Una vez más, Francia ha entrado en una fase de confrontación social de una gran dimensión. Hace una años (noviembre 2018) irrumpió en las rotondas y en la calle de todo el país el movimiento de los chalecos amarillos. Provocado por la voluntad decidida del gobierno de imponer un incremento en el impuesto sobre los carburantes, el movimiento no tardó en plantear como una de las primeras reivindicaciones el incremento del poder de compra (sobre todo del SMI), el rechazo a una sociedad gestionada por y a favor de los más ricos, el restablecimiento del impuesto sobre las grandes fortunas y la exigencia de una democracia en la que las clases populares se pudieran hacer oír. Al gobierno de Macron les estalló en la cara la exasperación social generada por las políticas de austeridad que se venían imponiendo desde los años 1980.
Una exasperación que en las elecciones presidenciales de 2017 provocó el hundimiento de los dos partidos que venían gestionando el sistema desde los años 1960: el partido gaullista (LR) y el partido socialista (PS). Tomando las riendas de la gestión capitalista, Macron pensó que tenía las manos libres para exhibir su arrogancia e insolencia de clase y emprender contrarreformas capitalistas sistémicas: acentuar los rasgos autoritarios del Estado y de una política económica liberal en provecho de los grandes grupos capitalistas. También pensaba, sin reparar en la confrontación social, que tenía las manos libres para emprender reformas a la Thatcher en los temas que los gobiernos precedentes habían fracasado, con el objetivo de situar a Francia al miso nivel que los países vecinos en términos de regresión social en el ámbito de los derechos laborales y de la protección social.
Pocos meses después de su elección, en otoño de 2017, promulgó cinco decretos-ley sin que los sindicatos apenas rechistaran. Uno de ellos quebraba el sistema de representación sindical de los trabajadores y trabajadoras en las empresas, reduciéndo en un 50% el número de representantes. Otro, liquidaba la prevalencia de los acuerdos sectoriales sobre los de empresa en la negociación colectiva, favoreciendo el dumping social y, un tercero, allanaba el camino a los despidos al dificultar los recursos de las y los trabajadores ante los tribunales.
Unos meses más tarde, en la primavera de 2018, la Asamblea Nacional aprobó el desmantelamiento de la SNCF (Red ferroviaria) como empresa pública y el estatus de su plantilla. A partir de 2020 la SNCF se dividirá en varias sociedades anónimas y la red ferroviaria estará abierta a la competencia al tiempo que se prevé la supresión de miles de kilómetros de línea. Igualmente, a partir del 1 de enero, el nuevo personal contratado no contará con el estatus de personal ferroviario que data de hace más de un siglo. La característica fundamental de este estatus es que garantiza el empleo y reconoce la penosidad del trabajo de forma que el personal rodante pueda jubilarse a los 52 años y el sedentario a los 57. La respuesta sindical a este reconversión que impuso la intersindical (CGT, FO, UNSA): con 18 huelgas de dos días consecutivos durante 3 meses (más conocida como la táctica de 2/5), desgastó la combatividad del sector sin lograr generar una relación de fuerzas favorable frente a Macron. Con esa victoria, el gobierno volvió a imponer por decreto una nueva reforma sobre el seguro de desempleo que entró en vigor el 1 de noviembre, restringiendo sobremanera las condiciones para acceder a las prestaciones por desempleo. Y a ello se añade, en los dos últimos años, las graves agresiones contra el sistema educativo, mediante la reforma de la enseñanza secundaria y del acceso al ciclo superior que implica una verdadera segregación social.
Por otra parte, en el otoño del año pasado, la mayoría del movimiento sindical francés rehusó reconocer al movimiento de los chalecos amarillos como expresión de una irrupción de las clases populares, mostrándose incapaz de buscar desde el inicio una convergencia con el mismo y poner en pie un poderoso movimiento contra la injusticia social y la austeridad. Esta división, aún cuando fue corregida de inmediato por los sectores más activos del movimiento sindical, dio a entender al gobierno que al igual que la oposición política, la oposición social tampoco era capaz de unirse para bloquear su ofensiva.
De ese modo, el balance que extrajeron Macron y su gobierno fue que podía poner en marcha una reforma que siempre había sido postergada por el capitalismo francés: la puesta en cuestión del sistema de pensiones que data de 1945.
