En Francia, las movilizaciones nacionales por los aumentos salariales están paralizadas desde el 10 de noviembre. Esta jornada de huelgas y manifestaciones convocada a nivel nacional por la CGT y en muchos departamentos por Solidaires y el FSU fue claramente una movilización menos fuerte que la del 18 de octubre (convocada a nivel nacional por CGT, Solidaires, FO y FSU).
La participación en las manifestaciones fue tres veces menor: la CGT anunció 100.000 personas en la calle, frente a las 300.000 del 18 de octubre. Por tanto, fue una jornada limitada en su mayor parte a los equipos militantes. El único hecho destacable fue la huelga de advertencia de los agentes de la RATP (transporte público en la región de Paris), secundando la convocatoria de la intersindical (CGT, FO, Solidaires, la Base), lanzada hace tiempo, que movilizó y bloqueó ampliamente el transporte en la región parisina (autobús, RER-red exprés regional y metro). Frente a un incremento salarial general de sólo 2,2% en 2022, la CGT y el Solidaires exigen una subida de 300 euros.
Durante un mes y medio, desde finales de septiembre hasta principios de noviembre, el movimiento huelguístico en las refinerías y depósitos de petróleo de TotalEnergies y Esso-ExxonMobil marcó la vida del país, imponiendo la cuestión de los salarios, del coste de la vida y de la distribución de la riqueza como tema político central. Obviamente, esto se cristalizó en la escasez de combustible e incluso con la falta total de suministro en muchas estaciones de servicio del país. Ningún otro sector profesional con tanta repercusión tomó el relevo. Las y los huelguistas, que exigían un aumento general del 10%, finalmente no pudieron obligar a la dirección a ir más allá de un aumento general del 5% para los 2.500 empleados de Esso y los 14.000 de TotalEnergies. Esto es para el año 2023, con un adelanto en noviembre. Las huelgas en las centrales nucleares, la SNCF o la industria eléctrica no se convirtieron realmente en huelgas reconvertibles [que se prolongan día a día].
Sin embargo, la debilidad de la jornada del 10 de noviembre y la falta de continuidad desde entonces muestran una imagen deformada del gran número de huelgas locales en defensa de los salarios que se han producido desde octubre y el éxito real de muchas de ellas, aunque los aumentos obtenidos sean la mayoría de las veces inferiores al 6,3% de inflación anunciado para 2022. Todas ellas se llevan a cabo en el marco de la renovación de los convenios colectivos de 2022 o en previsión de la su renovación para 2023 (es el caso de TotalEnergies, por ejemplo).
En muchas empresas, las y los empleados están aún más motivados para rechazar una reducción significativa de sus salarios reales, ya que muchas de ellas han visto aumentar su facturación y beneficios en los dos últimos años, con el reparto de grandes primas para sus directivos. Es el caso, por ejemplo, de los 200 empleados de la plataforma logística Geodis de Gennevilliers, en la región de París, que, tras cuatro semanas de huelga, acaban de obtener una subida general del 5% para 2022. Una empresa con sueldos bajos que se moviliza aún más porque Geodis ha tenido un aumento de la facturación del 28% en 2021, con 948 millones de euros de beneficios. Unos buenos resultados que permitieron a varios directivos de la empresa recibir una bonificación de 300.000 euros en agradecimiento del esfuerzo realizado por sus empleados durante el Covid. También es el caso de SANOFI, un gran grupo farmacéutico, con beneficios de 12.300 millones en 2020, y un incremento del beneficio neto en un 11,8% en 2021. Esto no impide que la dirección proponga sólo un aumento del 3% en dos años para 2022 y 2023. Los trabajadores y trabajadoras, que han convocado una huelga para los días 22 y 23 de noviembre reclaman un 10,2% para estos dos años. En ENEDIS, la empresa distribuidora de electricidad, tras varias huelgas desde septiembre, acaban de obtener un aumento general del 9,7%. Se podrían citar muchos otros ejemplos, y en muchas empresas del sector privado, pero el rasgo característico sigue siendo la fragmentación de las respuestas, lo que dificulta la construcción de una relación de fuerzas frente a la patronal, MEDEF, y el gobierno. Las centrales sindicales, divididas en cuanto a la voluntad de construir una confrontación global sobre los salarios y el coste de la vida, no han definido una política de confrontación global y de centralización de las luchas existentes, ni una plataforma que se dirija al conjunto de las clases trabajadoras para obtener del gobierno la satisfacción de las reivindicaciones sobre la congelación de los precios, la escala móvil, la política fiscal, y para imponer otro reparto de la riqueza frente a una clase capitalista que se ha beneficiado ampliamente en estos últimos años. Es cierto que en la división sindical también pesa la proximidad de las elecciones sindicales en la función pública del 1 al 8 de diciembre para 5,6 millones de agentes públicos, unas elecciones que movilizan a una parte importante del aparato sindical. Elecciones que también se van a dar para los 150.000 agentes de la SNCF a partir del 17 de noviembre.
