Los últimos meses de 2022 pueden ser testigos de la ira social en Francia.
La inflación y la subida de precios están golpeando con fuerza el nivel de vida de las clases trabajadoras, cuya vida cotidiana y nivel de vida ya se han visto gravemente afectados por en 2020 y 2021 a causa de la pandemia. Las razones de enfado, para la reacción social se acumulan, aunque eso no se traduzca automáticamente en huelgas y movilizaciones. Pero es probable que Macron y el gobierno en minoría de Elisabeth Borne hagan frente a unas semanas difíciles, tanto en el plano institucional como en el social. Hay dos fechas de movilización en perspectiva: una jornada de huelgas y manifestaciones convocada por la intersindical el 29 de septiembre y una marcha nacional contra la carestía de la vida el 16 de octubre.
Al igual que en el resto de Europa, el nivel de vida de las clases populares se ha visto erosionado en los últimos años por el aumento del precio de los alimentos y la energía. La inflación y el aumento de los precios de la energía, aunque menos violentos que en Gran Bretaña y Alemania, han golpeado duramente a Francia. Desde enero de 2022, ante la congelación salarial y la subida de precios, se han celebrado dos jornadas interprofesionales (en enero y marzo). En ambas ocasiones, la CGT, SUD-Solidaires y la FSU (principal sindicato en la enseñanza), lograron sumar a FO o UNSA a las movilizaciones, aunque la CFDT no se sumó nunca. Sin embargo, este frente sindical parcial dio testimonio del fuerte descontento en la sanidad, la educación, correos, el comercio y el transporte, con movimientos sectoriales en todas estas ramas. En primavera se produjeron varias huelgas importantes, por ejemplo, en el transporte urbano, en Total Energies, Aéroport de Paris, SNCF, Thalys y Airbus. La efervescencia no cesó a pesar del contexto electoral, a menudo con resultados inmediatos en términos de aumentos. Ante este enfado social, después de un aumento del 12% en los precios de la electricidad y de más del 40% en los del gas en 2021 (antes de la invasión de Ucrania...) el gobierno anterior puso en marcha un escudo tarifario, limitando el incremento de las tarifas de los contratos individuales de electricidad y gas natural al 4% en 2022. Y en el caso de los combustibles, una reducción de 15 céntimos/litro en los impuestos. Todas estas medidas no impidieron que el precio de los carburantes se disparara por encima de los 2 euros por litro durante el primer semestre de 2022, que subiera el precio de los carburantes de uso doméstico y que el precio de los contratos de energía no regulada suscritos con operadores privados (el 35% de los contratos) o los contratos colectivos subiera un 45% en 2022.
Tras la toma de posesión del nuevo gobierno, las decisiones tomadas para apoyar el poder adquisitivo fueron mantener la congelación de las tarifas reguladas del gas y la electricidad y el descuento de los impuestos sobre los carburantes en el surtidor.
Pero, por supuesto, el verdadero problema es el de los ingresos, el de los salarios, ante un aumento del IPC de más del 6% en otoño de 2022, y un aumento mucho mayor para las clases populares debido al peso de los alimentos y la energía.
En 2020 y 2021, las empresas lograron aumentar la el margen de rentabilidad a más del 34%. Su temor es que, con la elevada inflación, los aumentos salariales reduzcan este margen en 2022 y 2023. En el período anterior de alta inflación, a mediados de los años 70, el margen de beneficio cayó al 26% bajo la presión de las luchas sociales, y la participación de los salarios se elevó a más del 60%.
La cuestión está en que en muchas huelgas las plantillas plantean demandas de aumento del 10% o de 400 euros. Obviamente, para contrarrestar esta presión, el gobierno opta por que se concedan primas. El plan adoptado en julio para garantizar el poder adquisitivo prevé la posibilidad de que, en las empresas, se conceda una prima de hasta 6.000 euros exenta de cotizar. Su interés en hacerlo es doble: debilitar aún más la participación de los salarios sociales y frena la equiparación de los salarios a la al margen de rentabilidad de las empresas.
