Más de 200 muertos, poblaciones colapsadas e infraestructuras destruidas. El balance de la DANA en País Valencià nos deja devastadas a medida que avanzan los días, y la suma de negligencias se va convirtiendo en un terreno fértil no solo para respuestas solidarias, sinó también para aquellas de carácter reaccionario y de extrema derecha.
Es por ello que, cuando la catástrofe nos desborda, cuando la urgencia en la respuesta empuja, el deber de las militantes revolucionarias es ser capaces de combinar la inmediatez de las necesidades en la zona cero con la solidaridad popular y los análisis de fondo para articular una memoria del desastre que señale a los responsables y marque un horizonte de conflicto.
Sí, queremos hablar de la DANA y sus consecuencias desde la óptica del conflicto porque ninguno de los fenómenos meteorológicos adversos que experimentamos suceden en el vacío: son síntomas de la crisis ecológico que habitamos, de su agudización en la región mediterránea y de la vulnerabilidad que nos ha dejado nuestro modelo depredador de producción y ocupación del territorio. La excepcionalidad de su violencia no nos lo puede borrar de la mente, no puede llevarnos a despolitizar la catástrofe.
Turbulencias climáticas en tiempos de crisis ecológica
Si nos tomamos seriamente nuestros análisis cuando hablamos de la crisis ecológica y sus saltos de escala en calidad y cantidad, es fundamental que no los desliguemos de las catástrofes que vivimos en el presente. La región mediterránea por sus características físicas y geográficas es una de las zonas más vulnerables: nuestro mar, nuestro aire, son mucho más calientes que en otros territorios y, en un contexto de aumento de las temperaturas, esto agrava los efectos de lluvias torrenciales e inundaciones, que cada vez serán más frecuentes y más fuertes. Tal como explica Gisela Torrents, una atmosfera más caliente puede almacenar más vapor de agua, en concreto: por cada grado extra, nuestro aire puede retener un 7% más de vapor de agua, que probablemente terminará cayendo todo a la vez causando fenómenos similares a los que hemos observado estos días con el paso de la DANA en nuestro territorio. Esta realidad toma forma en un momento en que la temperatura ya es de 1,3ºC más alta que en la época preindustrial, y sus consecuencias sobre el terreno se agravan ante una ocupación del territorio ciega a los accidentes geográficos existentes. La materialidad del caos climático que estamos viendo en País Valencià así nos lo indica.
Cuando ponemos en perspectiva la vulnerabilidad climática en que nos posiciona el contexto de crisis ecológica, pues, hay que comprender que podremos mejorar los sistemas de alerta en la población, incrementar la dotación de equipos de emergencia para actuar con más celeridad y eficiencia, pero no podemos evitar la lluvia y posiblemente tampoco grande parte de los daños materiales que ha producido si continuamos ocupando en zonas potencialmente inundables y seguimos trinchando el territorio. Por ello, tenemos que poner encima de la mesa que, igual que sucede con las olas de calor, la pérdida de suelos fértiles o los incendios de sexta generación, las lluvias torrenciales e inundaciones como las de la DANA se encuentra íntimamente vinculadas con los intereses de un capitalismo fósil que a golpe de beneficios, hace norma la barbárie climática.
Las tramas económicas y de poder que imponen un modo de producción basado en la quema constante de cantidades ingentes de combustibles fósiles ha hecho normal el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la destrucción de ecosistemas y la extinción de especies. Enfrentarnos directamente aquellos que amparan el capitalismo fósil, aquellos que sacan beneficios de su destrucción y generan nuevos mercados para especular con la transición, es fundamental. No podemos tolerar que el capital fósil siga en una salud excelente ni que los gobiernos le sigan destinando ayudas millonarias, mientras nosotras, las trabajadoras, seguimos poniendo las muertas a las catástrofes que aceleran.