Al mismo tiempo, las direcciones sindicales han iniciado en las últimas semanas una consultacon el gobierno sobre la cuestión de las pensiones, antes de la presentación de un proyecto de ley para retrasar la edad legal de jubilación a los 65 años (en lugar de los 62 actuales), que en cualquier caso impondrá una gran movilización social en los próximos meses. Pero la construcción de una relación de fuerzas favorable a las y los asalariados requiere también la capacidad de defenderse contra la caída de sus salarios, el desafiar la tasa de beneficio que quieren preservar los capitalistas. Por lo tanto, la cuestión de los salarios, de las medidas adoptadas contra la elevada carestía de la vida y de las medidas fiscales que hacen frente a las políticas de clase del gobierno en beneficio de los capitalistas, es vital . El reto era y sigue siendo hacer de la cuestión salarial una cuestión política central, ya que el alto coste de la vida afecta a todas las clases trabajadoras. Esto, mientras el gobierno (así como el MEDEF, que ha sido muy discreto en los últimos meses) intenta constantemente contener el descontento social sin cuestionar la política de oferta ni impedir que las empresas capitalistas mantengan sus márgenes con uñas y dientes. Por ello, durante meses, Emmanuel Macron se ha levantado en armas junto a su ministro de economía, Bruno Lemaire, contra cualquier medida que ponga en tela de juicio su política fiscal y de ingresos, impulsando los mecanismos de las "primas Macron" exentas de impuestos hasta 6.000 euros, la flexibilización de los mecanismos de reparto de beneficios y financiando hasta 66.000 millones el escudo de las tarifas energéticos. Estas medidas preservan los beneficios capitalistas y evitan cualquier medida estructural, al tiempo que reducen aún más los ingresos de la Seguridad Social (con el sistema de bonificaciones libres de impuestos). Retomando el argumento de la doctrina liberal, Macron se opone a un aumento general de los salarios. Lo explicó el 26 de octubre en la cadena France2, afirmando que "indexar los salarios a la inflación significaría mantener la subida de los precios y la inflación, creando un bucle que nunca se detiene".
Por otro lado, en la habitual cortina de humo a la que nos tiene acostumbrados Emmanuel Macron, el 8 de noviembre el gobierno inició una conferencia sobre el reparto del valor, una conferencia en la que el ministro de Trabajo está dispuesto a hablar de todo... menos de los salarios y, precisamente, del reparto del valor añadido, de la riqueza producida en la producción. Tampoco en este caso se trata de cuestionar la tasa de margen de los capitalistas.
Así pues, la cuestión de los salarios seguirá siendo la principal preocupación de los trabajadores y de las clases trabajadoras en general. El precio de los combustibles, la energía y los alimentos, entre otros, pesarán aún más en los próximos meses; la inflación continuará en 2023.
Además de la división sindical, también hay una división política en el lado del movimiento obrero.
