Desde hace un mes, las movilizaciones contra Macron y su gobierno no se han debilitado, sino todo lo contrario.
La semana pasada, la intersindical nacional anunció dos jornadas: una jornada de huelga y manifestaciones el martes 7 y manifestaciones el sábado 11 (sin convocatoria de huelga). El martes 7 fue similar al 19 de enero en cuanto al número de manifestantes, pero con un número inferior de huelguistas que el 31. Obviamente, estos índices más bajos para un tercer día de huelga en 20 días plantean interrogantes sobre la eficacia de las huelgas en días separados mientras el gobierno sigue concentrando toda su voluntad en forzar la contrarreforma. Pero, por otro lado, la masividad de las manifestaciones sigue mostrando una oposición popular masiva y una clara comprensión de las consecuencias de esta reforma.
El sábado 11 de febrero, con 2,5 millones de personas en las manifestaciones, según el recuento de los sindicatos, fue una clara confirmación de este rechazo popular. En un gran número de ciudades, a menudo pequeñas y medianas, el número de manifestantes fue incluso mayor que el 31 de enero, confirmado incluso por las cifras de la policía. En París, la policía anunció 93.000 manifestantes, la cifra más alta anunciada no sólo desde el inicio del movimiento, sino desde hace décadas para una movilización social.
Así pues, estos dos días han confirmado el elemento más claro de la situación social y política del país: Macron y su gobierno permanecen totalmente aislados, y la población en general y los y las trabajadorass, apoyan mayoritariamente el movimiento de protesta contra este proyecto.
Cada nuevo debate en torno al proyecto de ley pone en evidencia a los ministros, que mienten sin recato y ofrecen cálculos erróneos que se ven obligados a desmentir a la vuelta de la esquina. Es el caso de la promesa de Elisabeth Borne de que "la reforma permitirá revalorizar las pensiones de las personas asalariadas, artesanas y comerciantes jubiladas que cobran el SMIC hasta cerca de 1.200 euros al mes", dando a entender deliberadamente que afectaría a 1,8 millones de pensionistas. Fue el propio ministro encargado de la reforma, Olivier Dussopt, quien se encargó de desautorizarle: "No sé si afectará a 10.000, 20.000 o 30.000 personas”. Lo mismo ocurre con la inclusión de los años de aprendizaje en el cálculo de los años de servicio para una pensión completa, que solo afecta a los jóvenes que hayan estado en prácticas después de 2014. Tantas inexactitudes y mentiras echan por tierra toda la comunicación gubernamental.
Los argumentos de choque del Gobierno son pura caricatura. El ministro de las Cuentas Públicas, Gabriel Attal, se atreve a declarar que "hay que salvar el sistema de reparto [de las pensiones] de la quiebra". Numerosos artículos muy sólidos han demostrado la indecencia de semejante argumento, sobre todo si se tiene en cuenta la desestabilización del sistema de reparto generada con las deducciones de las cotizaciones sociales. Las exenciones patronales a las cotizaciones de la Seguridad Social ascienden a 85 000 millones en el presupuesto de la Seguridad Social para 2021. Además, el Gobierno, para demostrar a las agencias de calificación y a la Comisión Europea que es ejemplar en materia de cuentas públicas, impone a los fondos de pensiones amortizar el capital de su deuda en 17.000 millones cada año. Por último, resulta paradójico ver a los diputados de Renessaince [Macron] fustigar a las y los diputados de la NUPES que, al rechazar la reforma, querrían "crear una deuda insostenible de 160.000 millones". Estos 160.000 millones corresponderían al déficit acumulado del sistema de pensiones durante 20 años en la hipótesis más pesimista del COR (Conseil d'orientation des retraites); 8.000 millones anuales de un hipotético déficit proyectado a 20 años, una carga calificada de inasumible cuando el presupuesto de la Seguridad Social es de más de 700.000 millones cada año y el déficit presupuestario del Estado es de 165.000 millones en 2023. Este déficit presupuestario no impide al Gobierno haber programado un aumento del presupuesto militar de 100.000 millones para el periodo 2024-2030 y haber suprimido en el presupuesto de 2023 la contribución sobre el valor añadido de las empresas (CVAE) que representaba unos ingresos anuales de 9.700 millones. También hay que recordar que las ayudas pagadas por el presupuesto (en gastos o en exenciones) a las empresas representan 157.000 millones al año.
Por tanto, es evidente que lo que está en juego en todo este debate es la distribución de la riqueza, empezando por los recursos de la fiscalidad y la distribución del gasto público.
Las manifestaciones, sobre todo en las ciudades pequeñas y medianas, contaron con una participación popular masiva, que expresó no sólo el rechazo a la reforma de las pensiones, sino que también puso en primer plano el descontento y exasperación ante la inflación, la carestía de la vida, sobre todo de los alimentos y la energía, y la liquidación de los servicios públicos, empezando por los hospitales y las escuelas. Todo ello mientras los grupos del CAC 40 anuncian beneficios crecientes y el enriquecimiento de una ínfima minoría frente a la precariedad de la mayoría: 80.000 millones de euros (incluidos 56.000 millones en dividendos) repartidos entre los accionistas del CAC 40 en 2022 y Emmanuel Macron puede enorgullecerse de que Bernard Arnault, que le acompañó recientemente a Washington, se haya convertido en la primera fortuna del mundo con 213.000 millones de dólares.
