Lucha de masas por la revolución
Un mes después del primer intento de golpe, el general Abdel Fattah al-Burhan, cabeza del Consejo Militar Transicional (TMC), anunció el 25 de octubre un estado de emergencia, la disolución de las autoridades transicionales, y la destitución de gobernadores locales, con el claro objetivo de acabar con el proceso revolucionario en Sudán. El TMC, con sus patrocinadores locales, regionales e internacionales tratan de ponerle fin al proceso revolucionario de Sudán.
Represión total
El general al-Burhan justificó estas medidas, que son equivalentes a un golpe de Estado al apuntar a la crisis económica, la necesidad de “rectificar el curso de la transición”, y la preservación del país lejos del riesgo de una “guerra civil”. Añadió que el ejército debería de garantizar la instalación de un nuevo gobierno compuesto por “personalidades competentes” representando a todos los partidos políticos hasta las elecciones que se celebrarán en julio del 2023.
Después del anuncio del golpe, soldados acorralaron al Primer Ministro Abdalla Hamdok, a la mayoría de sus ministros, y a los miembros civiles del Consejo Transicional dirigido por los militares. Las fuerzas armadas, además de arrestar a muchos oficiales civiles, buscando callar a cualquier oposición al golpe, arrestaron a figuras políticas, activistas y manifestantes. Lo mismo para los medios, cuando soldados atormentaron a la agencia oficial de noticias, SUNA, y a la televisión estatal, cuyo director, un simpatizante de un gobierno civil, fue destituido.
Por varios meses, las tensiones entre civiles y militares sólo han incrementado a medida en que se acercaba el plazo puesto por el gobierno de Abdalla Hamdok para la entrega de la dirección del Consejo Soberano del General al-Burhan a un civil. Para las fuerzas armadas, el resultado del proceso transicional podría desafiar su dominación política y económica del país.
Los generales del ejército y de los servicios de seguridad tienen amplio control sobre sectores económicos clave en el país, dirigiendo una red de compañías con miles de millones de dólares en activos. Estas compañías militares están envueltas en la producción y venta de oro y otros minerales, así como mármol, cuero, ganado y goma arábica.
También están involucrados en el comercio de las importaciones -incluyendo el control del 60 por ciento del mercado del trigo- telecomunicaciones, bancos, distribución de agua, contrataciones, construcción, desarrollo inmobiliario, aviación, transporte, instalaciones turísticas, y la manufactura de electrodomésticos, ductos, farmacéuticos, detergentes y textiles. En marzo del 2021 se alcanzó un acuerdo entre el gobierno y las fuerzas armadas para una desinversión gradual del ejército en el campo económico y transferir a empresas militares a autoridades estatales civiles, pero no se han dado pasos en esta dirección frente al rechazo del ejército.
El gobierno también había dado pasos para recuperar bienes públicos incautados por altos oficiales. Un comité creado en virtud de la carta de transición para recuperar los fondos saqueados anunciados en abril de 2020, que había regresado a manos públicas unos 20 millones de metros cuadrados de tierras residenciales, más de un millón de acres de tierra agrícola y docenas de negocios de los oficiales con vínculos cercanos al ex dictador Omar al-Bashir. Todo esto es muy limitado en comparación con los recursos masivos del ejército, servicios de seguridad y milicias del país.
Por varios meses, las tensiones entre civiles y militares sólo han incrementado a medida en que se acercaba el plazo puesto por el gobierno de Abdalla Hamdok para la entrega de la dirección del Consejo Soberano del General al-Burhan a un civil.
Adicionalmente, muchos líderes civiles no han dudado en pedir públicamente que se investiguen los abusos de derechos humanos y la corrupción en gran escala durante la era de Bashir, en la que el general al-Burhan y otros miembros del ejército, de los servicios de seguridad y las fuerzas de la milicia jugaron un papel central.
Estrategias fallidas y divisiones en el campo civil
El golpe de estado también llega en el momento de un continuo debilitamiento de la principal fuerza civil en el consejo transicional, la coalición de las Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FFC, por sus siglas en inglés), que ha decepcionado a las clases populares y a sus organizaciones. La alianza de las FFC ha sufrido crecientes divisiones desde 2019 cuando algunos de sus líderes incluso se unieron al campo pro-ejército después del golpe.
