Macron y su gobierno acaban de dar un paso espectacular hacia la adopción de una política discriminatoria, racista y xenófoba hacia las personas extranjeras no comunitarias con el apoyo de la extrema derecha.
La ley que acaba de ser aprobada en Francia, en diciembre de 2023, por el voto conjunto de la alianza macronista, el partido derechista Les Républicains y la extrema derecha (Rassemblement National-RN) es la más regresiva de Francia desde la aprobada hace casi 40 años (la ley Pasqua de 1986) y contiene aspectos aún más reaccionarios. Está totalmente en línea con las premisas de la extrema derecha, que considera como peligrosas a las personas extranjeras y a la inmigración como un riesgo, una amenaza para el país, agitando el fantasma de la invasión migratoria, del desequilibrio económico y social generado por las y los inmigrantes, y asimilando la inmigración a la inseguridad, la delincuencia y la amenaza del terrorismo.
Estos temas están muy extendidos en Europa, pero en Francia están impulsados, particularmente, por el RN de Marine Le Pen y el pequeño partido Reconquête de Marion Maréchal y Éric Zemmour. Desde hace unos veinte años, la derecha tradicional también los ha popularizado ampliamente, haciendo suya, poco a poco, la propaganda ideológica de Jean Marie Le Pen y del Frente Nacional (predecesor del RN) sobre estos temas. A principios de la década de 2000, Nicolas Sarkozy ya intentó dividir a la sociedad francesa introduciendo el debate sobre la identidad nacional, incorporando incluso este concepto a la definición del Ministerio del Interior, designado como "Ministerio del Interior y de la Identidad Nacional", siguiendo la idea de uno de sus asesores, Patrick Buisson, procedente de la extrema derecha nacionalista revolucionaria de los años setenta.
Así pues, Macron y su gobierno también han comenzado a transitar por estos fangos, pensando inicialmente que estaban realizando una maniobra parlamentaria para desestabilizar al partido Les Républicains. Solo que la maniobra se ha convertido en un bumerán contra la mayoría presidencial.
En el verano de 2022, al inicio de su segundo mandato, Macron y su ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunciaron la presentación de una nueva ley sobre las condiciones de entrada y residencia, centrada en el derecho de asilo, sólo tres años después de la que habían impulsado en 2019. Equiparando de forma explícita la delincuencia con las personas solicitantes de asilo, el objetivo anunciado era "impedir los flujos migratorios no europeos", "acelerar los procedimientos para los solicitantes de asilo" y "los procedimientos de expulsión", todos ellos temas reaccionarios clásicos.
En un momento en que las principales preocupaciones de la población eran la inflación, la crisis del sistema sanitario y las amenazas que se vertían contra las pensiones, el objetivo principal era intentar polarizar el debate público sobre esta cuestión blandiendo la "amenaza insoportable de la inmigración" y, una vez más, culpar a las personas inmigrantes de la situación social de las clases trabajadoras. El objetivo declarado de Darmanin era hacer la vida imposible a las y los inmigrantes. Su perfil arrogante era incluso el de un superhombre, jactándose de ser más duro con los inmigrantes que la extrema derecha, hablando, no sin cierto toque sexista, de la blandura de Marine Le Pen y de la "incapacidad de Georgia Meloni para tratar los problemas de la inmigración". Este proyecto de ley fue combatido desde el principio por el movimiento social y la izquierda, con el colectivo Unis contre l'immigration jetable (Unidos contra la inmigración desechable-UCIJ), que reúne a 800 colectivos y asociaciones (entre ellas cientos y cientos que trabajan día a día por la acogida y la solidaridad con las personas inmigrantes sin papeles y las solicitantes de asilo), con el apoyo de los Verdes, La France Insoumise (LFI) y la izquierda radical, incluido el NPA.
