La victoria de Anura Kumara Dissanayake (AKD) el 21 de septiembre como candidato de la coalición de centroizquierda Poder Popular Nacional (PPN) es muy significativa por razones simbólicas y de fondo. Sus predecesores formaban parte de la élite social y política que ha hecho una mala gestión de gobierno en Sri Lanka desde su independencia de Gran Bretaña en 1948. Algunos nacieron dentro de esa élite mientras que la pareja formada por Ranasinghe Premadasa y Maithripala Sirisena accedieron a ella por los aledaños empresariales de la política antes de ocupar la presidencia. Por el contrario, la vida política de Dissanayaka se ha caracterizado por ser ajena y crítica con dicha élite.
El nuevo presidente nació en una localidad rural y pobre de las montañas altas con escasas tierras, y emigró como otros para mejorar su vida en las zonas irrigadas de la región central norte. Su padre era funcionario de bajo rango en un departamento gubernamental, y su madre se ocupaba de su extensa familia, a la vez que cuidaba una pequeña propiedad arrocera. Fue el primero de su familia inmediata en acudir a la universidad, donde estudió ciencias físicas en una universidad pública.
A finales de los años 1980, en la Universidad de Kelaniya, ya era activista del entonces clandestino Janatha Vimukthi Peramuna (JVP-Frente de Liberación Popular), que fue prohibido en 1983 por el régimen derechista del Partido Nacional Unido y luego severamente reprimido durante la segunda lucha contrainsurgente estatal entre 1987 y 1989. Se convirtió en activista político a tiempo completo después de que se legalizase el partido y comenzase su reconstrucción también hacia la vía de la política electoral. Perteneciente a una clase explotada y marginada, además de dirigente de un partido formalmente marxista-leninista, su elección como jefe de Estado y de gobierno en el sistema “gaullista” de Sri Lanka ha roto el molde.
Candidato para el cambio
Hizo campaña aunque no desde una plataforma socialista o anticapitalista. Más bien asumiendo la reivindicación por el “cambio” en una degenerada cultura política de décadas de antigüedad a la que grandes sectores de la población, de todas las clases, géneros, etnias y regiones, responsabilizan de la catástrofe económica de 2021-2022, que alcanzó su punto álgido con la quiebra soberana de Sri Lanka, cuando dejó de pagar su deuda externa, por entonces de 32 mil millones de dólares.
La expectativa de quienes le han votado y de muchos de los que no lo hicieron es que su gobierno transforme esa cultura política en la que los políticos se sienten superiores al pueblo, se auto-recompensan (ya estén en el gobierno o en la oposición) con privilegios y ventajas, se benefician de su cargo mediante acuerdos y sobornos de otros partidos políticos y empresas locales y extranjeras, acceden a licitaciones y contratos gubernamentales e internacionales, y gozan de impunidad para no ser investigados, ni procesados ni encarcelados por sus abusos y delitos en sus cargos.
Este era el espíritu del levantamiento popular de 2022 conocido como “janatha aragalaya” (lucha popular, en cingalés). Aunque el movimiento duró poco, contribuyó enormemente al salto en popularidad de la coalición del Poder Popular Nacional, que el JVP inició en 2019 para ampliar su base desde capas izquierdistas pequeñoburguesas y trabajadoras a clases más conservadoras, allanando el camino de Dissanayake a la presidencia.
Como su partido está fuera de la clase política tradicional y por tanto no está contaminado por la corrupción –que ha combatido durante muchos años con su principal lema–, quienes querían este cambio de forma ambigua e imprecisa recurrieron a él. Rechazaron con razón a los candidatos de las dos principales alianzas de derecha (en torno al ex presidente Ranil Wickremesinghe y al líder de la oposición parlamentaria Sajith Premadasa).
Aunque no alcanzó la mayoría, el PPN recibió la mayor proporción de votos: más de 5,6 millones (42%), encabezando 15 de los 22 distritos electorales, aparte de aquellos con concentraciones de minorías étnicas en las regiones central, oriental y septentrional. Su base de votos proviene sobre todo del mayoritario sector nacionalista cingalés (75% de la población). Pero esta vez ha obtenido seguidores entre las minorías musulmana y tamil de la isla, especialmente entre los jóvenes.
