Las cifras de huelgas y manifestaciones son históricas, con 1,2 millones de manifestantes según la policía, más de dos millones según la intersindical, índices de huelga muy elevados (más del 70% en la enseñanza), movilizaciones masivas en las ciudades. 50.000 en Burdeos y Toulouse, 20.000 en Le Mans, 3.500 en Alençon, 4.000 en Compiègne, 20.000 en Niza, 7.000 en Agen y Montauban, 4.000 en Gap, 15.000 en Avignon, 50.000 en Nantes, 15.000 en Saint-Nazaire, 20.000 en Rouen, 35.000 en Le Havre, 15.000 en Bayona y Pau, 13.000 en Quimper, 13.500 en Brest, 11.000 en Angulema, 10.000 en Poitiers, 13.000 en Angers y, por supuesto, varios centenares de miles en París (lejos de los 80.000 anunciados por el Ministerio del Interior)...
En la gran mayoría de las ciudades (incluso en las más pequeñas), las cifras eran superiores a las de las grandes huelgas de 1995, con a veces una de cada siete u ocho personas en la calle. En el sector privado, la participación fue excepcional, con huelguistas procedentes de la industria alimentaria, metalúrgica, automovilística, electrónica... L'Anticapitaliste 19 de enero de 2023
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En un contexto en el que las clases trabajadoras vienen sufriendo las consecuencias de los años covid: desde la crisis del sistema sanitario hasta la reforma del sistema de desempleo que entrará en vigor a principios de febrero y reduce las prestaciones, en lo que supone un fuerte ataque a los salarios reales y los ingresos sociales en 2022 y 2023, junto a una elevada inflación (especialmente en el precio de los alimentos y la energía) que no se ve compensada con los aumentos salariales y los ingresos correspondientes, la reforma de las pensiones que aprobó el pasado martes el gobierno de Macron se va a convertir en una cuestión social y política de primer orden.
La reforma del régimen de pensiones anunciada por Emmanuel y Macron y su primera ministra Elisabeth Borne supone un nuevo ataque social contra las clases trabajadoras. Esta reforma prevé ampliar la edad de jubilación en dos años, de 62 a 64, de forma global y rápida, tanto para el sector público como para el privado. El proyecto de ley se votará en los próximos dos meses mediante un procedimiento de debate urgente (Art. 47-1 de la Constitución, sólo 20 días de debate en la Asamblea a partir del 8 de febrero, con 50 días para que sea adoptado por las dos cámaras: Asamblea y Senado).
Este proyecto también pretende suprimir toda una serie de regímenes especiales de pensiones en distintos sectores, en los que las condiciones de salida son más favorables (electricistas, trabajadores del gas, RATP, etc.).
Por último, para poder acceder a una pensión completa, plantea pasar de las 42 anualidades actuales a 43 (años trabajados o equivalentes). La anterior reforma, realizada bajo el Gobierno socialista en 2013, planteaba alcanzar este último objetivo en 2035 (un cuarto de extensión cada tres años); con el proyecto actual el objetivo se alcanzaría ocho años antes, en 2027 (un cuarto más cada año).
En definitiva, se trata de un proyecto global de regresión social que, tras un discurso oficial que habla de justicia social y de salvar el sistema francés de reparto, agravará aún más las desigualdades.
En la mayoría de los países industrializados, los sistemas de pensiones han sido objeto de numerosos ataques, sobre todo desde el giro liberal de los años ochenta.
Francia no ha escapado a esta tendencia y, desde 1993, los sucesivos gobiernos, encabezados por los socialistas y los gaullistas, han llevado a cabo cuatro reformas contra el sistema de pensiones. Hace treinta años, las personas trabajadoras por cuenta ajena, ya fueran funcionarias o del sector privado, disfrutaban de una pensión completa (tipo íntegro) a los 60 años, tras haber cotizado 37,5 años. Si se aprueba el proyecto, llegaremos muy pronto a los 64 años de edad y a los 43 de cotización, 44 para carreras largas.