Ahora bien, la situación de la movilización no es sencilla, porque el gobierno ignora totalmente la voluntad mayoritaria expresada en las calles. Por otro lado, intenta establecer su legitimidad mediante un acuerdo parlamentario con Les Républicains [derecha tradicional], única forma de obtener la mayoría en la Asamblea y el Senado. El diálogo con los sindicatos está cerrado desde hace varias semanas, pero Elizabeth Borne y sus ministros han estado negociando con el partido tradicional de derechas.
El desprecio de clase mostrado hacia la voluntad popular profundiza aún más la determinación contra esta reforma, pero también revela el enfoque político del gobierno: repetir la táctica de Sarkozy en otoño de 2010 que, para aumentar la edad de jubilación de 60 a 62 años, resistió a una serie de huelgas y manifestaciones de un nivel equivalente al que conocemos hoy: entre septiembre y mediados de octubre de 2010, 7 grandes jornadas de huelgas y manifestaciones con un frente sindical idéntico al de hoy, con importantes huelgas. A partir del 12 de octubre, la SNCF, la RATP, los puertos y muelles y las refinerías se declaran en huelga: 18 días de huelga en la SNCF, 12 refinerías bloqueadas y un tercio de las estaciones de servicio sin combustible. En aquel momento, la intersindical se limitó a convocar jornadas de movilizaciones, cada vez más espaciadas y que dejaron sin perspectiva al movimiento en la tarde del 19 de octubre.
Sarkozy y su ministro Woerth consiguieron así aprobar una reforma contra la mayoría social. Incluso se permitió el lujo de felicitar a los líderes sindicales el 16 de noviembre de 2010 en TF1, la principal cadena de televisión: "Hay que rendir homenaje a las fuerzas sindicales de nuestro país, hemos llevado a cabo esta reforma considerable de las pensiones sin violencia. (...) Los franceses pueden estar orgullosos. Han mostrado sus diferencias, su preocupación, pero con respeto mutuo (...) Los sindicatos han sido responsables”.
La UMP [partido gubernamental] lo pagó dos años después dejando la presidencia y la mayoría parlamentaria al PS, que no sólo no dio marcha atrás en la reforma Woerth sino que añadió la reforma Touraine, que aumentaba progresivamente el número de años de servicio.
En 2010 también estuvo sobre la mesa, en las manifestaciones en el seno de los dinciatos la cuestión de una huelga renovable [indefinida], una huelga general, para hacer ceder a Woerth y a Sarkozy. Pero la mayoría de la intersindical se opuso, siguiendo el ejemplo de François Chérèque, secretario general de la CFDT en aquel momento, que declaró a la Agence France Presse el 23 de septiembre: "Los que quieren radicalizar el movimiento, llamar a la huelga general, quieren entrar en un planteamiento político (...). Pero la fuerza de este movimiento es que no es político, sino social. Tenemos una fuerza silenciosa, utilicémosla". Bernard Thibault, secretario general de la CGT, evitó una respuesta frontal declarando el 10 de septiembre en Le Monde: "Cuanto más domine la intransigencia, más ganará terreno la idea de las huelgas renovables", tronó el viernes 10 de septiembre. En definitiva, la intersindical no se opuso a las huelgas renovables por sectores, pero dejó que se realizaran sin intentar reforzarlas y ampliarlas organizando un calendario para la confrontación. En 2010, la iniciativa combativa partió de un gran número de sindicatos y militantes combativos que pusieron en pie coordinaciones, asambleas generales interprofesionales, en particular en Toulouse, Rouen, Marsella, en el departamente 92, sobre todo para reforzar las huelgas y organizar bloqueos.
Así que esta cuestión está muy presente hoy en día. Hay que señalar dos diferencias importantes con 2010, relativas a la política de las direcciones sindicales: en primer lugar, todos los sindicatos están claramente a favor de retirar el proyecto de ley presentado por Elisabeth Borne, lo que no era el caso en 2010. La segunda, es precisamente la experiencia de 2010 y su fracaso, un fracaso del que también son conscientes las direcciones sindicales.
El 7 de febrero, la codelegada general de Solidaires, Murielle Gilbert, declaró: "No podremos ganar si no avanzamos hacia una reconducción real y un bloqueo generalizado de la economía. Las grandes manifestaciones no serán suficientes". Solidaires propuso concretamente preparar el 8 de marzo poniendo en perspectiva la huelga renovable a partir de esta fecha. El objetivo era incluir claramente la jornada de huelga y manifestación feminista del 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de la Mujer, en el calendario de la batalla contra la reforma de las pensiones, sabiendo que la CGT, la FSU y Solidaires ya estaban comprometidos en un planteamiento unitario para esa fecha.