Cuenta únicamente con tres miembros en una Asamblea legislativa de 225 escaños, lo que probablemente convierte a su gabinete de ministros en el más pequeño del mundo. Uno de los primeros actos del nuevo presidente fue disolver anticipadamente el parlamento (como establece la Constitución). Las elecciones generales serán el 14 de noviembre y la primera sesión de la nueva cámara se celebrará una semana después. El PPN necesita 113 escaños para formar gobierno. Es un reto más difícil que ganar la presidencia.
Es una incógnita si el gobierno del PPN restablecerá el sistema político como esperan sus partidarios o si será asimilado a él –como ha ocurrido con sus alguna vez rivales de la Vieja Izquierda, el ex trotskista Partido Lanka Samaja y el Partido Comunista de Sri Lanka.
Estabilidad para los ricos
El gobierno de Ranil Wickremesinghe, que éste formó en asociación con la mayoría parlamentaria pro Rajapaksa y con deserciones de la oposición, logró estabilizar la economía y reactivar su crecimiento para las clases adineradas. La inflación general bajó al 0,5% el mes pasado. Las reservas de divisas utilizables ascienden a 4.600 millones de dólares. El tipo de cambio se ha fortalecido hasta alcanzar alrededor de 300 LKR por dólar estadounidense. El Producto Interior Bruto (PIB) crecerá casi un 4% este año.
Si bien ya nadie hace cola para adquirir productos básicos como combustible, alimentos y productos farmacéuticos, las clases empobrecidas, a diferencia de los ricos, no tienen con qué pagarlos. No hay cortes de electricidad desde que las tarifas aumentaron un 140% pero el año pasado un millón de hogares quedaron desconectados de la red porque no podían pagar la factura. Los precios de los alimentos se triplicaron en promedio tras la última invasión rusa de Ucrania, y la rupia entró en caída libre en el desastre económico de 2022, lo que aumentó la inseguridad alimentaria al 24% de todos los hogares. Uno de cada cuatro está por debajo del umbral oficial de pobreza.
Sri Lanka firmó en marzo de 2023 su decimoséptimo acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 1965. El servicio de financiación ampliado por valor de 2.900 millones de dólares a lo largo de cuatro años se desembolsa en tramos semestrales que están condicionados al cumplimiento de puntos de referencia de avances en la reforma estructural de la economía.
Los objetivos a cumplir son:
- Un superávit presupuestario primario (es decir, los ingresos del gobierno sobre los gastos) del 2,3% del PIB para 2025;
- Reducir las necesidades de endeudamiento del gobierno (necesidades brutas de financiación) al 13% del PIB entre 2027 y 2032;
- Reducir la relación entre deuda pública y PIB al 95% para 2032.
Aun suponiendo que se logren estos objetivos –con todos los costos sociales y políticos asociados con la reducción del gasto estatal y la denegación de estímulo público para el crecimiento de empleo e ingresos–, el volumen de deuda total de Sri Lanka sería mayor en 2027 que en 2023, y el servicio de la deuda externa engulliría el 30% de los ingresos del gobierno para 2027, según un ex funcionario del Tesoro estadounidense, lo que hace más probable, en su opinión, que sea inevitable otro impago de la deuda soberana.
Las reformas estructurales que promueve el programa del FMI, que cuentan con el apoyo entusiasta de los actores políticos, administrativos y de la sociedad civil, son:
- Aumentar los impuestos indirectos, que son regresivos ya que los pobres desembolsan desproporcionadamente más que los ricos;
- Elevar las tasas de interés bancarias encareciendo el endeudamiento, lo que penaliza a las micro y pequeñas empresas;
- Reestructurar la deuda interna, en la que los fondos de jubilación del sector público eran los principales inversores, lo que provocó un recorte drástico en el valor final de las prestaciones;
- Despedir a los trabajadores del sector público para reducir la nómina estatal, lo que erosiona aún más los servicios públicos y crea oportunidades de mercado para los proveedores del sector privado;
- Eliminar los subsidios a los bienes públicos como el combustible para el transporte, la cocina y la electricidad fijando precios de mercado;
- Desmantelar el sistema de seguridad social para crear “redes de seguridad social” “dirigidas” a grupos específicos en función de sus ingresos y activos;
- Precarizar el mercado laboral mediante una renovación desreguladora del código laboral;
- Consolidar las tierras agrícolas en propiedades a gran escala para cultivos comerciales (de exportación) mediante títulos de propiedad de tierras para pequeños agricultores que actualmente cultivan cultivos alimentarios; y
- Congelar proyectos de gasto de capital por parte del gobierno, con implicaciones para la infraestructura pública, la prestación de servicios públicos, la industria de la construcción y el empleo.
