Declaración de la Corriente al-Mounadila.
El balance provisional anunciado de las víctimas de la tragedia ocurrida en las costas de Ceuta supera los sesenta fallecidos, víctimas de la emigración forzada. No nos encontramos ante una guerra convencional en la que llueven los proyectiles y resuenan los disparos, sino ante una guerra social cotidiana, aparentemente silenciosa, sangrienta en sus consecuencias, que se cobra la vida de los más desfavorecidos y empuja a los jóvenes a arriesgar la vida al borde de la muerte.
El número real de víctimas será sin duda superior al anunciado. En cuanto a los heridos, los desaparecidos y los supervivientes que arrastrarán las secuelas de este trauma hasta el final de sus días, así como a las madres cuyo corazón se ha roto por la pérdida de sus hijos, ninguna estadística refleja su tragedia, y ningún discurso oficial se atreve a reconocer su magnitud.
La pregunta fundamental no es: «¿Cómo murieron estas personas?», sino: «¿Por qué se vieron empujadas, en un primer momento, hacia ese destino?».
¿Quién es responsable de esta masacre social que se prolonga desde hace años? ¿Quién es responsable de que el mar arroje los cadáveres uno tras otro, y de que las redes de los pescadores saquen a la superficie los cuerpos de los ahogados en lugar de traer los frutos del mar? ¿Quién es responsable de una patria en la que miles de jóvenes han llegado a considerar la emigración, sean cuales sean los riesgos, como un destino preferible al de quedarse?
Esta tragedia no es el resultado de decisiones individuales ni de una simple mala gestión coyuntural, sino el producto de una estructura económica y política basada en la dependencia del capital mundial y de las instituciones financieras internacionales, que imponen, a través de la deuda, políticas de austeridad, las privatizaciones y la liberalización de los mercados, un aumento de la dependencia, el desempleo y la precariedad, al tiempo que desmantelan los servicios públicos. Esta situación convierte la emigración, para amplios sectores de la juventud, en una de las pocas salidas posibles. La deuda no es solo una cuestión de cifras en un presupuesto, sino un mecanismo destinado a subordinar las políticas públicas a dictados externos, en los que el servicio de la deuda y los beneficios de los inversores priman sobre el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda y a una vida digna.
Hace unos días se publicaron informes oficiales y de instituciones financieras internacionales que celebraban «los logros económicos» y presentaban los indicadores de crecimiento y estabilidad como si constituyeran la prueba del éxito de las políticas vigentes. Pero, ¿de qué éxito se trata, cuando millones de ciudadanas y ciudadanos se enfrentan al desempleo, a la precariedad y a la desesperación? ¿Y de qué desarrollo se trata, si este empuja a las ciudadanas y ciudadanos a huir de su patria o a morir en sus fronteras?
Esta tragedia es, por otra parte, indisociable de la naturaleza del régimen político vigente, que ha optado por erigirse en socio principal de la estrategia imperialista europea de cierre de fronteras y bloqueo de las migraciones, a cambio de apoyo político y financiero. En lugar de garantizar a la ciudadanía el derecho a una vida digna, una parte cada vez mayor de los aparatos de seguridad y militares se moviliza para desempeñar el papel de «gendarmería fronteriza», en el marco de políticas exteriores destinadas a proteger a Europa frente a las personas migrantes, y no a proteger el derecho de los pueblos al desarrollo, a la libertad y a la libre circulación.
Esta función de seguridad en el extranjero va acompañada de una política represiva en el interior. El régimen reprime las manifestaciones de la juventud y los movimientos sociales, restringe la libertad de asociación y de expresión, y persigue a periodistas, blogueros y activistas. Responde a las manifestaciones de la generación Z y a otros movimientos con detenciones y juicios, en lugar de atender a sus reivindicaciones. Cierra a los jóvenes toda perspectiva de participación y cambio, y empuja a gran parte de ellos a considerar la emigración, con todos sus riesgos, como la única salida. La emigración forzada y la represión política son las dos caras de una misma política: una política que priva de todo derecho a un futuro.
La realidad pone de manifiesto el contraste flagrante entre el discurso de las cifras oficiales y la vida de la gente. Mientras los beneficios y la riqueza se acumulan en manos de una minoría que monopoliza los privilegios y los recursos, y los beneficios de las grandes empresas y los especuladores no dejan de aumentar, el círculo de la pobreza y la marginación se amplía, las condiciones de vida y de trabajo se deterioran, y la mayoría de la población se ve obligada a soportar el coste de unas políticas que no sirven a sus intereses.