Desde las elecciones de junio de 2022, en las que Macron salió sin mayoría parlamentaria ni alianza con otros partidos, él y su gobierno han tenido que negociar cada proyecto de ley con los demás partidos, principalmente con el partido de la derecha tradicional gaullista, Les Républicains (LR). Como resultado, este partido ha votado dos tercios de la legislación introducida por el gobierno entre junio de 2022 y junio de 2023. Darmanin abrió la puerta al diálogo sobre su proyecto de ley con LR, si bien las movilizaciones contra la reforma de las pensiones en la primavera de 2023 obligaron al gobierno a archivar el debate sobre la misma. Por su parte, LR vio en el debate sobre este proyecto de ley una oportunidad para recuperar espacio en el debate político. El resultado de las elecciones legislativas de junio de 2022 -62 de 577 escaños, tras haber perdido 51- había reducido a Les Républicains a una posición subordinada de Macron, por detrás del RN de Marine Le Pen y de LFI, y les resultaba difícil existir como fuerza independiente, atenazados entre Macron y e RN. Además, muchos dirigentes macronistas provienen de LR, y Nicolas Sarkozy llamó en varias ocasiones al partido que dirigió durante mucho tiempo a formar una alianza con Macron.
Al final, en la primavera de 2023, LR intentó una operación política introduciendo por su cuenta dos leyes que atacaban a la inmigración y a las personas extranjeras que vivían en Francia. Considerando que era el único terreno en el que podían hacer oír una voz diferente de la de Macron, sus proyectos de ley retomaron sin fisuras los principales elementos del programa de la extrema derecha, en particular la adopción de la preferencia nacional, la discriminación de los derechos sociales a las personas extranjeras extracomunitarias con una reducción de sus derecho a las prestaciones sociales, el retroceso del droit du sol [derecho a la nacionalidad en donde se nace] para los niños nacidos en Francia, la introducción de nuevos obstáculos a la adopción de la nacionalidad francesa, con una represión más fuerte y deportaciones más rápidas de las personas extranjeras indocumentadas. Durante el último año, el partido LR ha desarrollado una campaña obsesiva contra la avalancha de inmigrantes, la invasión de inmigrantes y el coste desorbitado de la inmigración, haciéndose oír mucho más que la extrema derecha en este tema.
Creciente presión ideológica de la extrema derecha
Aunque Francia ha sido durante mucho tiempo un país de inmigración con una legislación abierta, desde los años 70 ha endurecido considerablemente los derechos de entrada y residencia. Marcado aún por la adquisición de la nacionalidad mediante el droit du sol, el país practica una gran división entre una actitud acogedora y unas prácticas cada vez más cerradas. Esto es cierto tanto para la inmigración como para la acogida de personas refugiadas. Francia, con un 7,7% de personas extranjeras en su territorio, está por debajo de la media europea (8,4%), frente al 8,7% de Italia y Suecia, y el 11-13% de España, Alemania y Bélgica. Estos datos dejan mucho que desear a efecto llamada de una política excesivamente generosa esgrimidas por el gobierno y sus nuevos amigos.
En cuanto a las y los refugiados, la guerra provocó en Siria, sobre todo en 2014 y 2015, un éxodo de personas refugiadas. La realidad es que la mayoría de los 6,8 millones de ellas permanecieron en Turquía, Jordania y Líbano. Sólo el 17%, algo más de un millón, solicitó asilo en la Unión Europea, y Francia registró el 2,2% de ese 17%... ¡alrededor de 25 000! En lo que respecta a la población afgana, el esfuerzo fue ligeramente mayor, ya que Francia registró el 8% de personas refugiadas afganos en Europa. Del mismo modo, aunque hay unos 4,6 millones de personas ucranianas en la UE (120 000 en Francia), y nadie ha protestado por la llegada de una población que tiene la suerte de no ser de origen musulmán, también en este caso la cifra no se corresponde en absoluto con el peso económico (17%) y demográfico (15%) de Francia en Europa. El discurso pretencioso y autocomplaciente de Macron sobre "la cuota de Francia en la acogida de refugiados" es irrelevante. Sobre todo, porque en lo que se refiere a solicitudes de asilo Francia tiene una de las tasas de protección más bajas de Europa. Alrededor del 70% de las solicitudes de asilo no obtienen el estatuto de protección (refugiado o protección subsidiaria), lo que deja a quienes solicitan asilo en una situación irregular y precaria con riesgo de ser deportados.