El acuerdo con el FMI y la orientación económica
El JVP, principal componente de la coalición del PPN, emergió con la radicalización juvenil de la década de 1960 como partido socialista revolucionario de inclinación guevarista y maoísta. Por lo tanto, históricamente se asocia con políticas antiimperialistas hostiles por tanto a las instituciones de Bretton Woods como el FMI y el Banco Mundial.
Desde que el JVP entró en la política parlamentaria a partir de 1994 –en el contexto geopolítico del colapso del bloque socialista en Europa, precedido por la crisis del socialismo como alternativa creíble al capitalismo, y el contramodelo de las reformas de mercado de China, con su integración al capitalismo global y el estímulo del capital privado–, el partido ha cambiado de orientación y ha aceptado una economía mixta otorgando un papel de liderazgo al Estado en la economía. Recientemente se ha citado a Vietnam como el ejemplo de éxito que quiere replicar.
Aunque el JVP-PPN no es partidario del neoliberalismo, tampoco es coherentemente antineoliberal de acuerdo con su campaña electoral de 2024, con su manifiesto y sus documentos políticos. Lo más significativo es que el PPN, como reafirmó el nuevo presidente en su primer discurso al país, se ha comprometido a no abandonar el programa que tiene en marcha el FMI. Previamente había declarado que el acuerdo es un fait accompli [hecho consumado], y ahora es una condición previa para negociar la reestructuración de la deuda con acreedores oficiales y privados, lo que sugiere que tiene las manos atadas y que las expectativas de la opinión pública son que concluya ambos satisfactoriamente.
En cambio, el PPN dice que revisará la evaluación de sostenibilidad de la deuda del FMI, que proporciona la justificación técnica de sus condicionalidades políticas, incluidas las duras medidas de austeridad. El nuevo gobierno propone cambios dentro del marco actual: reducir los impuestos a los pobres y a las clases medias y bajas; mantener algunas empresas estatales (un sector en el que la JVP tiene una importante presencia sindical) como propiedad pública, dejando la puerta abierta a la venta de empresas no estratégicas; e impulsar la “consolidación fiscal” mediante la racionalización del gasto público y el aumento de los ingresos por exportaciones, al tiempo que se reduce el gasto en importaciones mediante la intensificación de la producción interna, aumentando así las reservas externas de Sri Lanka.
Es de destacar que también ha anunciado que llevará a cabo una “auditoría forense” de la deuda externa, lo que indica que reconoce que al menos una parte es deuda odiosa e ilegítima que no debería ser una carga para los y las ciudadanas ni para las generaciones futuras.
Ha insistido repetidamente en su fidelidad al acuerdo con el FMI y al proceso de reestructuración de la deuda. Lo ha hecho, en parte, para disipar los temores entre el establishment político y amplios sectores de la opinión pública de que la ruptura del acuerdo con el FMI pueda perturbar las negociaciones con los acreedores externos y provocar una espiral de inestabilidad económica. Es asimismo una señal de que quiere que le consideren, dentro y fuera de Sri Lanka, como “responsable” en lugar de radical; pragmático y no dogmático.
El PPN también está a favor del libre comercio, de la inversión extranjera y de las exportaciones. No revertirá la expansión de los servicios privados de salud y educación sino que ha prometido que los regulará en interés de los usuarios. Equilibra los principios neoliberales clásicos con referencias a la expansión de la producción nacional (es decir, la sustitución de importaciones sin nombrarla), la oposición a la privatización de empresas estatales, y la ampliación de los programas sociales y de las asignaciones presupuestarias para grupos vulnerables (ancianos, jubilados, madres jóvenes y mujeres con hijos pequeños, personas con discapacidad y enfermedades crónicas, etc.).
También ha tenido cuidado en evitar cualquier referencia al inflado presupuesto militar que consume el 7% del presupuesto nacional, casi tanto como la salud y la educación juntas. Este oprobio es políticamente inalterable debido a la ideología de seguridad nacional fomentada por el Estado nacionalista cingalés durante casi tres décadas de guerra entre 1983 y 2009. Las referencias del PPN a la redistribución de la riqueza y los ingresos se hacen sotto voce para no incomodar a las clases cuya aprobación importa mucho.