Mientras que el contexto político y social debería permitir ocupar un espacio político central al movimiento político, asociativo y sindical de las y los trabajadores, ayudando a organizar la movilización popular en las ciudades, los barrios y las empresas, lo que asistimos es a una dinámica dispersa, cada cual por su lado, que rompe cualquier dinámica. Con unos días de diferencia, el 16 y el 18 de octubre, la manifestación encabezada por la NUPES el día 16 contra la carestía de la vida, junto con otras fuerzas políticas como el NPA, y luego la de la CGT, Solidaires, FSU y FO el 18 por los salarios, deberían haber sido dos trampolines para organizar una dinámica común de lucha cuando, con tres días de intervalo, los manifestantes planteaban las mismas reivindicaciones y las refinerías estaban en huelga en todo el país. Pero la pelota quedó en el aire, nadie la retuvo. Por un lado, la dirección de la CGT se indignó ante las intromisiones en el terreno de la lucha sindical de la France Insoumise (FI), mientras que, por otro lado, la France Insoumise, a través de J. L. Mélenchon, mostró su deseo de "evitar perder el tiempo y crear tensiones inútiles". Y lo que es peor, "que nos lleven de reunión en reunión, lo que no hace más que retrasar la acción sin motivo alguno e incluso ponerla en peligro". En una palabra, la búsqueda de la unidad requeriría "caminar por separado para golpear por separado".
J. L. Mélenchon afirma que el FI o el NUPES serían en sí mismos el crisol, "más allá de los aparatos", de un nuevo Frente Popular. Los dirigentes de France insoumise siguen viendo las movilizaciones sociales como un simple trampolín para la promoción de su propio partido y el aumento de su audiencia electoral en caso de que se disuelva la Asamblea Nacional [y se convoquen nuevas elecciones]. Obsesionada por la lucha parlamentaria y la esperanza de nuevas elecciones que darían un papel central a la France Insoumise, este partido descuida la construcción de un movimiento unitario, de un frente político y social, que reúna a los partidos políticos y a los movimientos sociales, a nivel nacional y local para organizar una movilización global basada en las necesidades sociales actuales. Esta actitud es un verdadero obstáculo para la construcción de una mejor relación de fuerzas política y social.
A día de hoy, el resultado concreto es que Macron ha ganado el primer asalto: a pesar de la exasperación social y de la evidente necesidad de atacar a los capitalistas y sus beneficios para imponer la defensa de nuestros salarios, las fuerzas del movimiento obrero no se han mantenido como actores políticos en las confrontaciones sociales de las últimas semanas y la lucha por los salarios ha vuelto al cauce de la lucha reivindicativa empresa por empresa. Peor aún, mientras que las luchas de las clases trabajadoras contra la patronal son normalmente el peor terreno político para la extrema derecha de Rassemblement National, el gobierno y los medios de comunicación se esfuerzan desde hace semanas en hacer inaudible a la NUPES, en hacer "NUPES-bashing" para conseguir poner de nuevo a Marine Le Pen como representante de la principal oposición a Emmanuel Macron. Sin embargo, RN tiene dificultades para conciliar sus pocas consignas de apoyo a las reivindicaciones sociales y la imposición a los superbeneficios. Su defensa de las PYMES le lleva a votar en contra de cualquier incremento del SMI y a proponer la exención de las cotizaciones sociales para los aumentos salariales. Peor aún, el gobierno y los medios de comunicación repiten los adornos y la puesta en escena favorita en los meses previos a las pasadas elecciones presidenciales y legislativas: centran la atención en las cuestiones relativas a la seguridad y el apoyo a la policía, alientan los fantasmas sobre la invasión de Francia por el Islam y las personas migrantes y la necesidad de aumentar el número de OQTF [personas que deben abandonar el territorio por no estar regularizadas] ante a la "criminalidad de los extranjeros". Temas, todos ellos, muy queridos por el Ministro del Interior, Gerald Darmanin ya en la rampa de lanzamiento para las próximas elecciones presidenciales en 2027, al igual que el Ministro de Economía, Bruno Lemaire, que se pone en el punto de mira con el despliegue obediente de las medidas capitalistas neoliberales. En medio de este espectáculo, Marine Le Pen intenta cosechar los frutos de este nauseabundo estruendo que pretende encubrir las reivindicaciones sociales de las clases trabajadoras.
Hoy en día existe una verdadera problema de polarización política, de cristalización del descontento y de las luchas sociales sobre una base de clase. Esto obliga, evidentemente, trabajar por la construcción de herramientas unitarias en las ciudades, las empresas y los barrios que permitan cristalizar y reforzar la relación de fuerzas.