En las próximas semanas afrontamos una convocatoria anticipada de elecciones en Catalunya, que finalmente se celebrarán en medio del pico de contagios y saturación de centros sanitarios de la tercera ola de la pandemia. No es ningún secreto que los intereses partidistas y de fracciones del régimen han pasado por encima de la salud pública forzando una convocatoria que puede vulnerar los derechos democráticos y poner en riesgo la salud pública. Y, de nuevo, se impone por la vía de la judicialización de la política. Ahora bien, el Gobierno catalán, por su parte, además de ampararse en un decreto jurídicamente débil, ha estado el último año retrasando las elecciones y calculando su celebración desde una visión totalmente partidista.
En este punto, hace falta constatar que se agota una legislatura fallida, cerrada por la vía de la represión del estado. Consideramos que se trata de una legislatura fallida porque no ha permitido reorganizar un horizonte de lucha por el soberanismo que incorpore las lecciones de octubre del 2017 y durante la cual se ha practicado una política de represión hacia activistas independentistas por parte de la misma Generalitat. Además, es otra legislatura perdida desde el punto de vista social porque se han mantenido unas políticas neoliberales continuistas, sin revertir las privatizaciones y recortes de hace más de una década que han dejado al sector público extremadamente débil. El continuismo neoliberal practicado por el Govern de Junts per Catalunya y ERC ha llevado al sistema público catalán a una situación de vulnerabilidad todavía más severa una vez ha explotado la crisis sanitaria de la pandemia.
Ante esta convocatoria, es necesario volver a denunciar que hay cerca de un millón de catalanas a las que el racismo institucional les niegan los derechos civiles y políticos más elementales y que no tendrán derecho a voto. No puede haber elecciones auténticamente democráticas con la Ley de extranjería que excluye de la ciudadanía y una Constitución española que niega el derecho a voto a quien no tenga la nacionalidad.
Camino agotado en un espacio que ha girado hacia el gobernismo y la institucionalización
Anticapitalistes hemos agotado nuestro camino en el marco de Catalunya en Comú y Podem cuando se consolidó la política de alianzas subalterna al PSC y el PSOE de este espacio político y de Unidas Podemos en el ámbito estatal. El giro gobiernista, adoptado desde 2016 en adelante por la dirección de Podemos y asumido por el resto de fuerzas, ha desnaturalizado lo que era un proyecto alternativo al bipartidismo y al régimen. Ahora se parece demasiado a la izquierda institucional a la que venía a impugnar en un primer momento. En Comú Podem en ningún caso ha mantenido un perfil diferenciado del proyecto estatal, sino que ha hecho suya la política de subordinación al PSOE y al PSC. En Catalunya esta orientación se concreta en su apuesta por un tripartito con PSC y ERC, y en la incorporación a su candidatura de perfiles que suponen una apuesta evidente por la institucionalización.
La entrada en el Gobierno del estado como socio minoritario del PSOE ha supuesto un salto cualitativo de la apuesta por integrarse en la gestión y abandonar toda pulsión constituyente. Una vez integrados en el ejecutivo, la incapacidad de dar respuesta a problemas como el paro y la precariedad, la subida de la luz o los desahucios alimenta el “No se puede”, la desmoralización de las clases populares y el descrédito de las alternativas al neoliberalismo. Este clima de opinión tiene un impacto devastador para el conjunto de la izquierda social, política y sindical, incluso para aquellos sectores que nos hemos opuesto desde el principio a la incorporación a un gobierno con el socioliberalismo.
La CUP: una candidatura de ruptura, pero sin apertura a nuevos sectores
La candidatura CUP-Un Nou Cicle per Guanyar garantiza la existencia de una candidatura anticapitalista y de ruptura en estas elecciones, hecho que valoramos positivamente. Su existencia contribuye a hacer visibles propuestas de ruptura con el actual marco institucional y con las políticas neoliberales. De la misma forma, trata de situar en el centro ideas como la necesidad de un plan de choque para afrontar la crisis de la Covid, transitar hacia un modelo de economía planificada y asumir el control de los sectores estratégicos.