Macron, que acaba de iniciar su último mandato como presidente, también quiere impulsar más reformas liberales y aumentar los beneficios de las y los empresarios. En los últimos años, ya ha contribuido a rebajar los gravámenes obligatorios, contribuyendo así al desmantelamiento del Estado social, en particular de la protección social y de lo que queda de los servicios públicos. Lo ha hecho reduciendo las cotizaciones empresariales a la seguridad social, los impuestos sobre la producción y el impuesto de sociedades. En estos tres gravámenes, Francia está claramente por encima de la media europea y Macron quiere demostrar en la UE que por fin puede cambiar esta situación. Ya ha conseguido reducir la carga de las cotizaciones sociales en 2 puntos del PIB. El impuesto de sociedades (calculado sobre los beneficios declarados) se ha reducido del 33,33% en 2018 al 25% en 2022. Por último, en 2023 está prevista la supresión total del CVAE (contribución sobre el valor añadido de las empresas, principal impuesto sobre la producción que ya ha bajado de 19.700 millones en 2021 a 9.700 millones en 2022).
Los dos nuevos objetivos de Macron son, por un lado, cuestionar aún más el derecho a las prestaciones de desempleo con una felxibilización de los derechos (vinculando la duración y la cuantía a la situación de empleo y desempleo) inspirada en el sistema canadiense. Evidentemente, el objetivo es reducir globalmente los derechos de las y los parados, reducir aún más el coste del trabajo y disminuir aún más la parte de las cotizaciones sociales en el PIB. Por otro lado, Macron quiere volver a poner en marcha una reforma de las pensiones, de nuevo para reducir la parte de las pensiones en el PIB. Aunque el oficial Conseil d'orientation des retraites (COR) prevé que esta cuota se mantenga estable en los próximos años y que el sistema de pensiones ha sido rentable durante los dos últimos años, el objetivo declarado es que los recursos liberados contribuyan a equilibrar el presupuesto del Estado, que se ha visto mermado por todas las exenciones fiscales a las empresas. También se trata de una apuesta política para que Macron marque sus cinco años de mandato y solidifique su peso político en la UE.
En los últimos meses, la política de recortes en los presupuestos públicos ha tenido efectos evidentes. La ola de calor y los incendios de este verano han puesto de manifiesto la urgencia de luchar por medidas de emergencia contra el calentamiento global. Esas políticas también han puesto de manifiesto la falta de recursos en los servicios públicos: la situación en los hospitales sigue siendo dramática, con un aumento significativo de la mortalidad (mayor que durante la ola de calor de 2003), faltan bomberos y aviones contra incendios para hacer frente a los incendios, y faltan profesores para el inicio del curso escolar de 2022. La erosión de los recursos de los servicios públicos como consecuencia de estas decisiones presupuestarias de las clases tiene un impacto en la vida cotidiana.
Ante la carestía de la vida, los ataques a los salarios y las condiciones de vida, el frente sindical y político está por el momento fragmentado.
A nivel sindical, la CGT, Solidaires y la FSU han convocado una jornada de movilización y huelga el 29 de septiembre. La CFDT se niega sistemáticamente a sumarse a cualquier movilización intersindical contra las políticas de Macron. Para FO, la negativa a participar en la huelga del 29 de septiembre provendría de la confusión de géneros entre los sindicatos y los partidos políticos. FO se opone claramente a la convergencia que se produjo para la convocatoria del día 29 en un comunicado conjunto que reúne a los NUPES (PS, FI, PC, EELV) y al NPA y por parte de los sindicatos a CGT, Solidaires y FSU. Sin embargo, FO propone una reunión para una acción común... para después del 29 de septiembre. Además, la proximidad de las elecciones sindicales de todo el funcionariado en noviembre, pesa como siempre para dificultar la acción sindical.
Después de las dos jornadas en enero y marzo, la fecha del 29 se decidió a principios de julio, cuando muchas huelgas parciales ponían en el orden del día una centralización de las luchas salariales. Ahora mismo, también se hace eco de muchas huelgas locales, que plantean reivindicaciones de envergadura: por ejemplo, PSA/Stellantis, sobre todo en Hordain, en el Norte, exigen 400 euros de aumento, en TotalEnergies se exige un aumento del 10%, 300 € en varios supermercados del grupo Carrefour... Incluso los empresarios del sector prevén tener que ceder a un aumento medio del 6% a finales de año.