La dirección de las FFC marginó a otras corrientes que se oponían al diálogo con el ejército. Muchos sectores del movimiento popular han criticado a la coalición por haber encontrado un modus vivendi con las fuerzas armadas en vez de acelerar una transición democrática real y quitar al ejército del poder político. También se opusieron a la decisión de las FFC de postergar la crear un Consejo Legislativo Transicional por más de dos años.
Las palancas del poder político y económico se mantienen ampliamente en las manos de miembros del ejército y la cúpula de seguridad. El propio primer ministro reconoció en agosto de 2021 que el 80 por ciento de las empresas controladas por el ejército estaban “fuera de la jurisdicción” del Ministerio de Finanzas y del gobierno civil.
Esto sumado con el creciente dominio de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), milicias paramilitares lideradas por el vicepresidente del TMC Mohamed Hamdan Dagalo, quien ha sido responsable de numerosos crímenes de guerra en Darfur y en masacres de manifestantes. Aprovechando su fuerte base tribal en Darfur y su alianza con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, se proyecta a sí mismo en un papel predominante en política exterior y es visto por algunos en Sudan como el hombre fuerte y presidente de facto.
También hay disensos y rivalidad entre las RSF y las fuerzas armadas lideradas por al-Burhan, aunque ambas unan sus esfuerzos para aplastar a la revolución. Las RSF también manejan sus propias empresas comerciales las cuales, como con las fuerzas armadas, han tomado ventaja del periodo de transición para expandir sus actividades económicas. Estas dos entidades, según se ha informado, tienen más de 450 empresas privadas y han recibido grandes sumas de dinero por la participación de sus tropas junto con fuerzas apoyadas por los EAU y Arabia Saudita en Yemen y Libia.
De manera similar, las FFC han sido incapaces de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, que se han deteriorado durante los últimos dos años. El gobierno de Hamdok ha implementado severas políticas de austeridad a petición del Fondo Monetario Internacional, incluyendo recortes en subsidios, que han causado sufrimientos considerables para las clases trabajadoras y populares al drásticamente incrementar el costo de vida. La inflación ahora está en 400 por ciento y casi la mitad de la población viva debajo de la línea de pobreza.
Las desigualdades regionales también son persistentes. Por ejemplo, la crisis en el este de Sudan, el corazón comercial del país, vio las mayores manifestaciones en septiembre contra las desigualdades y la falta de inversión en la región y exigiendo mayor autonomía.
El este, que incluye los estados de Mar Rojo, Kassala y Gadaref, es un área estratégica. Tiene fronteras don Egipto, Eritrea y Etiopía, y tiene 714 kilómetros de costas donde se localizan los principales puertos y pozos petroleros. Además, es el hogar de las montañas doradas de Sudán, de cinco ríos y de tres y media millones de hectáreas de tierra cultivable. A pesar de tener todas estas ventajas geopolíticas, la tasa de pobreza continúa por encima del promedio nacional, superando el 54 por ciento, de acuerdo con estadísticas oficiales.
Finalmente, la política exterior de Sudan después de la caída del antiguo dictador Omar al-Bashir ha sido rediseñada por el ejército, resultado de sus vínculos cercanos con los EUA. Como resultado, Washington ha quitado a Sudán de su lista de estados terroristas y ha presionado al país a normalizar sus relaciones con Israel.
La relación de Sudán con Rusia también ha mejorado considerablemente después de la firma del acuerdo de cooperación militar en 2019. En noviembre de 2020, ambos países entintaron un acuerdo de 25 años que permitirá la construcción de una nueva base naval rusa en Puerto Sudán que podría albergar alrededor de 300 tropas rusas.
Con el apoyo de Rusia y los EUA, el TMC y las RSF alcanzaron un acuerdo de paz con el Frente Revolucionario de Sudán, una coalición de distintos grupos armados concentrados en la región occidental de Darfur, Kordofan del Sur y el Nilo Azul. La participación de los civiles en estos acuerdos fue limitada, en parte porque ellos mismos dejaron al ejército encargarse del asunto sólo.