Al mismo tiempo, consideramos que es una propuesta en exceso continuista con la CUP-CC y candidaturas anteriores que no permite hacer un salto cualitativo hacia una reconstrucción más aperturista de la izquierda alternativa, rompiendo los límites del ciclo político anterior y yendo más allá del espacio tradicional de la Esquerra Independentista. Habría sido positivo un acuerdo electoral más amplio que hubiese dado cabida a otros espacios con los que compartimos un programa anticapitalista, como paso inicial para ir avanzando en la construcción de un nuevo instrumento de confluencia capaz de disputar la mayoría social.
Los principales límites que vemos en la propuesta de la CUP-UNCpG son, en primer lugar, que sólo se dirige al independentismo y no tiene una política hacia la base social de la izquierda no independentista, pero partidaria del derecho a decidir. Su proyecto no interpela de manera específica a las personas del mundo de Comuns críticas con la deriva gobiernista de su espacio. Tampoco se dirige específicamente a los sectores de las nuevas generaciones activistas del feminismo y del ecologismo que no sean netamente independentistas.
Esta cuestión entronca con otra diferencia de tipo estratégico. La propuesta política de la CUP para construir una república catalana queda poco ligada con la necesidad de hacer caer el régimen del 78 para conseguirlo. Tal como se demostró en octubre del 2017, el éxito de la lucha por la autodeterminación de Catalunya está conectado con debilitar al Estado y construir solidaridades lo más amplias posibles. En este sentido, desde su espacio se han dado pasos adelante en los últimos tiempos para tejer unas alianzas más sólidas con sectores rupturistas del resto del Estado español, pero todavía no integra como una tarea propia impulsar un movimiento político capaz de hacer colapsar el régimen y posibilitar procesos constituyentes.
Finalmente, a día de hoy su estrategia de alianzas postelectorales todavía no es clara ni tampoco lo es su posición ante la participación en un gobierno con ERC y JuntsxCat. Consideramos que la política unitaria hacia el resto de las fuerzas independentistas se debería hacer afirmando claramente la autonomía respecto a sus proyectos institucionales y su acción de gobierno. Una alternativa anticapitalista, para ser creíble, no puede tener atadas las manos con fuerzas que aplican políticas neoliberales. De la misma forma, nos preocupan algunos pactos municipales desde las elecciones del 2019 que suponen falsos atajos en un contexto político extremadamente complejo y difícil. Uno de los puntos fuertes de la CUP hasta el momento ha sido su capacidad de aguantar la presión hacia la institucionalización.
Más allá del 14F: un nuevo espacio compartido de la izquierda rupturista y soberanista
Nuestra apuesta política es impulsar la reconstrucción de una izquierda rupturista y soberanista que vehicule una alternativa en el campo de la crisis socioeconómica y de la voluntad de autodeterminación. Este rearme tiene que ser en clave popular, social y de ruptura, superando las estructuras preexistentes y no permitiendo que se cierre la grieta abierta en la legitimidad del régimen del 78.
Son muchas las tareas urgentes que tenemos sobre la mesa a la hora de hacer una propuesta compartida y no las podemos desarrollar todas en este comunicado. El principal reto es contribuir a impulsar un bloque histórico de las clases populares con un programa tan radical como los retos que tenemos por delante: desde la crisis ecológica hasta la reordenación del capitalismo neoliberal después del coronavirus.
Dentro de esta reconstrucción, hace falta aprender de los errores cometidos por parte de la izquierda con una evolución institucionalista y lógicas de apoyo a gobiernos que avalan políticas socioliberales, abandonando todo proyecto de ruptura y pulsión constituyente. Es imprescindible una estrategia que no esté encerrada en unas instituciones que no son las nuestras y que construya una nueva institucionalidad con objetivos de transformación anticapitalista.
