Desde finales de enero, la situación social y política en Francia esta determinada por la oposición popular a la contrarreforma de las pensiones que plantea el gobierno. Y aún cuando en estas últimas semanas esta oposición se haya debilitado, la movilización tiene un efecto político directo en el debilitamiento y la inestabilidad de Macron y su partido La République en Marche (LREM).
Estas últimas semanas hemos asistido a tres nuevas jornadas de movilización: 29 de enero, 6 y 20 de febrero. Cuantitavamente, la afluencia de gente en las movilizaciones ha sido menor, porque si bien la oposición a la contrarreforma sigue siendo fuerte, el movimiento ya no se apoya en las y los huelguistas de la RATP y de la SNCF en su confrontación con el gobierno, y no hay otro sector [con un peso similar] que haya tomado el relevo.
A pesar de ello, seguimos asistiendo a una multiplicidad de huelgas en diversos sectores, a ocupaciones de empresas y a acciones espectaculares:
La huelga continúa en los puertos, en la EDF [electricidad] con cortes de corrientes y de producción, en los centros de tratamientos de basuras domésticas de Paris y Marsella, con intervenciones policiales en ésta última, para permitir el acceso a los centros. Por su parte, los bomberos en huelga fueron violentamente reprimidos por la policía, con gases lacrimógenos y granadas de dispersión, provocando 30 heridos en la manifestación nacional del 28 de enero en Paris. Y siguen las huelgas en el sector de la cultura (Biblioteca nacional de Francia, Torre Eiffel…), así como entre las y los docentes-investigadores.
La ofensiva contra el sistema de pensiones ha puesto de relieve todas las injusticias sociales, los bajos salarios de las profesiones precarizadas o las duras condiciones de trabajo en algunos sectores. La puesta en pie del proyecto Macron no hace sino agravar aún más su situación.
Las profesiones liberales, abogacía, medicina, fisioterapia, víctimas también de la contrarreforma se manifestaron de nuevo el 3 de febrero. Destacan en ellas, las y los abogados que llevan ya 7 semanas en huelga y están muy presentes en las manifestaciones.
En paralelo a estas protestas contra el proyecto de ley de Macron y antes de las vacaciones escolares de febrero, hubo numerosas huelgas en los centros escolares, impulsadas tantos por las y los enseñantes como por el alumnado. En estas movilizaciones se juntaba el rechazo a la contrarreforma de pensiones y el rechazo (e incluso el boicot) a los exámenes de control continuo del bachillerato. Exámenes que han sido boicoteados, bloqueados o pospuestos en un tercio de los centros educativos. También en este sector la policía intervino, a menudo violentamente, contra las y los estudiantes, practicando numerosos arrestos.
El motivo de este boicot es la imposición de una reforma del bachillerato que acentúa la selección social y territorial del alumnado, y completa la reforma de la selección para el acceso a la universidad. Por su parte, el profesorado continúa movilizándose porque la contrarreforma supone una pérdida de cientos de euros en sus pensiones, y la única propuesta que ha hecho el Ministro de educación es una prolongación del tiempo de trabajo o de las tareas complementarias para que parte del profesorado pueda compensar esta pérdida.
Por otra parte, el 14 de febrero se movilizaron miles de personas pertenecientes a los centros hospitalarios. Este personal (la mayoría, un 70%, mujeres) viene realizando, desde hace un año, huelgas contra el cierre de servicios y de hospitales y la degradación general de la sanidad pública; en 20 años se ha suprimido el 20% de camas (100.000) en los hospitales y el 40% en las maternidades de proximidad. A causa de ello, a mediados de enero 1285 jefes de servicio dimitieron de sus funciones, exigiendo una negociación sobre los presupuestos y los salarios de todas las categorías del personal ante lo que el gobierno acaba de anunciar un plan de urgencia totalmente insuficiente.
Las estaciones de ski también están viviendo jornadas de huelga estas últimas semanas contra la reforma del seguro de desempleo que supuso una reducción del 30% del subsidio de desempleo para las y los trabajadores temporales.
