La batalla contra la ley Macron no ha terminado

Tras más de dos meses de huelgas y manifestaciones contra la reforma de las pensiones, el 15 de febrero comenzó el debate de la Ley presentada por el gobierno en la Asamblea Nacional. En aras de desarrollar una guerrilla parlamentaria, la France Insoumise (FI) y el PCF depositaron 36.000 enmiendas a los 81 artículos de la Ley para un debate que estaba previsto concluir, a más tardar, el 9 de marzo. Pero, como era previsible, el 29 de febrero, el primer ministro, Edouard Philippe, utilizó la prerrogativa de choque que le otorga la Constitución de la Vª República: aplicar el artículo 49.3.

Este artículo le permite al gobierno suspender de forma inmediata el debate sobre el proyecto de ley y que el mismo sea adoptado bajo la responsabilidad del gobierno. De ese modo, la Ley queda aprobada automáticamente salvo que una mayoría parlamentaria apruebe una moción de censura. Dado que en las elecciones de 2017 el partido gubernamental (La République en Marche, LREM) obtuvo la mayoría absoluta, sin contar los 46 escaños del Modem que apoya a Macron, estaba claro que la moción de censura no podría pasar.

Finalmente, se presentaron dos mociones de censura. Por una parte, lo hizo Les Républicans y, por otra, los tres grupos de izquierda (PS, PXF y FI) que fueron votadas el 3 de marzo y resultaron minoritarias. Así pues, automáticamente, el 5 de marzo, la Ley quedó aprobada.

Así pues, el proceso parlamentario continuará en abril para su debate en el Senado y volverá a la Asamblea para ser votado antes del verano. Durante los dos meses que vienen, la confrontación en torno a este ataque social va a marcar la situación social y política.

Desde que se anunció la aplicación del Art. 49.3, centenares de militantes se manifestaron frente a la Asamblea Nacional y el martes 3 de marzo, mientras se votaban las mociones de censura, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país.

Desde ese momento, el rechazo popular viene in crescendo. Varias encuestas ponen de relieve el rechazo del 70% de la población a este diktat gubernamental del 49.3 y más del 60% manifestó su apoyo a las mociones de censura para tumbar al gobierno.

Igualmente, el rechazo al la reforma de Macron continúa siendo mayoritario, situándose por encima del 60%, sobre todo entre la juventud y las mujeres y en las regiones en las que el nivel de vida de las clases populares es más bajo.

Es esta oposición la que ejerce una presión real sobre el partido mayoritario y la que le ha obligado a echar mano del Art. 49.3 para intentar presentarse como un poder fuerte, capaz de imponer sus reformas.

Para lograr ser elegido y enraizar su partido, Macron jugó la carta de un proyecto neoliberal moderno, europeísta, abierto en cuestiones societales, no solamente opuesto a la extrema derecha sino también al arcaísmo conservador de Les Républicans y de PS. Con ello logró atraer a sectores del electorado tanto simpatizantes de los Verdes como del PS que le veían como un dique frente a Marine Le Pen.

Actualmente ya no queda nada de todo eso y el LREM lo pagará caro en la elecciones municipales que se celebran ente el 15 y el 22 de marzo [primera y segunda vuelta], al mismo tiempo que para Macron la perspectiva electoral para las elecciones presidenciales de 2022 resulta más que dudosa.

A lo largo de estas últimas semanas a Macron también le hubiera gustado recuperar terreno a la derecha en base a cuestiones soberanas y tomar impulso en base a una campaña islamófoba contra el "separatismo islamista".

Pero la epidemia del coronavirus le ha impedido jugar esa carta que, por el contrario, ha puesto cruelmente de relieve la catastrófica situación del sistema sanitario, bastante asfixiado antes de que apareciera el Covid 19. Algo que muchos jefes de servicio se lo han recordado estos últimos días.

Al mismo tiempo, esta epidemia ha puesto en primera línea en Francia el contra-ejemplo de EE UU donde no existe un sistema federal de salud pública, lo que hace depender de las aseguradoras privadas a las personas afectadas. Por el momento, Francia goza de un sistema que permite una asistencia pública y gratuita en las antípodas del modelo neoliberal que inspira la contrarreforma de las pensiones.

Así pues, por el momento, el futuro de la ley sobre las pensiones sigue abierto. El descontento social sigue siendo fuerte y existe capacidad para lograr impulsar una movilización capaz de hacer retroceder a Macron en este tema. Las próximas semanas asistiremos a numerosas manifestaciones, comenzando por el 8 de marzo y continuando por las movilizaciones de los chalecos amarillos, contra el racismo, a favor de la apertura de las fronteras a refudiados y migrantes, las marchas por el clima… Además, a principios de abril, se van a implantar nuevas disposiciones que limitarán más aún los derechos de las personas desempleadas.

Sobre todas estas cuestiones, en el país sopla un viento que cuestiona el sistema; de entrada contra la violencia machista y el beneplácito del que gozan los depredadores sexuales, pero también contra los "primeros de la cordada" elogiados por Macron, de los que Carlos Ghosn [exdirector general de Renault procesado por la justicia nipona que huyó a Líbano] es el arquetipo. El mundo de Macron se está agrietando, si bien en frente no tiene una convergencia, una cohesión social y política con un proyecto anticapitalista, capaz de superar las falsas alternativas. Tanto el movimiento de los chalecos amarillos como el del rechazo a la reforma de las pensiones hacen emerger la necesidad de la justicia social y del reparto de la riqueza, ambas muy presentes en amplias capas de las clases populares. Estas necesidades y las movilizaciones ponen de relieve que el obstáculo para lograr esta justicia social y satisfacer estas necesidades es el interés de los grupos capitalistas y bancarios a los que representa Macron. La convergencia de estas aspiraciones está presente en todas las movilizaciones de estas últimas semanas y en numerosos llamamientos que se realizan desde el movimiento sindical y asociativo, así como de la izquierda radical, sin que ello conduzca a la puesta en pie de un frente social y político a la altura de las circunstancias.

Las movilizaciones de las próximas semanas constituyen puntos de apoyo para ello, pero no podrán, por sí mismas, poner en pie la confrontación con Macron, poner en pie en todo el país una movilización similar a la que se puso en marcha en diciembre pasado en la SNCF y en la RATP. La intersindical sindical convoca una nueva jornada de movilización el 31 de marzo. Aunque resulte tardía, esta fecha podría constituir el punto de partida para una nueva ofensiva contra Macron, para nuevas jornadas de huelgas en distintos sectores y para nuevas iniciativas de bloqueo, al igual que para una movilización nacional masiva en París antes de que la Ley sea definitivamente aprobada. Es en lo que están trabajando los sectores más combativos del movimiento. La salida de esta confrontación dependerá del eco que tengan sus propuestas.