La relación de fuerzas establecida por las clases populares en Francia tras décadas de combate social logró que en 2018 el gasto público representase aún el 56% del PIB. En Francia el presupuesto social del gasto público representa el 31,2% del PIB, la cifra más elevada de la OCDE (cuya media es del 20,1%), aún cuando haya reculado un 1% desde 2016. La mayor parte del gasto social concierne a las pensiones (13,9%) y a la Sanidad (8,7%), que sitúa a Francia entre los países de cabeza en Europa a pesar de los numerosos ataques que han sufrido estos dos sistemas. El gasto público medio para las pensiones en la OCDE se sitúa en el 7,5% del PIB: el Estado español gasta 11%, Alemania 10,1%, el Reino Unido y Suiza 6,5% y Holanda 5,4%. En estos últimos países, sólo quienes hayan tenido medios (propios o por parte de la empresa) para suscribir fondos de pensiones pueden acceder a un nivel de vida digno.
Este nivel de gasto público permite que Francia sea, junto con el Estado español e Italia, uno de los tres países con mayor esperanza de vida en Europa (82,9 años).
Según Eurostat, en Francia, aún cuando un millón de pensionistas viven bajo el umbral de pobreza, sólo el 7% corre el riesgo de la misma (es decir, una renta inferior al 60% del salario medio), contra un 19% en Alemania y el Reino Unido.
Así pues, Francia no ha alcanzado aún el nivel de regresión social en el que se sitúan los principales países europeos.
Es este componente del modelo social, que sus predecesores no logran desmantelar, al que Macron quiere poner fin.
El esquema es simple: congelar el gasto público de pensiones al nivel actual, inferior al 14% del PIB, cuando el número de pensionistas va a incrementarse en un 1,5% anual de aquí al 2050. Matemáticamente (y en euros constantes) esto se traduce en el reparto de la misma masa monetaria entre un número creciente de pensionistas, lo que conlleva una reducción de las pensiones y un empobrecimiento de las y los pensionistas.
Para lograr este objetivos, el gobierno ha elaborado un proyecto que suprime todos los sistemas de pensión actuales basados en regímenes especiales, denunciados como injustos, no igualitarios y que absorben miles de millones.
Actualmente, más del 84% de las personas activas pertenece, groso modo, a dos regímenes de pensiones:
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El del sector privado (19 millones de trabajadores y trabajadoras) que el 50% de su pensión a través del servicio público de pensiones por repartición (calculado por anualidades) y alrededor del 20% mediante un sistema nacional de pensiones complementario basado en puntos.
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El de las funcionarias y funcionarios del Estado y de las colectividades locales (4 millones de personas) pagadas directamente por el Estado y un servicio de pensiones de las colectividades locales.
En estos dos regímenes, las anualidades necesarias y el cálculo de salario de referencia no son los mismos, pero la pensión oscila entre el 72 y el 74% del salario.
Junto a estos dos sistemas, alrededor de medio millón de personas asalariada pertenece a una docena de regímenes especiales heredados de actividades muy concretas y, a menudo, de convenios anteriores a la segunda guerra mundial (ferroviarios, electricistas del gas, empleados notariales, conductores del transporte público en París, empleados de la Opera…).
Todos estos regímenes de repartición tiene una prestaciones garantizada: cualquier asalariado o asalariada conoce al final de su carrera con qué pensión se va a jubilar. Este sistema es contrario al sistema por puntos, con contribuciones garantizadas, pero donde si bien se conoce la cantidad que se cotiza no se sabe el importe que se va a cobrar.
Aparte de eso, 3,4 millones de activos es gente no asalariada que cuentan, o no, con sistemas totalmente autónomos para lograr tener una pensión.
El proyecto del gobierno conlleva establecer un régimen único (de puntos), reemplazando todos los sistemas de pensiones, para la gente asalariada o no asalariada, los regímenes de base y los complementarios. El argumento es simple: "un euro de cotizado otorga a todo el mundo el mismo derecho". Un sistema en el que nadie sabrá lo que valdrán sus puntos a la hora de jubilarse, ni tampoco lo que esos puntos valdrán de un año para el siguiente.
Suecia puso en marcha este sistema, basado en cotizaciones definidas, en los años 90 para reducir el gasto de las pensiones en el PIB. Macron se refiere a él como un ejemplo a seguir. Años tras año, las y los pensionistas suecos ven como su pensión se reduce, y las mujeres son las más perjudicadas.
Dramatizar la situación para justificar la reforma
Con el objetivo de preparar el terreno para la reforma, el Gobierno de Macron puso en marcha una campaña de propaganda, bien secundada por los grandes media, para denunciar "a quienes se aprovechan de un sistema de pensiones a borde del abismo". Aún cuando ello suponía borrar de un plumazo lo que el propio Macron afirmaba en su web durante la campaña electoral de 2017:
"Tras más de veinte años de sucesivas reformas, el problema de las pensiones no constituye ya un problema financiero… Por la primera vez después de decenios, las perspectivas financieras permiten mirar el porvenir con una razonable serenidad".