Los dirigentes europeos y franceses viven en una negación esquizofrénica de la migración internacional. La migración es un fenómeno natural e ineludible en la historia pasada y presente de la humanidad, un fenómeno en el que los propios europeos han participado y siguen participando, y que hoy afecta a África y Oriente Próximo mucho más que a Europa. Pero los reaccionarios intentan convertirlo en una cuestión de guerra de civilizaciones, de invasión bárbara, de invasión demográfica. Por desgracia, es cierto que las guerras y el cambio climático acentuarán los fenómenos migratorios, si bien, una vez más, la Unión Europea no es el primer destino. Evidentemente, la UE niega ser uno de los principales responsables del cambio climático (directamente a través de la contaminación medioambiental e indirectamente a través de los grupos capitalistas industriales y comerciales europeos), con unas relaciones neocoloniales con los países del Sur, y que su política exterior es también responsable de conflictos y guerras abiertas, con todas sus catástrofes humanas que provocan que la gente de esos países abandone sus hogares; pero se obstina en obstaculizar los flujos migratorios naturales, poniendo en peligro extremo a cientos de miles de hombres y mujeres, y provocando la muerte de decenas de miles de seres humanos en las rutas migratorias. La otra negación es que Francia y la UE son las principales organizadoras de la inmigración internacional, que es en gran parte legal, como parte integrante del sistema económico y social europeo. En 2022, por cada 350 000 personas inmigrantes indocumentadas que entraron en la Unión Europea, 3,5 millones lo hicieron legalmente.
Y más allá de la demagogia reaccionaria puramente ideológica, tras la votación de la ley en Francia se dieron tres reacciones características: la de 3 500 profesionales de la medicina, incluidas las de urgencias, la de los presidentes de las grandes universidades y directores de las grandes escuelas, y la del presidente del MEDEF[la CEOE francesa].
Las y los médicos protestaron contra la amenaza de supresión de la Aide Médicale de l'Etat (Ayuda médica estatal-AME) y se comprometieron públicamente a seguir atendiendo gratuitamente a las personas sin papeles si se suprimía la AME, por respeto al "juramento hipocrático" de atender a cualquier persona enferma y por responsabilidad por la salud pública.
Las y los presidentes de las universidades y los directores de las grandes escuelas protestaron contra el sistema de "garantía de retorno", que ya existe en otros países europeos (una cantidad que los estudiantes extranjeros tendrán que depositar en su cuenta bancaria antes de llegar a Francia), y contra la limitación de las ayudas sociales que las y los estudiantes extranjeros tendrán que soportar a partir de ahora, so pretexto de la fantasía de los "falsos estudiantes que se aprovechan de los sistemas sociales". Actualmente hay unos 400 000 estudiantes extranjeros en Francia, es decir, el 13% del total. Son un pilar del sistema universitario, sobre todo en las grandes escuelas, y contribuyen a su vitalidad y, por supuesto, a la internacionalización de la enseñanza universitaria para las y los estudiantes, entre ellos 70 000 doctorandos... lejos de las fantasías xenófobas de falsos estudiantes que son la obsesión de Ciotti, presidente del partido LR, y de Darmanin.
La tercera reacción vino de Patrick Martin, presidente del Medef, quien afirmó que "a menos que reinventemos nuestro modelo económico", en los próximos años se necesitarán 3,9 millones más de trabajadores y trabajadoras extranjeras en Francia, y al menos el mismo número en el resto de la Unión Europea. A diferencia de los portavoces de los partidos LR y RN, las y los empresarios son conscientes de una realidad proclamada desde hace tiempo por los economistas de la OCDE: la población extranjera y migrante, lejos de ser una carga financiera para los países de acogida, arroja un balance neto en todos los países de la OCDE que supone un superávit en los presupuestos de los países de acogida.
En un derroche de despropósitos de los últimos meses, un miembro de RN retomó un artículo del diario de derechas Le Figaro, que afirmaba que la inmigración "cuesta más de lo que ingresa", cifrando el coste en 53 900 millones. Se citaron otras cifras, pero siempre con el hilo conductor de la idea de que los y las extranjeras vienen a aprovecharse del sistema social y a vivir de las prestaciones sociales y del seguro de desempleo.
