medidas drásticas contra figuras destacadas del gobierno de Ortega. Tras la represión violenta de la revuelta nacional de julio de 2018, el gobierno estadounidense impuso sanciones a Daniel Ortega, a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y a los máximos dirigentes de la policía del país.
Este mes, el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, ha reclamado a Ortega que libere a los candidatos presidenciales y otras líderes de la oposición y ha anunciado nuevas sanciones contra miembros del gobierno de Ortega y sus familiares, incluida la hija del presidente, Camila Ortega Murillo. Estas sanciones del departamento del Tesoro de EE UU solo afectan a una treintena de individuos designados y no al conjunto de la población nicaragüense. “Como demuestran estas sanciones, el apoyo a la represión del régimen de Ortega o su implicación en ella tiene un coste”, ha declarado Blinken. “EE UU seguirá utilizando todos los instrumentos diplomáticos y económicos de que disponemos para apoyar las aspiraciones de la población nicaragüense a más libertad y rendición de cuentas, así como a elecciones libres y justas.”
Sabemos que el gobierno de EE UU está menos interesado en las elecciones y la democracia que en conservar su papel de potencia dominante en el hemisferio occidental, y que lo que realmente le preocupa es el hecho de que el gobierno de Ortega haya generado inestabilidad en un rincón pequeño, pero estratégico, del imperio. Esta inestabilidad podría dar pie a una rebelión popular y al acceso al poder de un gobierno de izquierda o a la intervención de grandes potencias extranjeras como Rusia o China, y EE UU no desea ninguna de las dos cosas.
Desde su elección en 2007, Ortega ha tratado de buscar un contrapeso a la influencia de EE UU mediante el refuerzo de los lazos con Rusia, apoyando la anexión de Crimea por parte de Rusia en marzo de 2014 y recibiendo la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, en julio de aquel año. Rusia también ha rearmado a Nicaragua y entrenado a soldados nicaragüenses tanto en academias militares rusas como en Nicaragua.
Después está China, cuya influencia ha menguado. En 2013, Ortega hizo que la Asamblea Nacional aprobara un plan para la construcción de un canal transoceánico por parte del HK Nicaragua Canal Development Investment Group (HKND), presidido por el empresario chino Wang Jing. El canal, que debía inaugurarse el año pasado, ha sido un fiasco total y algunos lo han calificado de fraude destinado a mejorar la imagen de Ortega y a enriquecerle a él y a sus amigos. Las protestas del campesinado y del movimiento ecologista en contra del proyecto del canal fueron la antesala de las primeras grandes manifestaciones contra Ortega. Parece que la idea del canal fue abandonada en 2017.
En cualquier caso, está claro que, como han escrito recientemente los editores de Against the Current, con el presidente Joseph Biden “el imperio ha vuelto” y su gobierno puede aprovechar la situación actual en Nicaragua para reforzar su influencia. Esto ocurriría probablemente en alianza con la clase capitalista nicaragüense, representada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), aunque también habría que negociar con la Iglesia Católica. No cabe duda de que el departamento de Estado de EE UU y la CIA ya están buscando a líderes nicaragüenses a los que puedan convencer o sobornar con vistas a crear una oposición capitalista segura que ayudara a facilitar la caída de Ortega y su huida con su familia a algún país amigo.
¿Qué debería hacer la izquierda?
La izquierda estadounidense e internacional, al tiempo que debe evitar cualquier vínculo con el gobierno de EE UU y reclamar que este se abstenga de intervenir, debe situarse del lado de los movimientos por la democracia en Nicaragua. Unidad Nacional Azul y Blanco, creada en octubre de 2018, constituye el organismo unitario de la oposición, aunque ha estado dominada por elementos conservadores de la clase empresarial. La Articulación de Movimientos Sociales, algo más inclinada a la izquierda y más activista, reúne a estudiantes, sectores campesinos, movimientos sociales, feministas, grupos indígenas y empresariales, pero no ha logrado constituir una alternativa. Azul y Blanco se ha centrado, como era de esperar, en las elecciones con el objetivo de deponer a Ortega.
La clase trabajadora nicaragüense ‒en su mayoría mano de obra agrícola y de la función pública, pero también de la minería y la industria‒ y la gente pobre urbana y rural no han conseguido crear su propio movimiento o partido político. El FSLN, que trató de convertirse desde arriba en este partido, pasó a ser una mera maquinaria electoral en los años 1990 y 2000. En ausencia de sindicatos independientes y frente a una dura represión desde 2018, ha sido prácticamente imposible asegurar la presencia política de la gente trabajadora.
La izquierda en Nicaragua es extremadamente débil. Los miembros de izquierda de FSLN dimitieron una tras otro en las décadas de 1990 y 2000, formando grupos de oposición como el MRS, el Movimiento de Renovación Sandinista, y el MPRS, el Movimiento por el Rescate del Sandinismo. Estos grupos, que han rechazado a Ortega y el autoritarismo del FSLN, han solido adoptar prácticas socialdemócratas, aunque en su seno había algunos elementos radicales. Sin embargo, no han logrado crearse una base entre la clase trabajadora y la gente pobre de Nicaragua. No obstante, líderes como Dora María Téllez y Hugo Torres, ahora detenidos, han mantenido en vida tanto la lucha por la democracia como por una sociedad más progresista.
Durante la revuelta de 2018, algunos estudiantes universitarios que habían participado en las manifestaciones de apoyo a los pensionistas que batallaban por una reforma de la seguridad social, tras los primeros asesinatos de estudiantes por la policía en las manifestaciones nacionales se interesaron por el socialismo en una variante u otra. Sin embargo, hasta ahora, habiéndose visto forzados algunos a exiliarse y enfrentándose otros a la represión del régimen, no han logrado crear un partido independiente. No cabe duda de que las luchas actuales darán lugar a la creación de nuevos grupos de oposición, algunos de los cuales puede que se decanten por el socialismo.
Debemos rechazar el argumento de algunos sectores de izquierda de que tenemos que apoyar al dictador Ortega y a su gobierno por el hecho de que ahora EE UU se opone a ellos. En la izquierda debemos oponernos tanto a EE UU como a la dictadura de Ortega. La izquierda estadounidense, al tiempo que apoyamos al movimiento general por la democracia política y los derechos civiles, deberíamos tratar de identificar y colaborar con grupos socialistas emergentes en Nicaragua y con la gente trabajadora, feministas, activistas LGTB, ecologistas y otros movimientos. Como socialistas internacionalistas, estamos al lado de todos los movimientos por la democracia, los derechos civiles y el socialismo.
17/06/2021
https://newpol.org/nicaragua-ortega-arrests-opposition-candidates-ahead-of-november-2021-election/
Traducción: viento sur