Escapar de la dependencia a los combustibles fósiles, desmantelar las tramas de poder corporativo y estatal que sostiene, realizar transformaciones drásticas al modo de organización de la vida y repensar la estructura productiva de manera que reduzcamos el consumo energético y las emisiones de CO2. Esta hoja de ruta es vital en medio de las turbulencias climáticas de las crisis ecológicas y se debe dar desde coordenadas democráticas y planificadas, y sin perder de vista que para nosotras esto no va de imperativos económicos ni seguridad nacional, va de vida, de vidas dignas. Frenar el aumento de temperaturas, minimizar los efectos de la crisis climática, no solo es una cuestión de supervivencia sinó de conflicto de clases: ante la incertidumbre de los impactos que generan las distintas grietas de la crisis ecológica, queremos anticiparnos a todo aquello que sea posible y romper con el capitalismo fósil y sus mercados para esta agenda.
Re-load del binomio del terror: construcción y finanzas
El entramado del capitalismo fósil durante décadas en el Estado español se ha basado y configurado alrededor de la especialización del binomio de la construcción y las finanzas. A través suyo, nuestros territorios se han constituido como terreno de juego de los intereses del capital y asumiendo la tierra como valor de consumo y no de uso, como mercancía más de la cual extraer beneficios. Ejemplos de ello los encontramos en cada uno de los booms urbanísticos que se han producido desde los 70 como forma de reactivar la economía, haciendo de la construcción sin freno un nicho rentable de negocio por parte de unos pocos y de trinchar el territorio, una práctica seductora por gobiernos de todos los colores en tiempos de crisis.
Las propuestas de ampliación de infraestructuras como el puerto de València o el aeropuerto de El Prat, de la mano de la promoción de infraestructuras vinculadas al monocultivo turístico como son el Hard Rock Cafè a Tarragona, los Juegos Olímpicos en el Pirineo, las ediciones de la Copa América en València y Barcelona, son parte de un contínuum económico especulativo. La mercantilización de toda tierra, sea agrícola como vemos con la nueva propuesta de urbanización en Benimaclet o sea inundable como vemos con el PDU de las Tres Xemeneies en Sant Adrià del Besòs y Badalona, es aceptada sin problematizar sus consecuencias e incrementando nuestra vulnerabilidad.
Si centramos la mirada en la proliferación de lluvias torrenciales e inundaciones, es fundamental señalar las implicaciones ecosociales que tienen la ceguera ambiental y territorial del binomio construcción-finanzas cuando promueve la edificación de zonas inundables y cuando cree que con la construcción de barreras de defensa artificial desaparece el peligro que supone la ocupación de espacios cercanos a ríos y barrancos. De ahí emerge una conclusión importante: los impactos de la DANA no han sido solo graves por su severidad, han sido trágicos y devastadores por un modelo de ocupación territorial descontrolado, promovido por constructoras y fondos de inversión, y amparados por gobiernos. Por lo tanto, para evitar repeticiones debemos revisar todo lo construido en zonas inundables, frenar toda licencia de nueva obra, y trasladar equipamientos y viviendas de zonas de mayor riesgo a lugares seguros.
Actualmente, alrededor de 2,7 millones de personas del Estado español vivimos en zonas de alto riesgo de inundación y, de acuerdo con el nuevo Plan de Gestión del riesgo de inundación del gobierno central, dentro de estas zonas inundables detectadas se encuentran 45 hospitales, 985 centros educativos, 358 residencias de gente mayor y 9 aeropuertos. El riesgo que señalan estos datos no debe paralizarnos, debe impulsar un replanteamiento de la ordenación territorial y hacerlo de forma consciente con los límites físicos, las necesidades de reproducción cotidiana de la vida de las vecinas, y de los recursos existentes a día de hoy. Y esto tiene implica una reflexión dura, pero, importante: no podemos permitirnos reconstruir lo destruido en zonas inundables, no podemos permitirnos hacer de la economía del desastre un nuevo nicho de mercado del binomio del terror construcción y finanzas.