Con el fin de generar un clima de tensión y urgencia, el gobierno pidió un nuevo informe al Consejo de Orientación de las Pensiones (COR, en francés), organismo paritario, que en junio pasado había público un informe en el que no había ningún elemento para alarmarse y afirmaba (al igual que el candidato Macron) que, por desgracia, para 2017 el nivel de pensiones pagadas se reduciría debido a los recortes implementados desde 1993 contra el sistema de pensiones y que la salud del sistema no corría ningún riesgo.
Sin embargo, el nuevo informa de la COR, publicado en noviembre, viéndose obligado a integrar la hipótesis de importantes reducciones en las aportaciones del Estado de aquí al 2025, introdujo un posible déficit de 17 mil millones (sobre un presupuesto de más de 300 mil millones). El gobierno y los media se han amparado en este hipotético déficit como si condujera a una ¡explosión del gasto!
El problema es que el proyecto de Macron ha generado una hostilidad creciente entre la población, sea asalariada o no.
La razón de ello es que tras el diálogo con los interlocutores sindicales y los profesionales desconfiados para elaborar su proyecto, en julio pasado, J.O. Delevoye, Alto Comisionado para las Pensiones, hizo público un informe que, tras su lectura, semana tras semana, abogados, tripulantes de barcos, electricistas del gas, enseñantes…, comprendieron que tenían mucho que perder. Además, numerosos estudios han rebatido de forma inmediata la propaganda gubernamental exaltando los méritos del nuevo sistema [por puntos]; sobre todo en lo que se refiere a las pensiones más bajas o a las de las mujeres. Efectivamente, el nuevo sistema amplía aún más la brecha salarial y profesional que experimentan las mujeres y las personas asalariadas precarias.
Los sectores que gozan de disposiciones especiales (ferroviarios, bomberos) tampoco tardaron en comprender que el sistema propuesto iba a destruir todas las ventajas obtenidas en función de sus condiciones laborales. Incluso la policía amenazó al gobierno con ir a la huelga.
La organización de la movilización del personal ferroviario
Con el deseo de no sufrir una derrota más y extrayendo lecciones del fracaso de la movilización del año pasado, desde septiembre pasado, SUD-Rail y UNSA-Ferrovière llamaron a una huelga reconducible [la asamblea decide en cada momento si continuar y cómo la huelga] a partir del 5 de diciembre contra el proyecto Delovoye. Llamamiento que fue apoyado por FO y la CGT. Incluso la CDFT llamó a la huelga para el 5 de diciembre. Paralelamente hubo llamamientos a la huelga y a manifestarse en los sectores de la energía, en toda la función pública, por parte de los sindicatos de abogados y de las organizaciones juveniles. Incluso los sindicatos policiales anunciaron "cierres simbólicos de las comisarías". Finalmente, todas las confederaciones sindicales –salvo la CFDT y la CFTC- llamaron, a nivel nacional e interprofesional, a movilizasrse el día 5.
El gobierno, respaldado por sus logros precedentes, esperaba que el 5 de diciembre sería una especie de tormenta de verano, inevitable pero sin futuro, una jornada de huelga de los sectores con regímenes especiales, la SNCF y la RATP [transporte público en Paris].
Su desilusión ha sido fuerte. Con 800.000 manifestantes según la policía y 1,5 millones según la CGT, la fuerza de las manifestaciones y la extensión de la huelga recordaba las fuertes jornadas de huelga y manifestaciones de 1995… Solo que el 5 de diciembre hubo en la calle más manifestantes que durante la primera jornada de movilización, el 24 de noviembre, en aquel año.
En la SNCF la índice de huelguistas fue impresionante: 90% de trenes suprimidos y en París sólo funcionaban las líneas de metro automáticas; lo mismo en el sector de enseñanza (70% de huelguistas en primaria y secundaria), en el que han comprendido que serían quienes más perderían con esta reforma.
Pero sobre todo, el gobierno no se esperaba que en el sector del ferrocarril se votara en todos los sitios a favor de reconducir la huelga hasta el 9 de diciembre, rompiendo con las tácticas precedentes.
Por ello, para intentar apagar el incendio, el primer ministro intentó generar varios cortafuegos el viernes día 6:
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convencer a las y los asalariados de los regímenes especiales que no se verían afectados de inmediato por la reforma;
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garantizar a la policía que no se tocará su sistema de pensiones "porque ellos arriesgan su vida todos los días";
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garantizar a las y los enseñantes que (en 2021) se van a incrementar los salarios para que no sufran reducciones en las pensiones.