Por lo tanto, hay mucho en juego y no se limitará a la jornada del 29 de septiembre.
Ante la escisión sindical interprofesional, sigue siendo difícil la convergencia entre los partidos políticos y el movimiento sindical. France Insoumise quiso marcar su impronta en la escena social proponiendo unilateralmente, antes del verano, una gran marcha contra la carestía de la vida en octubre, afirmando explícitamente que el movimiento sindical no estaba en condiciones de garantizarla. Un llamamiento que fue recibido con frialdad por los sindicatos. Tanto más cuanto que este verano Mélenchon volvió a presentar esta marcha como una iniciativa de la France Insoumise, llamando a otros a unirse a ella. Desde entonces se han celebrado varias reuniones conjuntas, de las que se desprende que Solidaires, la FSU y la CGT se negaron a comprometerse, antes del 29 de septiembre, a una convocatoria conjunta de esta marcha, fijada ahora para el 16 de octubre. Lo mismo ocurre con el PCF. Por lo tanto, la iniciativa gira por el momento en torno a France Insoumise, EELV, PS, y más allá de NPA, POI, Ensemble, Génération, entre otros.
Sin embargo, todo podría cambiar después del 29 de septiembre, tanto en lo que respecta a las convergencias sindicales como a las convergencias partido/sindicato. Del mismo modo, el malestar también puede extenderse a las movilizaciones populares locales para bloquear los precios y las facturas. Por el momento, no es el caso de Francia, a diferencia de Gran Bretaña, Italia y Alemania, por ejemplo.
Esta situación de malestar social será la tónica durante los próximos días y semanas. Sobre todo porque Macron tiene que lidiar con la inestabilidad institucional tras su fracaso en las elecciones legislativas y la falta de una mayoría de los partidos que apoyan su acción (Renacimiento -su propio partido-, el MODEM dirigido por François Bayrou y Horizontes de su ex primer ministro Edouard Philippe). Cualquier ley debe contar no sólo un acuerdo de estos tres componentes, sino también, al menos, la no oposición de los republicanos (derecha gaullista) y de la Agrupación Nacional (extrema derecha). Esta situación inestable pone al gobierno en manos de sus aliados y de partidos aún más reaccionarios que Macron. La dificultad se ha puesto de manifiesto en los últimos días, ya que el gobierno querría imponer su reforma de las pensiones por la fuerza, sin necesidad de una votación, como permite el artículo 49.3 de la Constitución, ya que ningún partido apoyaría a Macron en ese caso.
En cualquier caso, en el campo de las clases populares, el problema sigue siendo cómo hacer converger las aspiraciones, las esperanzas y las reivindicaciones que han surgido en torno al NUPES.
Por el momento, el NUPES no es un marco militante unitario, ni siquiera a escala local. Sin embargo, es probable que, al menos hasta los congresos del EELV y del PS, que se celebrarán próximamente, estas dos fuerzas y la FI presenten al menos un frente político común en la Asamblea Nacional. Ya no es el caso del PC, que cree que puede desempeñar su propio papel en un terreno dudoso, pisando un terreno reaccionario, especialmente en la cuestión de denigrar el bienestar [los diferentes subsidios sociales] frente al valor del trabajo.
Por el momento, las direcciones de los partidos de la NUPES no están presionando para crear marcos militantes unitarios. La FI está dispuesta a mantener o crear parlamentos populares locales, pero esto no representa a los cuadros militantes, y el grupo dirigente prioriza su aparición parlamentaria como la primera oposición a Macron queriendo jugar la carta de la crisis parlamentaria y la disolución de la Asamblea Nacional.
Ciertamente, el NUPES y la FI han creado y mantendrán un clima político de oposición antiliberal, en particular con la preparación del 16 de octubre, lo cual es positivo, pero el reto en los próximos meses será no sólo crear las condiciones para unas movilizaciones sociales eficaces, sino también construir marcos militantes unitarios sobre todas las cuestiones urgentes.
25/09/2022
Leon Cremieux, sindicalista de Sud-Aviación y militante del NPA
Fonte viento Sur