La seguridad de equipamientos públicos, comunitarios y viviendas no puede depender de nuevas obras que actúen de defensas artificiales hacia lluvias torrenciales e inundaciones, y no es una cuestión de deseabilidad. Tal como recogía Ecologistas en Acción en su comunicado, la construcción de nuevas barreras por el agua no es una solución ante desbordamientos: los agravan. Generan falsas sensaciones de seguridad, llevando a seguir ocupando espacios que pertenecen originalmente en el curso del río y barrancos. Encajan el agua en menos espacio, aumentando la velocidad y la altura del agua, de forma que cuando se desborda las consecuencias son más graves debido a la intensidad; y no lo eliminan, solo la mueven de lugar, desplazando los impactos de una zona a otra. De aquí la importancia que ni un ladrillo más se coloque en zonas inundables, que ni una licencia más se apruebe, y que de ellas no dependa la economía de nuestros territorios. Cómo construimos y donde, como hacemos las estructuras que nos permiten movernos, cómo nos relacionamos con la natura y los activos ambientales (ríos, bosques, mares…) de los lugares donde habitamos son piezas clave para repensar el modelo de ocupación territorial teniendo presentes las incertidumbres de la crisis ecológica.
En este sentido, es importante hacer visible que los impactos de la DANA no solo se reducen a los municipios donde miles de voluntarias dedican tiempo y recursos para hacerlos habitables de nuevo: las tareas de limpieza también juegan un papel central para evitar afectaciones sobre la Albufera. Los estancamientos de aguas residuales, de productos contaminantes, y la acumulación de residuos suponen un riesgo para la salud y seguridad de las personas y del ecosistema diverso que albergan los humedales. Hay que hablar, sin generar dicotomías, porque las afectaciones potenciales a la Albufera pueden exponer a especies en peligro de extinción y modificar las funciones ecosociales de la zona. Y que se puedan producir alteraciones en las relaciones del metabolismo ecológico y ambiental del territorio no es una cuestión fútil: los humedales son imbornales capaces de capturar y almacenar el doble del carbono que los bosques, y su destrucción aumenta la vulnerabilidad de la región en verso el cambio climático. No nos podemos permitir que los intereses del binomio construcción-financies profundicen las consecuencias de la crisis ecológica, ni mucho menos que obstaculicen la cura, protección y recuperación ambiental de las zonas afectadas.
Pero, es necesario dar un paso más allá para frenar el binomio destructivo: hasta el 2015, las zonas inundables del Estado español no fueron declaradas suelos no urbanizables; y, aun así, todavía hoy, observamos cómo se producen recalificaciones cuando los intereses del binomio construcción y finanzas se encuentran en juego. Es por eso que no solo tenemos que dar una vuelta al modelo de ocupación del territorio, se tienen que esgrimir responsabilidades por parte de aquellos que han promovido, ejecutado, facilitado y aprobado nuevas construcciones en zonas inundables, y que todavía hoy defienden su interés por el bien de la economía sin importar nuestras vidas.
Desde coordenadas ecosocialistas, además, la respuesta a la emergencia provocada por la DANA en las zonas inundables debe pasar por una socialización urgente de viviendas en zonas no inundables: expropiando viviendas vacías y aquellas en manos de fondos buitre, y recuperando pisos turísticos y de temporada para uso residencial. Una respuesta que se debe combinar con el traslado de los equipamientos situados en la zona cero a zonas seguras y en condiciones dignas –contando con las vecinas y las redes comunitarias en el proceso de decidir el futuro de esto–, y con procesos de adaptación territorial como la renaturalización de barrancos, la permeabilidad de calles y carreteras, la ampliación de alcorques en la ciudad, etc.
Negar la evidencia siega vidas, los recortes también
La agudización de las expresiones meteorológicas de la crisis ecológica, combinadas con un modelo de ocupación territorial ciego hacia las zonas inundables, enmarcan el contexto climático y físico de los efectos de la DANA, pero no explican los motivos por los cuales semanas después de la catástrofe l'Horta Sur sigue colapsada. No explican por qué las alertas no se activaron desde un primer momento una vez la AEMET avisó de la llegada de la DANA a País Valencià, ni la descoordinación de los servicios de protección –que supusieron un retraso de la ayuda en un momento crítico–, ni la saturación de las centralitas telefónicas ante los desbordamientos. Tampoco explican por qué son las vecinas y las voluntarias quienes desde un primer momento ha tenido que responder a la emergencia, ni que sean ellas quienes se sitúan a primera línea organizando brigadas de limpieza y cuidando a las más afectadas, cubriendo las rendijas de gobiernos que no están presentes ni se han hecho cargo de atender las necesidades más urgentes. Los elementos que explican los silencios e inoperancias políticas de primer orden que se han producido antes, durante y después del paso de la DANA son las consecuencias de una apuesta política consciente de quien gobierna estos tiempos de crisis ecológica desde posiciones reaccionarias, conservadoras y liberalizadoras.