Esto representaría un nuevo ataque social, que golpearía particularmente a quienes hayan desarrollado carreras profesionales intercaladas con periodos de desempleo o de trabajo a tiempo parcial, especialmente las mujeres y, en general, a quienes empezaron a trabajar antes de los 20 años, personas con una baja cualificación. Esto tendría el doble efecto de obligarles a trabajar más allá de los 64 años, a cambio de pensiones más bajas.
Este proyecto de reforma se inscribe en el plan global de Macron orientado a hacer "trabajar más", según uno de los temas de su campaña de 2022, y aumentar, al menos sobre el papel, el número de personas activas retrasando la edad de jubilación, presionando a las personas en paro mediante la reducción de sus derechos, e incluso de presionar a quienes perciben el RSA (ingreso activo de solidaridad [similar a la RGI], para los que han agotado el subsidio de desempleo, 1,88 millones de beneficiarios en junio de 2022) condicionando su percepción a un periodo de trabajo voluntario de 15 a 20 horas al mes. Evidentemente, estas medidas presionan sobre los salarios de los y las trabajadoras, disminuyen la calidad de los empleos y aumentan el desempleo y la precariedad de los trabajadores y trabajadoras de más edad.
En cuanto al retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años, un estudio del OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques -Sciences politiques)[1] estima, basándose en los resultados de la reforma de 2010, que el retroceso de la edad de jubilación a 64 años reduciría el número de personas jubiladas en 600.000 en 2027, de las que 240.000 continuarían trabajando, 215.000 estarían desempleadas y el resto en una "esclusa de precariedad" constituida por la invalidez, la enfermedad o la inactividad. ¡Esto llevaría a un 75% de desempleo e inseguridad! Sólo los empleados y directivos más cualificados, las categorías menos sujetas a un trabajo arduo y carreras troceadas, permanecerían con un empleo estable.
Lo mismo cabe decir de los ataques a quienes disfrutan del subsidio de desempleo. Según el DERES, de junio de 2008 a junio de 2021 se ha pasado del 68% al 47,4% de de personas desempleadas con prestación. Peor aún, en septiembre de 2021, la duración del periodo trabajado para tener derecho al subsidio pasó de 4 a 6 meses. Y la última reforma, que entra en vigor a principios de 2023, reduce en un 25% el periodo durante el cual una persona desempleada puede recibir una indemnización. A partir de ahora, la duración máxima será de 18 meses, y de 27 meses en lugar de 36 para las personas mayores de 55 años.
Todas estas decisiones van en la misma dirección: golpear cada vez más duramente a los sectores de las clases trabajadoras que más sufren las crisis actuales.
Más que el aumento real del número de personas asalariadas, "una nueva fuerza de choque para desarrollar el crecimiento" según el discurso oficial, lo que pretende Macron es una nueva reducción del coste del trabajo para las empresas y una reducción del gasto público en los presupuestos del Estado.
La otra razón fundamental por la que el Gobierno ha presentado con urgencia este proyecto de reforma de las pensiones no tiene nada que ver con las perspectivas del sistema de pensiones de aquí a 10 o 20 años, sino con la reducción del déficit de las finanzas públicas de aquí a 2027. En mayo de 2022, la Comisión Europea restableció las normas del Pacto de Estabilidad, las normas de Maastricht, suspendidas durante la pandemia. El Comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, anunció que, de aquí a finales de 2023, los Estados miembros deberán cumplir las normas sobre déficit y deuda públicos con un máximo del 3% y el 60% del PIB, respectivamente. Y se aconsejó a Francia que redujera su deuda y reformara rápidamente su sistema de pensiones.