Resistencia masiva desde abajo
A pesar de la represión brutal del TMC, que ha matado a varias docenas de activistas y lesionado aún más, y del apagón del internet, las clases populares han respondido al golpe con resistencia masiva desde abajo. Organizaciones y sindicatos han protagonizado enormes manifestaciones, marchas y huelgas a lo largo del país. En la capital Khratoum, manifestantes instalaron barricadas alrededor de las avenidas para paralizar al país con una campaña de desobediencia civil.
La columna vertebral y verdadero motor de este levantamiento en contra del grupo es la Asociación Sudanesa de Profesionales (SPA, por sus siglas en inglés), que une a una variedad de grupos de trabajadoras y sindicatos, los Comités de Resistencia Popular, y muchas otras organizaciones populares. Éstas han trabajado en conjunto para organizer las protestas masivas del 30 de octubre que movilizó a alrededor de 4 millones de personas en cerca de 30 ciudades alrededor del país. Las trabajadoras han levantado huelgas, han detenido los bancos, el transporte, campos petroleros y la mayoría de las instituciones públicas.
El movimiento está llamando por un inmediato fin al régimen del golpe, transferir el poder a mandos civiles y la liberación de prisioneros políticos. Después de las protestas del 30 de octubre, la SPA ha llamado a movilizarse para alcanzar una serie de demandas radicales:
- Derribar el golpe military
- Juicio a los generales del ejército y fuerzas de seguridad por sus crímenes
- Transferir el poder a un gobierno civil sin negociación o asociación con el ejército y fuerzas de seguridad, y compuesto por ministros elegidos por las fuerzas revolucionarios que luchan por un cambio radical y los objetivos de la revolución de diciembre (2018)
- Desaparición de los Servicios de Seguridad Nacional, disolución de las milicias y la constitución de un ejército nacional profesional con una doctrina basada en la protección del pueblo y las fronteras bajo el mando de la autoridad civil.
- Transferir todas las empresas de las fuerzas de seguridad, del ejército y la milicia a la autoridad civil y poner fin a la interferencia de estas entidades en las actividades económicas y de inversión.
- Fin a la interferencia de ejes regionales e internacionales hostiles al pueblo Sudanés y sus aspiraciones en el manejo de asuntos internos y de las fuerzas políticas en Sudán.
Los Comités de Resistencia también han levantado demandas similares. Han llamado al fin de las negociaciones civiles y su asociación con el ejército, el encarcelamiento de generales por sus crímenes en contra del pueblo sudanés, el fin al papel del ejército en la economía, y la sustitución del régimen actual con una nueva democracia soberana libre de intervención extranjera.
Entre la Contrarrevolución y la Revolución
El golpe del TMC es apoyado por Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Israel y en menor medida Rusia. Los EUA y otros poderes occidentales, la Unión Africana y las organizaciones internacionales están llamando a un diálogo y les gustaría ver el regreso de un gobierno interino que comparta el poder entre representantes civiles y militares.
El movimiento popular, sus organizaciones y los sindicatos se oponen a ambas opciones -el golpe y cualquier regreso de gobiernos interinos del status quo previo es intolerable. Por el contrario, está determinado a continuar con el proceso revolucionario, ganar la emancipación de las clases populares del país, y establecer un control democrático y popular en toda la sociedad sudanesa.
El TMC nunca renunciará al poder gradualmente como esperan las FFC. Siempre resistirá a dicha transición con una violencia brutal, ahora desplegada a través del país. Solo las movilizaciones y la autoorganización del movimiento popular le permitirá a las clases populares sudaneses construir un contra poder que derribe al régimen del golpe.
El destino del proceso revolucionario en Sudán indudablemente que influenciará otros a través del Medio Oriente y el Norte de África. Sus destinos están ligados en la lucha común en contra de los estados capitalistas de la región. La izquierda, las organizaciones populares, y los sindicatos alrededor del mundo deben de estar a lado de su lucha y en contra de toda intervención regional e imperial que busque detener el levantamiento revolucionario en Sudán contra el golpe.
3 de noviembre 2021