La falta de respuestas de la Generalitat Valenciana explícita las consecuencias materiales sobre nuestros cuerpos, vidas y territorios de una mirada que obvia la existencia del cambio climático, que la menosprecia y le resta importancia hasta que sus impactos desbordan la arena política y social. Son el resultado de negar la evidencia a ultranza hasta que los efectos llaman a la puerta del despacho y se convierten en titulares. La estrategia del negacionismo climático es simple: desacreditar todo aquello que implique conflictuar con las lógicas de obtención de beneficios, rechazar todo aquello que implique priorizar el bien común sobre la libertad individual, e invalidar todo aquello que desplace del centro de la economía la propiedad privada. La óptica reaccionaria y neoliberal que encarna impide actuar sobre los riesgos y amenazas reales, así como sobre las causas que las provocan, a fin de mantener el statu quo de los circuitos de producción y reproducción del capital.
El negacionismo siega vidas. La connivencia con el imperativo económico sitúa por delante de la salud y seguridad de las trabajadoras los intereses empresariales, y magnifica los impactos mortales de fenómenos como la DANA. Muchas de las personas muertas o desaparecidas no habrían estado en el lugar y en el momento inadecuado si no fuera por unas empresas que las obligaban a quedarse en sus centros de trabajo, si no fuera por el chantaje de tener que vender su fuerza de trabajo para vivir, todo y el riesgo extremo que esto comportaba. Es importante recordar: la alarma de protección civil no sonó hasta las 20.15h, después de que finalizara la jornada laboral de gran parte de la población; y dos horas después de que se produjeran los primeros desbordamientos, que provocaron el colapso de carreteras con centenares de coches que todavía hoy dificultan el acceso algunas de las poblaciones más afectadas.
Mercadona, Ikea o Glovo fueron algunas de las empresas ampliamente conocidas que pusieron sus trabajadoras en riesgo extremo, pero la administración valenciana tampoco reaccionó mejor con las trabajadoras públicas no esenciales. La alerta roja que no sonó hizo que la vida siguiera en una aparente normalidad, primando el business as usual y esperando que las lluvias no acabaran como acabaron. Y tal como recoge la denuncia presentada por la CGT País Valencià, esta conducta supuso múltiples delitos contra los derechos de las trabajadoras y tienen que rendir cuentas.
No nos sirve pedir por favor a empresas y gobiernos que no pongan en riesgo nuestras vidas. No nos sirve solo actuar endureciendo las legislaciones en materia de riesgos laborales ni planes de emergencia ni protocolos de seguridad, que quedan en papel mojado si no existe un contrapoder sindical con capacidad de imponer su autoridad y confianza. Tenemos una tarea clara: para evitar que se repita este episodio sin precedentes, tenemos que avanzar también en la construcción de este poder sindical que deje claro que la clase trabajadora no nos volveremos a exponer nuestras vidas para contentar la avaricia del capital. Sus fuentes de riqueza también somos sus límites, y no queremos aceptar el chantaje criminal de escoger entre la precariedad de ser despedidas o la muerte en medio de un temporal.
La negligencia política, pero, no se para aquí. El grado de mortalidad del negacionismo climático en País Valencià no se tiene que leer solo en clave de los efectos que tiene el dominio del imperativo económico de las empresas, hay que ponerlo en relación con la adopción de miradas reaccionarias hacia la crisis ecológica del PPCV que han nutrido la desidia y las orientaciones austericidas, haciendo de su práctica política recortar en servicios públicos esenciales y de respuesta a las emergencias.