Lo que aún no se sabe es si la posición del nuevo gobierno se derrumbará cuando el FMI insista, como siempre ha hecho, en que su evaluación de la sostenibilidad de la deuda es metodológicamente impecable y que su programa está diseñado de manera tan perfecta que no se puede mejorar.
¿Cómo creará el nuevo gobierno el espacio fiscal para el nivel de inversión pública que se requiere para sus objetivos de gasto con la camisa de fuerza del acuerdo con el FMI? ¿Reabrirá negociaciones recientemente concluidas (pero no selladas) con los acreedores bilaterales y comerciales para obtener un recorte mayor sobre el volumen de deuda y, en general, un mejor acuerdo que el alcanzado apresuradamente por el régimen anterior para limitar al gobierno entrante?
¿Les dirá al FMI y a los acreedores que su prioridad es defender los niveles de vida de los más afectados por la crisis y la austeridad, y hacer crecer la economía de manera que beneficie a la mayoría? ¿Por encima de los objetivos de superávit presupuestario primario y de relación deuda-PIB del FMI, y el reembolso de la deuda bilateral y comercial que se reanudará después de 2027?
Preguntas de las minorías
Las tensiones étnicas han disminuido desde el levantamiento popular de 2022, en el que conscientemente se hizo un esfuerzo para presentar una identidad colectiva como “pueblo” contra una “élite” decadente y su “sistema” que siembra divisiones basadas en la etnicidad y el confesionalismo. Se ha señalado que la campaña electoral de 2024 no sólo fue la más pacífica sino que además los principales candidatos no avivaron las tensiones étnicas y religiosas (que por supuesto persisten).
El PPN no es racista e incluye (aunque no en gran número) minorías étnicas entre sus miembros y en su dirección: hay tamiles de origen nororiental, tamiles de las zonas montañosas y musulmanes (una identidad etno-religiosa en Sri Lanka).
Si bien el manifiesto del PPN identifica algunas de las preocupaciones apremiantes de los tamiles en el Norte y el Este afectados por el conflicto –como la abolición de la legislación antiterrorista y la liberación de los presos políticos, verdad y justicia para las familias de los desaparecidos, apropiación de tierras por parte de instituciones estatales, acceso a servicios públicos para los hablantes tamiles mediante la implementación efectiva de la ley del idioma oficial, reactivación del sistema de consejos provinciales para una mayor autonomía, preocupaciones socioeconómicas de los tamiles de las zonas montañosas (trabajadores de las plantaciones y sus descendientes) en materia de vivienda, tierra, salud y educación–, muchos compromisos son vagos y no están sujetos a plazos determinados.
El JVP-PPN ha cortejado al personal militar retirado y al clero budista y los ha organizado como sus partidarios. Ambos grupos se oponen implacablemente a la investigación y a la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado por crímenes de guerra, así como a la reconstitución del Estado unitario en dirección al federalismo. En reuniones preelectorales, el nuevo presidente dejó claro que el estatuto principal otorgado al budismo en la Constitución actual (casi un estatuto de jure como religión estatal) es sacrosanto, al tiempo que aseguró a cristianos, hindúes y musulmanes que sus derechos religiosos estarán protegidos por el Estado.
El nuevo presidente promete una constitución nueva y democrática que abolirá la institución autoritaria de la presidencia, además de devolver mayor poder a las regiones, incluidas las áreas habitadas por minorías nacionales. Sin embargo, a menos que consiga una mayoría parlamentaria en las elecciones generales que están a sólo unas semanas de distancia, y/o encuentre aliados en otros partidos políticos, carece de números para actuar con decisión en estas áreas.
Su alianza partidista y él mismo son muy conscientes de que su base electoral está impregnada de supremacismo cingalés desde la descolonización. Este electorado está poco interesado, en el mejor de los casos y, en el peor, es hostil a la elaboración de una constitución que se perciba como una concesión de mayores derechos y participación del poder estatal a las minorías nacionales.
El levantamiento popular de 2022 repercute en el resultado de las elecciones presidenciales de 2024. Las perspectivas de un cambio progresivo en Sri Lanka dependen de la dinámica política y social de los próximos meses, en particular de que despierten del letargo las luchas y organizaciones de los y las trabajadoras.
Fuentes : Viento Sur