La intersindical nacional, en su conjunto, ha tomado en cuenta parcialmente esta propuesta. En su declaración del 11 de febrero titulada "La Intersindical está dispuesta a endurecer el movimiento", declara "si el gobierno y los parlamentarios siguen haciendo oídos sordos a la protesta popular, la intersindical llamará a endurecer el movimiento paralizando Francia en todos los sectores el 7 de marzo... y aprovechará el 8 de marzo... para poner de relieve la gran injusticia social de esta reforma para con las mujeres". Obviamente, este anuncio coincide con la propuesta de Solidaires, que llama a preparar una huelga general en todos los sectores a partir del 7 de marzo. El sindicato ferroviario CGT ya ha convocado una huelga renovable para esa fecha, al igual que la intersindical de la RATP [transporte público en la región parisina]. Solidaires realizará una declaración más amplia en los próximos días.
Es más que probable que en los próximos días se den a conoceer otras convocatorias en la misma línea. A partir del 7 de marzo podría establecerse un calendario claro e interprofesional de huelgas renovables. Esta fecha es, además, el final de las vacaciones escolares de invierno, lo que abre la posibilidad de una movilización en los institutos y refuerza la iniciada en las facultades. En tal caso, el escenario podría ser diferente al de 2010.
La cuestión esencial es evidentemente la de ganar la confianza de los asalariados en que es posible ganar, en que vale la pena ir a la huelga a partir del 7 de marzo para hacer ceder a Macron. Y el movimiento social va a tener que gestionar los próximos 25 días, porque si bien puede ayudar en los distintos sectores a preparar un movimiento global a principios de marzo, también puede hacer crecer en la población cierto sentimiento de resignación.
Nueva etapa
El gobierno y sus partidarios mediáticos son muy conscientes de que se abre una nueva etapa. Macron ya no intenta convencer, sino debilitar e incluso dividir al movimiento. En primer lugar, dirigiéndose esencialmente a los sindicatos reformistas, CFDT, CGC y UNSA en particular, para desvincularlos de quienes quieren ir hasta el final. De momento, el frente sindical resiste y el propio Berger repite que el Gobierno cargará con toda la responsabilidad del endurecimiento del movimiento.
En otro registro, los medios de comunicación y el gobierno intentan desviar la atención hacia el debate parlamentario, que se celebra hasta el viernes 17 de febrero en la Asamblea Nacional. Acusan a la NUPES, y en particular a France Insoumise, de alborotar los debates, de bloquearlos presentando 11.000 enmiendas; los diputados macronistas, aliados en este terreno con Rassemblement national [extrema derecha], juegan histéricamente con el menor incidente del que son culpables los diputados del NUPES, como jugar con un globo fabricado por huelguistas con la imagen de Olivier Dussopt, ministro encargado de la reforma. Del mismo modo, el gobierno llora por una muñeca con la imagen de Elisabeth Borne que fue colgada de una horca durante la manifestación del 11 de febrero. Sin embargo, en las manifestaciones sociales de los últimos cincuenta años se han visto eslóganes, pancartas o varios maniquíes caricaturizando y despotricando contra presidentes y ministros. Obviamente, para los macronistas el objetivo es utilizar estas distracciones para salir del aprieto en el que se encuentran.
Además, en las últimas sesiones de la Asamblea, los diputados macronistas y republicanos se han unido a toda prisa para anular una votación mayoritaria que apruebe comidas a 1 euro para todos los estudiantes en los restaurantes universitarios. Del mismo modo, no pudieron impedir que se votara en esta asamblea un proyecto de ley del PS para la renacionalización de EDF, productor casi exclusivo de electricidad en Francia, y la salida de las normas de la UE sobre los precios de la electricidad. Obviamente, esta votación será impugnada por la mayoría de derechas en el Senado, pero todos estos acontecimientos muestran la febrilidad del grupo Renessance (el partido de Macron) en la Asamblea. Como minoría en la Asamblea, cada vez más dependientes del grupo republicano para aprobar las votaciones, se enfrentan a la hostilidad de su propio electorado y temen su futuro en las próximas elecciones legislativas.
Así pues, podemos encontrarnos en un punto de inflexión en el clima social y político en Francia. Hay una oportunidad política para derrotar a Macron, mejorar la relación de fuerzas de las clases populares y dar confianza en una alternativa que acabe con los ataques del capitalismo neoliberal, satisfaciendo las necesidades de la gran mayoría. Más allá de la cuestión de las pensiones, se puede abrir una ventana de oportunidad para las y los de abajo y puede comenzar a instalar el miedo entre los dirigentes capitalistas. El afán por desacreditar a las NUPES y halagar a la extrema derecha compatible con políticas liberales (como demuestra claramente el gobierno de Meloni en Italia) es una expresión incipiente de ese miedo. La construcción de un verdadero frente político anticapitalista al calor del movimiento contra la reforma de Macron podría dar un verdadero salto adelante. Esto dependerá, sobre todo, de la capacidad de mantener la movilización, de anclarla y de preparar en el máximo de sectores la huelga renovable. En ese sentido, impedi que el movimiento se desactive durante los próximos 25 días será decisivo.
12/01/2023