Achicar lo público, externalizar y privatizar son respuestas neoliberales a las crisis que nos exponen en mayor vulnerabilidad. Su aplicación significa recortes en el acceso a derechos básicos para el sostenimiento de la vida –como la salud, la educación, la alimentación, las curas, la vivienda…– e implican una mercantilización creciente de las estructuras de bienestar común, y que bajo coordenadas negacionistas acontecen el marco ideal para desmantelar la Unidad Valenciana de Emergencias y suprimir la Agencia Valenciana de Cambio Climático solo llegar al gobierno. Dos organismos fundamentales en tiempos de emergencia climática que podrían jugar un papel clave en el liderazgo de políticas de prevención, adaptación y mitigación en el territorio –si se los hubiera dotado de presupuesto y competencias necesarias–, y para diseñar respuestas que permitieran echar el freno de emergencia y que con el paso de las DANA, nos encontráramos menos expuestas, menos vulnerables en sus efectos. Por lo tanto, las responsabilidades políticas –y quizás tendríamos que decir también penales– de este desastre no empiezan el 28 de octubre: empiezan en el momento que se desarticulan los espacios diseñados para afrontar los retos de la crisis ecológica y se alardea orgullosamente.
Hacer del conflicto de clases política ecosocialista
Mientras en las calles de Paiporta, Chiva, Catarroja, Massanassa, Algemesí y de tantas otras poblaciones afectadas por la DANA se hace el luto de la catástrofe limpiando, cuidando y ayudante allá donde no llegan los servicios de emergencias, necesitamos que el dolor y la rabia que se acumula se canalice en el conflicto. Que tome forma, como el pasado 9 de número, en movilización y organización de un pueblo que no se conforma con la pena ni calla ante vidas, tiempos, casas y territorios trinchados y arrebatados.
No podemos permitirnos denominar error a la serie de decisiones conscientes que han conducido en la muerte de centenares de personas, y que hacen negocio de la barbarie climática. No nos podemos permitir que el desastre silencie y despolitice el conflicto de clases que se sitúa en la raíz de las afectaciones que hoy País Valencià sufre. Porque a medida que pasan los días y las semanas, las voces reaccionarias y de extrema derecha lo impregnan todo a golpe de fake news y discursos de odio, y de un racismo desencarnado. Se abren cada vez más las puertas a un nacionalismo del desastre que crea cada vez más trabas a entender la DANA y sus impactos como resultado de decisiones políticas que nos han llevado a un escenario de crisis ecológica, y hacen más verosímiles las conspiraciones ante un desastre tan grande y destructivo. Tal como señala Richard Seymour, desde estas coordenadas el desastre ecológico es transformado en un desastre creado por la malicia humana y se convierte la crisis climática en un terreno fértil desde donde alimentar el odio, normalizar prácticas esquadristes y abanderar populismos punitivos patrióticos que mueven el centro del debate hacia el estigma y la criminalización de la población migrante.
Ante este escenario, ¿qué herramientas tenemos nosotras para frenar la máquina de monstruos y articular respuestas que rompan con la idea reaccionaria de que solo dentro de los márgenes del capital podemos sobrevivir a las turbulencias de la crisis ecológica? Conscientes de la magnitud del reto que se destila de estas preguntas, para nosotras, una pieza clave para dibujar la respuesta es la articulación de un bloque ecosocialista popular que aglutine diferentes sectores de la población –desde las vecinas en primera línea del desastre en las redes de apoyo mutuo, espacios estables de trabajo sindical, ecologista, feminista, LGBTIQA+, antirracista y de lucha por la vivienda, y organizaciones políticas de la izquierda radical– y sea capaz de plantear una alternativa a las políticas reaccionarias y negacionistas que nos gobiernan. Un espacio de encuentro que rompa con la fragmentación de luchas y supere la sectorialidad alrededor de la lucha contra el cambio climático, que conecte las diferentes aristas de la crisis ecológica del capital, y que desde sus prácticas diversas vaya configurando un modelo de gestión universal y colectiva por una vida digna, de acuerdo con los límites y recursos naturales disponibles que disponemos.
Las redes vecinales y los espacios comunitarios que estos días son el centro de la respuesta a los impactos de la DANA, y las expresiones de solidaridad popular con las afectadas que recorren estas semanas pueblos y barrios de País Valencià y de todo el Estado español, son y deben ser punta de lanza para la construcción de este bloque ecosocialista popular. Es desde estos espacios, desde estos lugares comunes, dónde de entre el barro emergen las bases del horizonte ecosocialista y de clases por el que luchamos.
El 12 de noviembre 2024
Artículo publicado inicialmente en la revista Inprecor n°727, diciembre 2024.