El 1 de febrero, el ejército birmano dio un golpe de Estado "preventivo" en un país donde detentaba ya prácticamente el poder. Desde entonces, se enfrenta a un movimiento masivo de desobediencia civil y parece prepararse para una represión militar directa.
El ejército birmano (Tatmadaw) lleva instalado en el poder desde 1962. En 2008, redactó una constitución que le otorgaba el 25% de los escaños (no sujetos a elección) en la Cámara de Representantes (equivalente al Parlamento), así como en la Cámara de las Nacionalidades 1 (equivalente al Senado) y le permitía nombrar a los ministros de Defensa, Asuntos Transfronterizos e Interior, así como a un vicepresidente. No está sujeto a control civil y tiene enormes intereses económicos. Se otorga el derecho de arbitraje en todos los asuntos legales y constitucionales del país. Los militares tienen, de hecho, derecho de veto sobre cualquier reforma que no les guste, porque para modificar esta Constitución se necesita el acuerdo del 75% de los parlamentarios, y les resulta fácil encontrar apoyos para ello.
Es probable que haya más de una razón para el golpe de Estado del 1 de febrero, incluyendo las ambiciones personales del Jefe de Estado Mayor Min Aung Hlaing, que está a punto de alcanzar la edad de jubilación (65 años) y quiere entrar en política. Su futuro está amenazado por los lamentables resultados del partido del ejército, el PUSD2, frente a la Liga Nacional por la Democracia (LND) en las elecciones legislativas de noviembre de 2020. Al igual que Donald Trump, la junta finalmente declaró que los resultados de las elecciones no podían ser válidos. Poco antes de la toma de posesión de los parlamentarios, detuvo a los líderes de la Liga, incluidos el jefe de Estado y Aung San Suu Kyi.
En 2015, la LND, liderada por Aung San Suu Kyi, encarcelada desde hace tiempo y Premio Nobel de la Paz, ganó las elecciones parlamentarias. Esto ha llevado a un acuerdo entre la Liga y el ejército, que se suponía que a iniciar una "transición democrática", pero que no incluía ningún mecanismo que la permitiera, como una reforma constitucional que desanclara el poder militar (¡cosa que sólo podría hacerse con su acuerdo!). La tan cantada transición no se produjo.
Los militares incluso se han beneficiado del acuerdo alcanzado tras las legislatives. Esto fue especialmente el caso en 2017, cuando el ejército, bajo la égida del general Min Aung Hlaing, masacró a los rohingyas, minoría mayoritariamente musulmana, para abrir paso a las inversiones indias y chinas, provocando el éxodo de más de 700.000 refugiados. En esta ocasión recibieron el apoyo incondicional de Aung San Suu Kyi, no por oportunismo, sino porque es una etnonacionalista bamara (la etnia mayoritaria en Birmania). En aquel momento, Suu Kyi perdió definitivamente las credenciales democráticas que había adquirido durante su larga detención. Además, consciente del peso económico y estratégico de China, corteja a Pekín, como lo hacen los militates, sin ser por ello su agente.
Por todo ello, la crisis no se ha derivado de una diferencia en la orientación política, sino de la cuestión de la Presidencia y las instituciones. Según la Constitución, la presidencia debe recaer en una personalidad civil, pero los militares impidieron que Aung San Suu Kyi accediera a este cargo introduciendo una cláusula escrita a medida, a saber, la prohibición de que las personas casadas con extranjeros o con hijos extranjeros accedan a un cargo político (este es su caso). Oficialmente "asesora", Suu Kyi no era nominalmente la Jefa de Estado, aunque de hecho lo fuera.
Los sucesivos éxitos electorales de la LND han reforzado su posición, mientras que el claro fracaso del USPD ha debilitado la del general Min Aung Hlaing. El golpe pretende poner fin a este proceso que socava la autoridad del ejército. Para una gran parte de la población, la resistencia al golpe se lleva a cabo, por tanto, en nombre de la legitimidad electoral de la Liga y de Suu Kyi.
El rechazo al putsch movilizó a un amplio abanico de grupos sociales (personal sanitario, funcionarios, clases medias, empleados del sector privado, empresarios, comerciantes, etc.). La impulsan los jóvenes, llamados "Generación Z", que dominan las redes sociales, muestran la misma inventiva que en Tailandia, utilizando el teatro callejero, y la misma valentía, utilizando el mismo símbolo: los tres dedos apuntando al cielo. Es sorprendente ver la edad que tienen. Otros actores de la resistencia, la "Generación del 88" (año de una gran lucha antidictatorial aplastada en un baño de sangre), con Ko Min Ko Naing como cabeza visible, así como el Movimiento de Desobediencia Civil (CMD) y, por supuesto, la LND, primer objetivo de la represión militar.
Otro aspecto muy importante en este país multiétnico es que las movilizaciones contra el putsch tuvieron lugar en la mayoría de los territorios poblados por "minorías": Kachin, Kayah, Karen, Chin, Rakhine, Mon, Shan...
La junta de gobierno ha intentado sofocar la protesta apostando por su agotamiento, bloqueando sus comunicaciones por Internet, deteniendo a un número creciente de figuras políticas y manifestantes, y reprimiendo (una joven fue asesinada). En vano. En el momento de escribir este artículo, está movilizando al ejército, y no sólo a la policía, situando a los tanques en las grandes ciudades. Se han tomado las primeras iniciativas de solidaridad internacional, especialmente en el sudeste asiático. Es urgente reforzarlas.
15 de febrero 2021