En julio, el Gobierno francés presentó, como cada año, su programa de estabilidad, las perspectivas económicas hasta 2027, a la Comisión Europea. En él, Bruno Le Maire prometió que el déficit público bajaría del 4,9% del PIB en 2022 a menos del 3% en 2027. Francia se ha comprometido a aumentar su presupuesto sólo un 0,6% anual: "La sostenibilidad de las finanzas públicas no se logrará mediante un aumento de las exacciones obligatorias... El control del gasto público se basa principalmente en reformas estructurales, en particular la reforma de las pensiones... [tal y como] se comprometió el presidente de la República durante la campaña electoral”. La reforma de las pensiones es, pues, el pilar de la reducción del gasto público para cumplir las normas europeas y mantener una opinión favorable de las agencias de calificación. Bruno Le Maire espera liberar 17.700 millones de aquí a 2030, es decir, más del 5% del gasto en pensiones. Al mismo tiempo, el Gobierno sigue recortando los impuestos a las empresas. Así, la CVAE (contribución sobre el valor añadido de las empresas) que pagan las empresas que facturan más de 500.000 euros, que aportó 18.000 millones en 2019, desaparecerá por completo en 2024.
Si las autoridades europeas y los capitalistas europeos insisten tanto en la reforma de las pensiones en Francia, es porque éstas tienen la particularidad de haber resistido más al desgarro que en otros países europeos.
Por supuesto, los ataques anteriores ya han tenido y tendrán aún más consecuencias en términos de caída del poder adquisitivo de las personas pensionistas y de reducción del número de años de jubilación. Sin embargo, Francia es uno de los países donde más pronto se puede jubilar y, junto con Italia, uno de los países donde más dinero se gasta en pensiones, en torno al 13,5% del PIB, principalmente gasto público, en el marco de los regímenes de pensiones colectivos y obligatorios. Muchos expertos capitalistas insisten en que este nivel intolerable impone una fiscalidad obligatoria demasiado elevada a las empresas. Lo que se señala con menos frecuencia es que esta gran parte dedicada a las pensiones también permite a Francia ser uno de los países de la Unión Europea donde la tasa de pobreza de los mayores de 65 años es más baja: un 10,9% frente al 16,8% de media y el 19,4% de Alemania.
Este sistema sigue representando un importante punto de resistencia, una cuestión de modelo social, en un país donde más del 60% de personas en activo desearían jubilarse a los 60 años o antes.
Esta modelo de sociedad es tanto más importante cuanto que los argumentos esgrimidos por Macron y los expertos que se suceden en los medios de comunicación no son convincentes. El propio Conseil d'Orientation des Retraites (COR), organismo oficial encargado de supervisar el sistema, publicó el verano pasado un informe en el que presentaba proyecciones para los próximos cuarenta años que mostraban un sistema equilibrado. La observación, de sentido común, de que cada vez habrá más pensionistas y menos trabajadores (lo cual es cierto) no conduce a un aumento incontrolable del gasto. Por el contrario, el gasto en porcentaje del PIB se mantendría muy estable entre el 13 y el 14% de aquí a 2070. Son los ingresos los que disminuirían por la disminución de los pagos del Estado a las y los empleados públicos. En todas las hipótesis, las cuentas sólo arrojarían un pequeño déficit en relación con el importe de los ingresos y los gastos. El sistema ha tenido superávit los dos últimos años (4.000 millones en total) y registrará un déficit máximo de 10.700 millones en 2027, frente a 350.000 millones de gasto. Todo esto figura en el informe del COR, que afirma explícitamente que la situación no es catastrófica... contrariamente a lo que dice el Gobierno. Además, el Gobierno afirma que necesita más personas empleadas activas, mientras que la tasa de empleo actual de las personas de 50 a 65 años es sólo del 56%, debido a los planes de restructuración, las enfermedades y la imposibilidad de encontrar trabajo.
Así pues, el Gobierno ya ha perdido una batalla, la de justificar una reforma para preservar y salvar el sistema, y no podrá convencer de ello a nadie en los próximos dos meses. Del mismo modo, existe la profunda convicción de que, si hay que financiar un déficit limitado en los próximos años, no hay razón para que esta carga recaiga sobre los asalariados y asalariadas, especialmente las más pobres y sometidas a condiciones de trabajo más difíciles.