El problema es que el gobierno no ha presentado aún el proyecto de ley. Estaba esperando a que pasara el día 5 para ver si podría mantener intacto su proyecto inicial una vez pasado el temporal. Ahora se ha dado de plazo hasta el miércoles día 11 para hacer público el mismo, esperando que el martes la huelga en la enseñanza se apague, que el transporte recupere su actividad y que la movilización no se extienda a otros sectores.
En todos los sectores los militantes combativos han comprendido que es necesario construir una verdadera relación de fuerzas, que más vale pájaro en mano que ciento volando, y que es necesario extender la huelga más allá del sector del transporte. Sin duda, para los días que vienen, el objetivo está en la convergencia de los distintos sectores en torno a una misma demanda: la retirada del proyecto de reforma de Macron. La presión de la base ha llevado a las direcciones confederales de la CGT y FO a convocar unitariamente junto a Solidaires y la FSU una nueva jornada de huelga y manifestaciones para el martes 10 de diciembre. El ritmo de la reconducción establecido en la SNCF y la RATP, junto a las fechas de movilización interprofesional, debe permitir continuar con la huelga en los sectores de la función pública y su extensión al sector privado, que estuvo bien presente en las manifestaciones del día 5.
Sea cual sea la prolongación en los días que vienen, esta movilización se beneficia de la combatividad acumulada durante estos últimos meses. Desde hace una año, los chalecos amarillos han dinamizado al conjunto del movimiento social con decenas de manifestaciones dinámicas, combativas y rompiendo con la atonía anterior de los cortejos. Además, este movimiento ha sido el único que en el periodo reciente ha obtenido rápido concesiones por parte del gobierno. El anunciar, cuando apenas llevaban un mes movilizándose, el incremento en 10 mil millones del gasto público tras las manifestaciones espontáneas y ofensivas del 1 de diciembre de 2018, supuso un soplo de aire fresco para el movimiento social. Un movimiento que, sin embargo, no ha llegado al final de sus exigencias. Todas las categorías de trabajadores y trabajadoras de hospitales, sobre todo en los servicios de urgencia, también se han movilizado masivamente y a lo largo de todo el año, sin que el gobierno sea capaz de poner fin al movimiento que aún continúa vivo: el 14 de noviembre en París se manifestaron más de 10.000 personas del sector. Por otra parte, estas últimas semanas, en muchos institutos y facultades, también se han manifestado los estudiantes contra la precariedad de sus condiciones, dramáticamente puesta de relieve por la inmolación de un estudiante en Lyon el 8 de noviembre.
Lo mismo en relación a las movilizaciones por el clima y contra la violencia machista. A lo largo del mes se han movilizado nuevas generaciones, cruzadas, con muchos jóvenes y sobre todo con muchas mujeres jóvenes.
Así pues, desde hace un año, un movimiento social, proteiforme, ha puesto de relieve un dinamismo política que, para la gente mayor, trae a la memoria los años 90, en los que las luchas por los derechos de las mujeres se daban al mismo tiempo que las luchas contra el racismo, por el derecho a la vivienda y los derechos de la gente en paro. Fueron los prolegómenos del movimiento altermundialista.
Hoy en día, la diferencia notable, no solo en Francia, es la enorme dificultad por lograr la convergencia de estos movimientos sociales con perspectivas políticas comunes y ofensivas.
El PS y Les Républicans se mantienen absolutamente callados ante el movimiento actual. Esperan que Macron se dé el batacazo pero, al mismo tiempo, no están contra su proyecto. RN (Marine Le Pen) procede de la misma forma que cuando emergieron los chalecos amarillos. Intenta capitalizar el descontento popular al mismo tiempo que oculta que su programa va en la misma dirección que el de Macron.
A la izquierda del PS, durante estos últimos meses, se ha dado una dinámica unitaria, con llamamientos contra la política securitaria, para denunciar la islamofobia o en apoyo a la movilización contra la reforma de pensiones. El NPA se encuentra en el centro de todas estas iniciativas unitarias.
Ahora bien, estamos lejos aún de una respuesta anticapitalista común que se forje al calor de los movimientos sociales y que no vaya hacia la reconstrucción de un mecano electoral. Se puede dar la oportunidad de avanzar en esa dirección a través de las numerosas iniciativas locales puestas en pie en el marco de la movilización actual. La movilización contra la reforma de las pensiones plantea de forma directa la cuestión de la sociedad en la que queremos vivir, libre de explotación y de opresiones y democráticamente organizada para satisfacer las necesidades sociales. Hacer avanzar esta perspectiva dependerá de la fortaleza que muestre del movimiento social en los días que vienen.