Necesitamos herramientas construidas desde el arraigo, con criterios de democracia, pluralidad política y apertura al tejido social y de movimiento de sus territorios. Candidaturas feministas, que apuesten por la transformación social y con un programa de ruptura a la altura de la crisis civilizatoria.
También hace falta criticar los planteamientos estratégicos que no sean capaces de dirigirse a toda la base social de la izquierda, a la independentista y a la no independentista. Siempre hemos considerado que una transformación social en Catalunya debe ensamblar ambas voluntades expresadas de forma masiva desde 2011, el 15M y su legado, y el proceso independentista, clave para iniciar un proceso constituyente para una república catalana. Es fundamental vincular la defensa de la soberanía de Catalunya con la lucha contra la austeridad y la precariedad, única manera de ampliar mayorías y avanzar en una transformación social real. En este sentido, tenemos un ejemplo reciente en la defensa de las leyes catalanas impulsadas por el movimiento de vivienda (el decreto 17/2019 y la ley de regulación) ante el ataque por parte del Partido Popular y el Tribunal Constitucional.
Hace falta una propuesta política que permita tejer alianzas, por un lado, con sectores y movimientos sociales que han visto quedar huérfanos a parte de sus esperanzas y esfuerzos a causa de la derrota del ciclo que abrió el 15M. Y, por otro lado, con sectores soberanistas e independentistas, unos críticos con ciertas posiciones ante el referéndum del 1O y otros agotados por los juegos de equilibrio entre implementismo y autonomismo. Pero también incorporar a toda una generación activista que no se ha vinculado a los proyectos políticos previos y que han sentido, en el florecimiento de movimientos como el feminista o el movimiento juvenil contra el cambio climático, la necesidad de organizarse.
El 14F: votamos contra la extrema derecha y el neoliberalismo
La propuesta política que creemos que hace falta todavía se tiene que construir y, por tanto, Anticapitalistes hemos decidido no participar en ninguna candidatura en estas elecciones. Somos conscientes de que existe un malestar legítimo de mucha gente por el descrédito de la política y el desencanto con las diferentes fuerzas políticas, hecho que todavía pone más de manifiesto la necesidad de construir un nuevo instrumento político. Aún así, pensamos que es necesario combatir la apatía y que se tiene que votar porque nos jugamos mucho en estas elecciones:
En primer lugar, las encuestas apuntan a la entrada con fuerza de Vox. Aunque el Partido Popular y Ciudadanos comparten medidas reaccionarias y discursos de odio, que un partido claramente de extrema derecha consiga representación en el Parlament es una noticia pésima para las clases populares y un avance del racismo, el machismo, el odio contra las persona LGTBI y el autoritarismo más explícito.
En segundo lugar, las políticas que se impulsan desde la Generalitat, en un momento clave para trazar la salida de la crisis, tienen un impacto real en nuestras condiciones de vida. Si siguen imponiéndose políticas neoliberales y obviando un plan de choque social, la gente trabajadora de Catalunya continuaremos sufriendo el miedo, la incertidumbre y la precariedad.
Por último, los resultados de estas elecciones también determinarán el papel que jugarán los diferentes proyectos políticos en la reconstrucción de la izquierda, es decir, las fuerzas que están en vías de integración en el régimen y las rupturistas. Por estos motivos, queremos pedir el voto para la candidatura CUP-Un Nou Cicle per Guanyar, que representa una opción anticapitalista y anti-austeridad orientada a la confrontación con el estado.
Al mismo tiempo, queremos aprovechar estas elecciones para defender que hace falta que Cambiemos de rumbo: expropiémoslo!, impulsando una campaña en defensa de la democratización de la economía, la distribución del trabajo y la riqueza, el refuerzo de los servicios públicos y la introducción de la planificación para garantizar las necesidades de la mayoría social.
5 de febrero 2021