Declaración del secretaria del Bureau Ejecutivo de la IV Internacional
Habiendo pasado más de cuatro semanas de conflicto social y crisis política intensa en el país andino y apenas seis meses desde su investidura, el gobierno del presidente derechista Rodrigo Paz ya se encuentra en la defensiva y dividido. Un gran levantamiento de mineros (asalariados y cooperativistas), comunidades campesinas, trabajadores y trabajadoras de transporte, salud, educación y juntas vecinales, que llegaron a exigir la renuncia del mandatario mientras bloqueaban a cerca de 80 rutas del país, además de huelgas y protestas violentamente reprimidas pero permanentes en La Paz, sede del gobierno. La prensa burguesa y analistas de todos los matices resaltan que buena parte de las y los movilizados son los mismos que, después de 16 años apoyando al Movimiento al Socialismo (MAS- Instrumento Político, partido-movimiento de los expresidentes Morales y Luís Arce), habían votado por Paz.
Este el segundo enfrentamiento del movimiento obrero y popular, en su abrumadora mayoría de las culturas quichua y aimara, en contra de la alianza política elegida en noviembre de 2025: el primero se dio en abril, después que el Ejecutivo anunciara dos decretos provocativos. El 5503, en enero, declaró situación de emergencia para justificar el fin de subsidios a los precios de combustibles – que resultó en un alza de 86% en la gasolina y de 160% en el diésel – además de abrir el camino para contrarreformas ultraliberales en la minería, agroindustria e infraestructura.
El segundo decreto, el 10 de abril pasado, reclasificaba las propiedades rurales (la ley 1720), para favorecer la apropiación de extensión de tierras (consideradas medianas) por grandes empresarios agroindustriales e inversores, lo que llevaría al despojo de las tierras de las comunidades tradicionales indígenas campesinas y a la deforestación con el cambio del uso del suelo – según ambientalistas y las federaciones y confederaciones de campesinos de Bolivia. En otras palabras, buscaba algo que ningún gobierno neoliberal local había siquiera osado intentar: revertir la reforma agraria de 1953, una conquista de la revolución del 52. Este decreto, que ya había sido rechazado por la Asamblea Plurinacional (cámara baja legislativa), provocó la furia de las comunidades campesinas de diferentes rincones del país (incluso sectores de Santa Cruz), llevándolas a organizar marchas hacia La Paz. Al descontento en las zonas rurales ya se sumaba la bronca de los sectores urbanos en contra del alza de los combustibles.
Este mes, frente a la negativa de Paz de negociar con la Central Obrera Boliviana (COB) un aumento salarial de 20% y la brutal represión de las protestas del 16 de mayo, que dejó cuatro muertos, la ira obrera, campesina y popular explotó. La sede de gobierno y el municipio de El Alto, la segunda ciudad del país, de tradición aimara y de mayor tradición de lucha en los últimos 20 años, quedaron movilizadas pero aisladas de las demás regiones del país. Los bloqueos de carreteras y caminos vecinales (más de 80), que habían retrocedido con la represión, volvieron a crecer los últimos días. Una marcha de miles trabajadores dirigidos por la COB y la central campesina Tupac Katari (El Alto), con el apoyo de Bartolinas, la organización femenina del MAS, y las comunidades campesinas de toda la región andina, con participación de la base social del expresidente Evo Morales (del Chapare, Cochabamba), completaron el rechazo creciente al gobierno y pasaron a exigir la renuncia de Paz. Este desapareció de la escena política por más de una semana, postergó la aplicación de los decretos, sobre combustibles y tierras, pero, presionado por las oligarquías y los neofascistas en el poder de la provincia más industrializada de Santa Cruz, se niega negociar con la COB el alza de los sueldos.
La combinación de la lucha campesina con la lucha urbana repitió las características de los grandes levantamientos populares de los últimos 74 años — desde la revolución obrera del 52 hasta la guerra del agua y del gas, de 2000 y 2003 respectivamente, pasando por las asambleas populares de 1970-71, las luchas contra las dictaduras de los años 80, el doble poder gobierno-COB de los años de Siles Suazo (1982 a 1985), la insurrección minera de 1985 y las luchas para defender la Constituyente que estableció el Estado Plurinacional – que reconoció a Bolivia como un estado de variadas naciones o etnias, en los primeros años de Evo Morales.
El imperialismo y la burguesía local conocen esta historia y por eso les preocupa la amplitud y la radicalidad del movimiento. La reacción no se hizo esperar: el secretario de Estado estadunidense Marco Rubio habló de un “golpe contra Paz”, la derecha de Santa Cruz convocó una Marcha Cívica reaccionaria y presionó a la OEA para que emitiera una nota en defensa del Estado democrático de derecho (léase el gobierno conservador de Paz). El gobierno rompió relaciones con la Colombia de Petro, que se había propuesto mediar en el conflicto. El desenlace del proceso está en marcha, con una represión violenta contra los líderes buscando una salida reaccionaria a costa de sangre.
En este momento, sigue la represión a los cortes de caminos y a las marchas que intentan llegar al Palacio Quemado, además de prisiones y persecución de dirigentes de la COB y amenazas de detención a líderes de la COB, de Bartolinas y de Evo Morales. Aun así, el gobierno muestra debilidad: el vicepresidente Lara rompió con Paz, tras haber declarado su apoyo a la negociación para el alza de los sueldos. Paz ya tuvo que volver atrás en los decretos de enero y abril. Y ahora campesinos de Valle Grande del llano de Santa Cruz – de origen aimara, quechua y guaraní – intentan ingresar a la lucha y marchar hacia el Occidente andino.
Una Comisión de diálogo conformada por la Defensoría Pública, un ministro de gobierno, la Iglesia Católica y jefes de bancadas parlamentarias llaman a que el gobierno suspenda represión y órdenes de detención a dirigentes, y que el movimiento suspenda los bloqueos. Sin embargo, ni la COB, ni Bartolinas ni los campesinos decidieron todavía si participan de la negociación. Mientras el gobierno sigue reprimiendo, amenazando y negociando con DEA (el órgano estadunidense de combate al narcotráfico), nueva ola de represión al cultivo de coca.
La IV Internacional declara su más amplio apoyo a la lucha de los trabajadores, pueblos indígenas y campesinos y todo el pueblo boliviano en contra de los planes de ajuste ultraliberales de Rodrigo Paz; denuncia la represión en curso, el acercamiento de Paz a la extrema derecha cruceña y a Estados Unidos de Trump, y rechaza vehementemente las maniobras para declarar estado de sitio.
29 de Mayo 2026
¡Viva la lucha del pueblo boliviano por mejores condiciones de vida y trabajo!
¡No a las contra reformas ultraliberales que buscan arrancar derechos históricamente conquistados!
¡Ningún retroceso en la reforma agraria! ¡Alza inmediata de los sueldos! ¡Que se archiven en definitivo los proyectos-ley 5530 y 1720!
¡Viva la COB, las centrales campesinas y las juntas vecinales!
¡Abajo la represión del gobierno Paz! ¡Inmediata liberación de los dirigentes y manifestantes detenidos!
¡Fuera Marco Rubio, Trump y la OEA de los asuntos interno de Bolivia!
¡No al estado de sitio!