La realidad que arrojan los exhaustivos estudios realizados por la OCDE en 2021, abarcando el periodo 2006/2018, es que, en los 25 países estudiados, la contribución presupuestaria neta se sitúa siempre entre el -1% y el +1% del PIB, con un superávit medio de 10 000 millones de euros anuales para Francia durante este periodo. Más allá de estas cuentas, la realidad evidente es que, evidentemente, las personas extranjeras participan en la vida económica del país en el que se encuentran, y muchas veces con un trabajo peor remunerado y en condiciones laborales más difíciles. Estas dificultades se derivan tanto de las dificultades que tienen para regularizar su situación como del clima de discriminación que hace más difícil el acceso al empleo, no sólo para las personas extranjeras, sino también para las descendientes de extranjeras de 2ª o incluso 3ª generación. El mantenimiento de este clima de racismo es evidentemente un arma utilizada por las y los empleadores.
Pero los sectores que, por definición, no pueden deslocalizar sus actividades, como el transporte, la logística, la hostelería, la construcción y los cuidados, recurren muy a menudo a esta mano de obra extranjera o de origen inmigrante. Y la realidad en Europa es que la curva demográfica natural, excluyendo la inmigración neta, marca una tendencia a la baja en todas partes; Francia no es una excepción a esta tendencia. Así pues, detrás de la retórica de las derechas más o menos extremas, que sirve para dividir a las clases trabajadoras y alejarlas de los verdaderos responsables de las políticas de demolición social, se esconde la realidad ineludible de que la inmigración no sólo no es un coste, sino que tratar de obstaculizarla sería crear un desequilibrio social y económico en las próximas décadas.
La hipocresía de las clases dominantes consiste en que la mayoría de las veces apoyan el discurso de la extrema derecha y lo cultivan en sus medios de comunicación escritos y audiovisuales, fantaseando con el efecto llamadaque representaría la más mínima regularización de las y los sin papeles, mientras que al mismo tiempo piensan en el presente y en el futuro integrando la realidad de una afluencia continua de personas inmigrantes. Una política utilitarista e hipócrita que priva a millones de hombres y mujeres de derechos sociales y de condiciones de vida decentes, que mantiene la discriminación y la violencia policial en los barrios populares donde viven muchos niños y niñas de origen inmigrante, pero que, sin embargo, mantiene las redes de inmigración indispensables para el equilibrio económico y social.
Esta política es aún más grave cuando se trata de gente inmigrante e indocumentada que intenta llegar a Europa a través del Mediterráneo o de las fronteras continentales. La derecha, la extrema derecha y sus relevos mediáticos hablan de invasión, cuando las cifras dicen otra cosa: según las cifras gubernamentales, hay entre 4 y 5 millones de personas inmigrantes indocumentadas en Europa, es decir, menos del 1% de la población total. La mitad de ellas viven en Alemania y Gran Bretaña, unas 700 000 en Francia y entre 500 000 y 700 000 en Italia. Pero la fantasía de la invasión y la propaganda xenófoba y racista justifican un trato inhumano para quienes intentan llegar a Europa. Se gastan decenas de miles de millones en asegurar y controlar las fronteras, devolver a quienes llegan y negociar con los países africanos y de Oriente Próximo el bloqueo fronterizo. Estas cantidades deben compararse con las escasas sumas concedidas para la acogida, el alojamiento y la ayuda a las poblaciones migrantes.
Las y los refugiados procedentes de Ucrania fueron la única población a la que el Consejo de la Unión Europea concedió el "estatuto de protección temporal". En Francia, en concreto, fueron las únicas personas que se beneficiaron de unas condiciones de acogida adecuadas: permiso de residencia inmediato, acceso al mercado laboral y a la vivienda, asistencia médica y acceso de los niños a la educación, derecho a abrir una cuenta bancaria. Obviamente, estos derechos deberían aplicarse a todas y todos los solicitantes de asilo procedentes de Siria, Afganistán u otros lugares.
Darmanin y Macron atrapados en una trampa
Así, en relación a los debates sobre esta ley en la primavera de 2023, Les Républicains, en sus proyectos de ley anti-inmigración presentados en mayo de 2023, también querían una modificación de la Constitución para que Francia pudiera derogar la legislación europea en materia de obligaciones hacia las personas solicitantes de asilo, para oponerse de ese modo a cualquier regularización de las y los inmigrantes sin papeles en las profesiones llamadas "de corta duración" (la hostelería en particular), que es lo que proponía Darmanin en su proyecto de ley. También querían suprimir la ayuda médica estatal (AME), que permite a los sin papeles acceder a la asistencia sanitaria cubierta por la Seguridad Social en los hospitales (380 000 personas se beneficiaron de ella en 2023). Darmanin y el gobierno se opusieron a esta supresión.