Así pues, quince meses después de que se iniciara la movilización de los chalecos amarillos Francia da la imagen de un país en el que las clases populares ven agredidos sus derechos sociales, sus salarios, sus pensiones y su protección social. Desde hace tres años, la ofensiva de Macron y de su gobierno no ha dejado de abrir heridas y crear más desigualdades, sin proporcionar la más mínima a la injusticia social, a la urgencia climática y ecológica, o las discriminaciones y la violencia contra las mujeres.
Las clases populares están en contra de este gobierno que pensó que tenía las manos libres tras haber neutralizado al resto de partidos institucionales en 2017. Pero el efecto de los ataques de Macron ha sido el de poner más en cuestión la adhesión social al sistema y reducir la capacidad de resignación entre las clases populares. El LREM se benefició de la pérdida de legitimidad de los partidos, pero él no ha hecho más que agravarla y convertirse él mimo en víctima de esta perdida de legitimidad. Lo que conduce al aislamiento de Macron como lo muestran todas las encuestas y a una oposición mayoritaria a sus proyecto de ley sobre las pensiones.
El capitalismo neoliberal busca sin descanso borrar las identidades de clase y sus conquistas sociales, calificándolas de corporativistas al tiempo que promueve el culto al individualismo, la cultura de la precariedad y la meritocracia, ensalzando el éxito de las clases poseedoras y justificando sus privilegios. Pero, paradójicamente, primero con el movimiento de los chalecos amarillos y ahora con la lucha en defensa de las pensiones, Macron ha dado sentido a la identidad de clase y a la acción colectiva; ha hecho más visible que nunca la necesidad de la unidad del campo de las y los explotados. También ha logrado puesto a flor de piel el rechazo a las clases poseedoras y a los políticos y media a su servicio, el rechazo a la violencia policial. Optando por una política agresiva en defensa de los intereses de los grupos capitalistas, sin preocuparse de alcanzar el menos compromiso social indispensable para que esta política sea aceptada por los burócratas sindicales de la interlocución social, Macron y sus acólitos desestabilizan la sociedad francesa.
La caricatura de esta forma de actuar se puso se manifiesto estos últimos días en la Asamblea Nacional cuando, pensando servir a los intereses de la patronal, el grupo LREM se opuso en bloque a una propuesta que prolongaba de 5 a 12 días el permiso retribuido de los trabajadores y trabajadoras por el fallecimiento de un hijo o hija. Ante la indignación general provocada, la propia patronal (Medef) exigió al gobierno cambiar de posición y volver a plantear a voto la propuesta. Esta lamentable metedura de pata revela al mismo tiempo la mentalidad ultra reaccionaria de este gobierno y su fragilidad política actual.
Ya ningún responsable de la mayoría oso alzar la voz en defensa del sistema universal de pensiones. Aún no existe ningún simulador [para poder calcular la pensión aplicando el sistema propuesto por el gobierno] y parece que ni los sectores presentados como los grandes beneficios del nuevo sistema (mujeres y agricultores), tampoco lo son, sino todo lo contrario. Cada semana aparece un nuevo análisis de los perjuicios que provoca este sistema, sobre todo entre la gente más precaria.
Habiendo optado por una reforma que pretendía basarse al mismo tiempo en la edad legal de jubilación y la modificación de los equilibrios del actual sistema, Macron desestabiliza su propia mayoría parlamentaria y reduce su base social. Las próximas semanas van a ser complejas y difíciles para él.
El 17 de febrero comenzó el debate en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley totalmente cojo. Y aún falta todo el apartado financiero que permita el equilibro de los ingresos y gastos del nuevo sistema en los próximos años. Esta cuestión resulta tanto o más espinosa toda vez que, para evitar la extensión de la huelga a nuevos sectores, desde hace dos meses desde hace dos meses el gobierno lleva realizando diversas promesas en relación a que las generaciones que se jubilen en los próximos años no sufrirán una reducción de sus pensiones, lo que implica, a toda evidencia, el mantenimiento de las prestaciones a pesar de la reducción de las cotizaciones. Tampoco se conoce el indicador que debería hacer evolucionar el valor de liquidación de los puntos y el gobierno se presta a exigir al servicio nacional de estadística (Insee) la elaboración de un nuevo índice menos ventajoso que el crecimiento del salario medio [que se anunció como el indicativo inicial].