Por eso, la respuesta a estas tragedias no reside en simples lamentos, ni en el refuerzo de la represión, ni en el cierre hermético de las fronteras, sino en un cambio radical de las políticas que generan pobreza, marginación y exilio forzoso. Necesitamos establecer una relación de fuerzas social y popular capaz de imponer una alternativa global. Esta debe romper con la dependencia, anular las deudas ilegítimas e instaurar la soberanía popular sobre la riqueza y las decisiones económicas. También debe garantizar el derecho a un empleo y a unos ingresos dignos, a la educación, a la sanidad, a la vivienda y a las libertades democráticas. También necesitamos orientar la riqueza nacional hacia la satisfacción de las necesidades de la sociedad, en lugar de hacia el enriquecimiento de una minoría privilegiada y al servicio de los intereses del capital local y extranjero.
Quienes siembran pobreza, explotación, dependencia y despotismo no pueden sino cosechar resistencia y lucha. De hecho, cualquier aumento de las desigualdades sociales genera más descontento, y cualquier intensificación de la explotación, así como cualquier restricción de los espacios de libertad, alimenta la voluntad de cambio. La historia nos enseña que, cuando los pueblos toman conciencia del vínculo entre la explotación económica, el despotismo político y la dependencia, y se organizan, son capaces de conquistar sus derechos e imponer un futuro más justo y digno.
La alternativa social y democrática global no es un sueño pospuesto para más adelante, sino una necesidad impuesta por la sangre de las víctimas, el sufrimiento de las madres y el desperdicio del futuro de generaciones enteras. Cada día que esta alternativa tarda en ver la luz, el coste de la tragedia humana y social se agrava, mientras que solo los trabajadores y los pobres pagan el precio.
Nuestro pueblo solo comenzará a trazar su camino hacia una verdadera justicia social y la libertad cuando su resistencia social conduzca a la reconstrucción de organizaciones de lucha dotadas de gran perseverancia, con el fin de dar respuesta a las siguientes reivindicaciones principales:
– Poner fin a la criminalización de la acción militante y liberar a todas las personas detenidas por su participación en movimientos sociales, entre las que destacan los y las activistas del Hirak del Rif y los jóvenes de la generación Z, así como suspender todos los procesos judiciales contra periodistas, blogueros y blogueras, artistas y cantantes.
– La eliminación de todas las formas de trabajo precario en el sector privado, mediante la regularización de todos los trabajadores y trabajadoras, el fin del uso abusivo de los contratos de duración determinada, así como la abolición de la subcontratación y de las agencias de intermediación laboral.
– El aumento del salario mínimo a 5 000 dirhams en las empresas del sector privado, ya sea en los sectores agrícola, industrial, comercial o de servicios.
– El abandono de todas las políticas y medidas destinadas a transformar los servicios sociales, en particular la sanidad y la educación, en servicios mercantiles sometidos a la lógica del sector privado, mediante las siguientes medidas:
Reafirmar el principio de la gratuidad de la asistencia sanitaria y la hospitalización, derogando el decreto que impone el pago de gastos sanitarios,
Suprimir todas las ventajas fiscales, así como todas las facilidades y autorizaciones concedidas a las empresas privadas que les permiten monopolizar los sectores de la sanidad y la educación.
– Poner fin al acaparamiento de tierras y agua.
- Poner fin al monopolio de las grandes empresas capitalistas sobre nuestras riquezas mineras. Estos recursos deben ser recuperados de manos de los grandes grupos capitalistas y su gestión debe estar a cargo de empresas públicas sometidas a control popular.
– Abandonar la liberalización de los precios, en particular los de los alimentos, los productos de primera necesidad y los productos farmacéuticos, derogando la ley que los liberaliza. Establecer mecanismos destinados a proteger el mercado interior y la pequeña producción frente a las fluctuaciones cíclicas de los precios. Esto implica la puesta en marcha de otros mecanismos destinados a proteger el poder adquisitivo de los y las asalariados, como una escala indexada de precios y salarios, así como el mantenimiento del fondo de apoyo a los productos de primera necesidad.
– Una reforma en profundidad del sistema fiscal con el fin de instaurar un régimen equitativo, que deje de hacer recaer la mayor parte de la carga fiscal sobre los trabajadores y las clases populares trabajadoras, como ocurre actualmente, mientras que los más ricos —los poseedores de capital financiero, las grandes empresas y los especuladores— se benefician de exenciones. Esta reforma debe basarse en la implantación de un auténtico sistema de tributación progresiva.
31 de julio de 2026