El partido LR, que se beneficia de una mayoría en el Senado, pensó que podría ejercer una fuerte presión para obligar a Darmanin y a Macron a entrar en su terreno. Darmanin, por su parte, esperaba que adoptando algunas de las medidas propuestas por LR, conseguiría que al menos algunos de sus diputados votaran a favor de su plan, debilitando aún más a LR en la Asamblea. Este sórdido juego político a costa de las personas extranjeras también sirvió a Darmanin para intentar hacerse un hueco en la carrera para suceder a Macron como presidente en 2027.
Así pues, el proyecto de ley de Darmanin quedó en suspenso hasta el inicio del nuevo curso académico en 2023. Una vez más, tras 6 meses de protestas masivas contra la reforma de las pensiones, tras las revueltas en los barrios obreros durante el verano ante la violencia y el asesinato de jóvenes a manos de la policía, el gobierno quiso estigmatizar a la población de origen inmigrante y sofocar las preocupaciones sociales predominantes entre la población: el poder adquisitivo, la salud, el medio ambiente... Estas preocupaciones se manifiestan claramente en las movilizaciones sociales, e incluso en los recientes sondeos de opinión (instituto IPSOS, 23 de septiembre, por ejemplo, donde la inmigración sólo aparece en noveno lugar como preocupación).
La hiperbolización de las cuestiones migratorias en el arsenal mediático de la extrema derecha y de los dirigentes reaccionarios ha mantenido un clima nauseabundo destinado a mezclar inmigración, inseguridad e islamismo y a hacer de esta amalgama la principal cuestión política, con la ayuda predominante de la red de medios de comunicación y de la prensa escrita que están en manos de los principales capitalistas franceses, en primer lugar, la galaxia mediática en manos de Bolloré... Esta cuestión ocupó efectivamente el campo del debate público de septiembre a diciembre, pero no con el resultado que Macron y su gobierno deseaban.
Esperando maniobrar como lo hizo en otros temas, el calendario del gobierno era sencillo. El debate comenzó con una votación en el Senado a principios de noviembre, donde Les Républicains enmendaron el proyecto de Darmanin con todas sus medidas prestadas por la extrema derecha. Después, a principios de diciembre, la Comisión de Leyes de la Asamblea, donde la relación de fuerzas daba al gobierno una mayoría relativa, depuró el proyecto de ley, devolviéndolo a su versión original, una versión reaccionaria que no incluía muchos de los añadidos del Senado (por ejemplo, la supresión de la AME, el periodo de 5 años de residencia legal para obtener prestaciones sociales, la regularización en las ocupaciones "con poco personal"). Entonces, lógicamente, el juego de las abstenciones debería haber permitido a Borne y Darmanin aprobar la ley, artículo tras artículo, contando con la aportación de votos de Les Républicains y las abstenciones del Partido Socialista, según los artículos de la ley.
Y fue entonces cuando las cosas empezaron a torcerse. Los ecologistas, opuestos al proyecto de ley junto con todos los grupos de la Nupes (Nouvelle unión populaire écologique et sociale), presentaron una moción para rechazar dicho proyecto de ley, bloqueando así su examen por la Asamblea. El 11 de diciembre, contra todo pronóstico, esta moción fue aprobada por mayoría con los votos de la Nupes, pero también de 2/3 de los diputados de LR y RN: 270 votos a favor del rechazo y 265 en contra. La trampa se cerró entonces para Darmanin y su gobierno. Ya no se podía votar la ley artículo por artículo en la Asamblea. Macron tuvo que elegir entre retirar totalmente su texto o hacer un nuevo intento de compromiso redactando conjuntamente un nuevo texto entre diputados y senadores (en una comisión mixta paritaria) seguido de una votación en bloque en cada una de las dos cámaras sobre el mismo texto. Tras sufrir una estrepitosa derrota y verse superado por primera vez en la Asamblea, Macron se negó a reconocer su fracaso retirando la ley. Prefirió poner el proyecto en manos de Les Républicains, ya que sólo era posible redactar un texto conjunto en esta CMP de 14 miembros (7 diputados y 7 senadores) mediante un acuerdo entre los 5 macronistas y los 5 republicanos de derechas y centristas. En realidad, el nuevo proyecto fue negociado directamente entre la primera ministra, Elisabeth Borne, y la dirección de Les Républicains.