Frente a estas medidas, el Gobierno afirma regularmente que, para garantizar el crecimiento, no quiere aumentar las cotizaciones patronales a los fondos de la Seguridad Social (entre ellos, al fondo de pensiones), y que quiere reducir las deducciones obligatorias y bajar todos los impuestos sobre la producción y las empresas. Esto ocurre en un contexto de explosión de los beneficios de las grandes empresas, de reparto masivo de dividendos y de enriquecimiento individual del sector más rico de la población. En 2022, las empresas del CAC 40 [el IBEX35 francés] obtuvieron 172.000 millones de beneficios (un 34% más que en 2021) y distribuyeron 80.000 millones a sus accionistas en forma de dividendos o recompra de acciones. Así que se trata de una reforma de clase... Y eso está a la vista de todo el mundo.
Todos los sondeos realizados en los últimos meses, incluso desde el anuncio de la reforma, muestran una hostilidad mayoritaria a esta reforma, si bien este rechazo es menor entre ejecutivos... y pensionistas. El 80% de las personas encuestadas se muestra hostil al retraso de la edad de jubilación a los 64 años, el 60% aprueba la movilización sindical contra este proyecto y el 46% está dispuesto a movilizarse.
Todos los sindicatos (CGT, CFDT, FO, FSU, Solidaires, UNSA, CFTC) rechazaron el proyecto de ley durante las conversaciones con el gobierno, incluso aquellos que, como la CFDT, la UNSA, la CGC o la CFTC, son más proclives a aceptar las reformas liberales y apoyar las políticas gubernamentales. Todos los sindicatos han convocado una primera jornada de huelgas y manifestaciones para el 19 de enero, con un único lema: la retirada del proyecto del Gobierno. En su último congreso confederal, la dirección de la CFDT recibió incluso el mandato expreso de rechazar cualquier prolongación de la edad de jubilación, fueran cuales fueran las contrapartidas.
En otros proyectos de reforma de las pensiones, sobre todo en 2003 y 2010, los gobiernos se toparon con un frente sindical equivalente al actual, con todas las centrales sindicales oponiéndose frontalmente al proyecto. No obstante, hay que señalar que, en 1995, la CFDT no formó parte del movimiento contra el plan Juppé, que pretendía equiparar a las y los asalariados del sector público con los retrocesos impuestos a los del sector privado en 1993. Sin embargo, Juppé tuvo que retirar su plan ante la movilización general y una larga huelga de la SNCF. En 1995 la CFDT sufrió una grave crisis y el abandono de varios de sus sindicatos a Solidaires o a la FSU. Del mismo modo, en 2003, el movimiento sindical que partió unido contra la reforma de Fillon se dividió y la CGC y la CFDT se unieron al proyecto durante su debate parlamentario, que duró 6 meses. En 2010, la movilización duró 9 meses, de marzo a noviembre, diseminada en 14 días de huelgas y manifestaciones. En 2013, la CFDT también apoyó la reforma de Touraine del Gobierno socialista. Desde 1995, el movimiento social no ha logrado bloquear una reforma de las pensiones, salvo en 2020, cuando Macron tuvo que aplazar su proyecto de reforma con la llegada de la pandemia.
Este año, el debate parlamentario se reducirá a 50 días, con la posibilidad, más allá, de que el gobierno recurra a decretos y ordenanzas. Además, el Gobierno también puede recurrir al artículo 49-3, que le permite cerrar el debate e imponer un voto de confianza. En cualquier caso, la configuración del debate parlamentario es bastante clara. La minoría macronista (170 diputados más 80 aliados) puede contar al menos con el grueso de los diputados del grupo republicano (62 diputados). La mayoría es de 286 votos. Por tanto, prácticamente no hay riesgo de que el proyecto pueda ser rechazado, ya que la política de la dirección republicana es apropiarse de este proyecto que corresponde a su programa y que incluso habían modificado, haciéndolo "menos brutal", pasando la edad de jubilación de 65 a 64 años. Las demás oposiciones, ya sea NUPES o RN, se oponen totalmente al proyecto, pero sólo podrán llevar a cabo un debate muy limitado.