En paralelo al debate en la Asamblea Nacional se desarrolla la conferencia social tripartita (gobierno, patronal, sindicatos) que debería acordar el proyecto de financiación de las pensiones hasta 2025. En ella aparece claro que la opción gubernamental sigue siendo la edad pivote, es decir, el retroceso cuanto menos de dos años para llegar a la jubilación (de 62 a 64 o 65 años). La CFDT, único aliado del gobierno, tendrá que tragar este sapo sin ni siquiera obtener a cambio el menor avance en lo que respecta al reconocimiento de empleos penosos que permitan una jubilación anticipada. Muy a contrario, muchos oficios de la Función pública van a perder el derecho a una jubilación anticipada que le otorga el actual sistema (trabajadores y trabajadoras de hospitales, de las basuras, del alcantarillado…). Esta conferencia sobre la financiación, a la que la CGT le ha dado el portazo y a la que no se ha invitado ni a Solidaires ni a la FSU (sindicatos representativos en la Función pública), se reduce a un diálogo con la minoría del movimiento sindical para hacer pasar la propuesta del gobierno.
El partido de Macron, ya ha tenido que hacer frente a la dimisión varios electos y electas de su grupo parlamentario (21 sobre 314) y, en vísperas de las elecciones municipales del mes que viene, en varias ciudades se le han multiplicados candidaturas alternativas de responsables de su partido, sin olvidar a quienes no quieren presentarse con la etiqueta de LREM, el partido del presidente.
Todo ello es síntoma de la crisis que se viene acumulando estas últimas semanas como fruto de la ofensiva de un movimiento que si aún no es lo suficientemente potente para bloquear la política de Macron, es lo suficientemente fuerte para resquebrajar la mayoría parlamentaria y al gobierno.
Por otra parte, en lo que respecta a las elecciones municipales, el partido de Macrón parece a todas luces incapaz de competir con Les Républicans [derecha tradicional] y el PS, o de conservar las alcaldías en algunas de las ciudades en la los macronistas tránsfugas del PS o de Les Républicains lograron la alcaldía hace seis años.
Les Républicans, muy debilitados tras [la derrota en] las elecciones generales de 2017 y el fiasco de Fillon, recuperan vitalidad gracias a esta conmoción de Macron y posicionan a sus líderes para las elecciones presidenciales de 2022. Al mismo tiempo, se distancian totalmente de esta reforma patituerta alimentando la animosidad de las profesiones liberales ulceradas por la pérdida de sus regímenes particulares.
El propio Medef, hasta el momento bastante callado, ha comenzado a expresas su descontento. La patronal nunca había planteado una reforma global del sistema de pensiones. Sólo quería tener la garantía de no soportar ningún gasto complementario y sobre todo una reducción de sus cargas, a través del retroceso de la edad de jubilación a 64 o 65 años. Esta reforma global comienza a sentarles mal, porque no ofrece ninguna claridad sobre su financiación y trata de destruir un marco de gestión paritaria sindicatos-patronal, que al Medef le venía como anillo al dedo, en beneficio de un control estatal que no goza precisamente de la confianza de la dirección de la patronal. Efectivamente, estos últimos años, la gestión paritaria de las pensiones complementarias (Arrco-Agirc), ha permitido implantar a hurtadillas retrocesos sociales con el acuerdo de las burocracias sindicales.
Además, la patronal no ve con buen ojo reducir el régimen obligatorio a los salarios inferiores a 10.000 €/mensuales. Eso les obliga a participar en la financiación de un sistema complementario (bajo la forma de fondos de pensión) para las cuadros altos, sin que por el momento ello vaya acompañado de las ventajas fiscales que detentaban esas cotizaciones en el sistema actual. Por otra parte, si bien el Medef rechaza el reconocimiento de la penosidad, también plantea contra los límites propuestos. Y, sobre todo, exige al gobierno que defina su proyecto de financiación y decida de forma cara prolongación de la edad de jubilación.
Varios de los inspiradores del proyecto de reforma de Macron (Bozio, Pisani-Ferry) también manifiestan de forma abierta su desconfianza frente a un proyecto cojo e incomprensible.