Finalmente, el texto que fue votado por la Asamblea y el Senado, es por tanto una copia muy fiel de las posiciones de LR, inspirada en Rassemblement National. Estos últimos, sin haber participado en la más mínima negociación, e incluso mostrando su hostilidad hasta el final a un proyecto que consideraban demasiado moderado, aprovecharon finalmente la ocasión para mostrar su apoyo votando un texto inspirado en gran medida en sus posiciones, lo que provocó una protesta general. Es la primera vez en 40 años que las fuerzas tradicionales votan a favor del mismo texto que la extrema derecha en materia de inmigración. Además, la primera ministra Elisabeth Borne se ha comprometido formalmente a un voto parlamentario para revisar la Ayuda Médica del Estado.
Aunque Macron y Darmanin esperaban que esta ley supusiera un golpe político que fracturase a Les Républicains y aislar a la extrema derecha, RN, en su terreno favorito, el resultado ha sido el contrario: RN parece ser la ganadora política de una ley que retoma sus obsesiones xenófobas y adopta la preferencia nacional, la discriminación para las prestaciones sociales y el endurecimiento de las condiciones de naturalización. LR, gracias a su control del Senado, ha salido reforzado, mientras que los macronistas han salido debilitados y divididos: sólo 131 de 171 diputados votaron a favor de la ley, 20 votaron en contra y 17 se abstuvieron, el grupo Jóvenes con Macron ha desautorizado la ley y el ministro de Sanidad ha dimitido de su cargo.
La necesidad urgente de una respuesta de izquierdas
La débil relación de fuerzas que tenía Macron tras su segunda elección ya se había hecho añicos con la enorme movilización en defensa de las pensiones, y después con las revueltas en los barrios obreros a principios de verano. Ahora el gobierno parece ser un mero rehén de la derecha y de la extrema derecha.
En la izquierda y en la Nupes, por desgracia, a este giro hacia la extrema derecha le está costando crear la sacudida necesaria. El gobierno, respaldado por una campaña de prensa implacable y polifacética, ha hecho todo lo que estaba en su mano durante el año pasado para desacreditar a la Nupes, que surgió como la primera fuerza de la oposición en las elecciones, y ante todo a la LFI, condenada al ostracismo y demonizada por Macron y Borne por haber "abandonado el arco republicano" (a raíz, en particular, de su postura durante las revueltas en los barrios obreros y sobre los asesinatos cometidos por agentes de policía), mientras se extendía la alfombra tricolor bajo los pies de la RN. Así pues, se ha ejercido la máxima presión para impulsar la ruptura de esta alianza, que nunca pudo superar el estatus de intergrupo parlamentario. Los propios componentes de la Nupes, por diversas razones, siempre se han negado a construir una fuerza política popular nacional, estructurada en las ciudades y los barrios. A pesar de las posiciones convergentes de sus componentes en apoyo de la movilización por las pensiones, no se creó ninguna fuerza política en esa ocasión. Desde hace varios meses, ha sido la cuestión electoral de las elecciones europeas de 2024 la que ha visto cómo las tendencias centrífugas llevaban a la Nupes a la parálisis y a su ruptura de facto, al negarse los partidos aliados a la LFI a presentar una lista unitaria, en particular porque no querían asumir el programa radical de la Nupes sobre la Unión Europea. A pesar de la amplia convergencia del movimiento sindical y comunitario contra la violencia policial y, más recientemente, para exigir un alto el fuego inmediato en Gaza ante la masacre perpetrada por el ejército israelí, la oposición de izquierdas a Macron parece hoy incapaz de construir una verdadera correlación de fuerzas política y social unida. A pesar de todo, el voto de diciembre hizo que decenas de miles de militantes sintieran nauseas al ver a la extrema derecha dictar la política gubernamental. En abril de 2022, la mitad de los votos a favor de Macron frente a Le Pen procedieron de votantes de izquierdas que querían bloquear a Rassemblement National.
En torno a las convocatorias de la coalición Unidos contra la Inmigración Desechable, miles de personas salieron a la calle en varias ciudades. A principios de este el reto año será construir una fuerza popular unida y una movilización a la altura de las reivindicaciones sociales y de la amenaza de la extrema derecha.
31/12/2023