Así pues, lo que queda es la capacidad del movimiento social, sindical y político para organizar una verdadera movilización popular unitaria, con manifestaciones, y la construcción de una relación de fuerzas que refleje la hostilidad de las clases trabajadoras, a través de movimientos huelguísticos prolongados en varios sectores profesionales. Esto significa construir conscientemente este movimiento y no proponer una serie de jornadas de huelga inconexas. Además, la brevedad del debate parlamentario impone la construcción de un movimiento unitario y ofensivo.
Es necesario impulsar la puesta en pie localmente de estructuras intersindicales amplias que organicen la convergencia de los sectores en huelga, estructuras unitarias que agrupen a sindicatos, asociaciones y partidos. La NUPES y el NPA han tomado la iniciativa de movilizaciones unitarias en determinadas ciudades. El 21 de enero, dos días después del primer día de huelga intersindical, tendrá lugar una manifestación nacional en Paris.
El clima casi general en las cúpulas sindicales es de rechazo a una coordinación entre sindicatos y partidos. Desde el verano pasado, la actitud prepontente de la France Insoumise no ha contribuido a cambiar este clima. Sin embargo, será necesario construir un frente unido, especialmente a nivel local. Esto es tanto más importante cuanto que la amplitud del frente sindical no se basa en una práctica común real ni en un cuerpo común de reivindicaciones frente al proyecto gubernamental. En varios sectores profesionales, los sindicatos han anunciado un calendario de huelgas renovables o de varios días seguidos. Es el caso de los sindicatos de la rama Petróleo de la CGT (24 horas el 19, 48 horas el 26, 72 horas el 6 de febrero), sindicatos que ya realizaron varias semanas de huelga salarial este otoño. Olivier Besancenot, portavoz del NPA, también propuso la idea de varios días consecutivos de huelga general, en lugar de una serie de jornadas dispersas.
También es crucial que la movilización nos permita reunirnos en torno a las preocupaciones inmediatas como los salarios y el coste de la vida y los ataques contra los derechos de las personas en paro, vinculando la lucha contra el proyecto de ley a las reivindicaciones contra el alto coste de la vida, poniendo en el punto e mira los beneficios capitalistas.
Las últimas semanas de diciembre vieron, tras un movimiento de huelga de los conductores de la RATP, un importante movimiento de los controladores de la SNCF, en torno a los salarios y la carrera profesional. Las numerosas huelgas salariales no han cesado y volverán a desarrollarse con el nuevo ciclo de renovación de convenios en las empresas. El aumento exponencial del precio del precio de la energía y la electricidad también ha provocado un descontento creciente en los últimos días, incluso movilizaciones como la de panaderos, restauradores y otros pequeños comerciantes y artesanos, que se enfrentan a situaciones de quiebra o de impago.
El movimiento que se pone en marcha debe ser capaz de expresar el descontento creciente de las clases trabajadoras, al tiempo que plantee reivindicaciones anticapitalistas y construya un amplio movimiento de apoyo en la población. El RN [extrema derecha] quiere polarizar este descontento rechazando evidentemente estas reivindicaciones anticapitalistas y el desarrollo de huelgas obreras. Por tanto, también hay un interés decisivo en disminuir su peso.
La puesta en pie de este movimiento prolongado no se hará sin que varios sectores profesionales construyan unitariamente la relación de fuerzas contra el gobierno, aun cuando Olivier Véran, su portavoz, sigue creyéndose seguro de sí mismo y se mantenga en sus trece. Estamos convencidos que los próximos días le demostrarán que está equivocado.
13 de enero 2023
Traduccion Viento Sur