Así pues, el gobierno se ve sacudido por la masiva movilización de estos últimos meses y el rico debate provocado por la movilización social.
Este debate también deja al descubierto que la financiación de las pensiones se corresponde con una opción política, con un modelo de sociedad. Las y los militantes del Dares (departamento para impulsar la investigación, los análisis y las estadísticas, vinculado al Ministerio de trabajo) acaban de demostrar en un estudio ampliamente difundido estas últimas semanas, que no hay problema de financiación ni demográfico en lo que respecta a la financiación de las pensiones [que se presentó como la causa para la reforma].
Es cierto que en 1960 había cuatro personas activas por una jubilada y que hoy en día, la relación es de 1,7 por 1. Pero entretanto, excluyendo la inflación, el PIB se ha multiplicado por 4,9 y el PIB per capita, por 3,4. De ahí que las cuatro personas activas en 1960 generaban 95.000 euros, mientras que 1,7 personas activas en 2020 general 142.000 euros. Por consiguiente, hoy en día hay una riqueza 1,5 veces superior para financiar las pensiones, con lo que el argumento del débil número de personas activas es totalmente absurdo.
Evidentemente, el verdadero problema es el del reparto de la riqueza producida: entre 1960 y 2020, la participación de la patronal en la financiación de la protección social ha pasado del 60 al 40%, y son las familias, a través de los impuestos pagados por el alcohol y el tabaco, quienes compensan ese déficit. Es el Estado el que compensa las reducciones otorgadas a la patronal, cuando esas cantidades podrían servir para financiar servicios públicos.
El debate parlamentario va a continuar durante semanas, ya que los distintos grupos de la oposición quieren aprovechar el mismo para desestabilizar a la mayoría macronista. Pero la guerrilla institucional (alrededor de 45.000 enmiendas) no podrá, por sí misma, bloquear esta ley. Si el debate parlamentario se prolonga, el gobierno preferirá optar por aplicar el artículo 49.3 que permite adoptar la ley sin el debate sobre las enmiendas.
Para lograr salir de la trampa en la que se ha metido él mismo, Macron trata de utilizar todos los recursos para desviar la atención social de la cuestión de las pensiones. En un primer momento ensayó presentarse como jefe de Estado internacional, impulsando la defensa común europea. Después, subió a un glaciar en Chamonix para darse un baño de defensor del medioambiente y de actuar contra el calentamiento del planeta, en el momento en el que las candidaturas de EELV [ecologistas] parece que van a obtener muy buenos resultados en las municipales. Por último, y de vuelta a las viejas recetas nauseabundas, en Mulhouse, escenificó una campaña islamofóbica contra el "separatismo islamista" con la que polarizar la vida política durante las próximas semanas. No es evidente que estas maniobras de diversión den los resultado deseados.
En todo caso, la única vía para una salida positiva para el movimiento sigue estando en una movilización popular que obligue a Macron y a su gobierno a retirar su proyecto.
Para ello, las fuerzas militantes del movimiento puede beneficiarse de la primera fase de la movilización en la que las y los huelguistas de la SNCF y de la RATP se erigieron en la dirección real del movimiento.
La huelga reconductible que se inició el 5 de diciembre en ambos sectores se venía preparando desde hacía tres meses a través de un tenaz trabajo militante. Hoy en días son muchas las voces que hablan de que hay que plantearse ese objetivo en los sectores profesionales más importantes para preparar de aquí a marzo un movimiento de conjunto, una huelga general reconductible. Esta propuesta va de la mano de realizar una manifestación nacional en Paris impulsada por el conjunto de las fuerzas sindicales y del movimiento social. Más allá de la izquierda radical, Solidaires se hace eco de esta propuesta que, por el momento, no ha obtenido el acuerdo de la intersindical nacional, lo que hace que el movimiento continúe al ritmo habitual sin una estrategia, un objetivo capaz de darle el aliento necesario para hacer doblar la rodilla a Macron. No faltan ni energías ni propuestas para una jubilación justa y solidaria. Son miles las y los militantes que están dispuestos a impulsar una confrontación que puede ser victoriosa.
23/02/2020