Desde el 18 de octubre estamos asistiendo al alza popular más potente desde los tiempos de la Unidad Popular en Chile (1970-1973). En un contexto mundial convulsionado por grandes movimientos de contestación al neoliberalismo, el autoritarismo y la corrupción — en los últimos meses ha habido revueltas en Francia, Puerto Rico, Hong Kong, Líbano, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Haití, Iraq, Sudán y Argelia—, el levantamiento popular chileno reviste una importancia y un simbolismo enorme.
La brutal represión gubernamental de Piñera, que se apoya en un Estado de excepción y en el uso del toque de queda, así como en la movilización del ejército con técnicas que recuerdan a las del régimen de Pinochet, en lugar de detener la movilización la ha alimentado y ha generalizado la indignación en el país y el aislamiento del gobierno. Junto con victoria de la movilización popular en Ecuador, encabezada por los pueblos indígenas algunas semanas antes, el levante chileno vuelve a ubicar Latinoamérica en la vanguardia del enfrentamiento al neoliberalismo.
Centralidad de la juventud en el desencadenamiento del movimiento
El movimiento se inició como respuesta al alza de la tarifa del metro por el gobierno derechista de Sebastián Piñera el pasado 4 de octubre. El día 7 los estudiantes de secundaria se movilizaron bajo la consigna “Evadir, no pagar, otra forma de Luchar”, viajando sin pagar. Este gesto de rebeldía ha prendido la mecha tras años de malestar social, pero también de resignación y depresión de los sectores populares. El “despertamos” es uno de los lemas más presentes en las movilizaciones. Hay que destacar que las luchas estudiantiles —en particular las de 2006 y 2011— han jugado un papel clave en la radicalización de la juventud y en el proceso molecular de removilización social que está eclosionando con el movimiento actual.
El 14 de octubre la “evasión” en el transporte era ya masiva y se cerraban estaciones de metro.
El día 18 estalló el conflicto directo con las fuerzas gubernamentales, con los primeros enfrentamientos con los carabineros, los primeros cacerolazos. Ese mismo día, Piñera – que es además uno de los hombres más ricos del país - decretó el Estado de Emergencia, que limita la libertad de movimientos y de reunión, como respuesta a los incendios de estaciones de metro y de algunos supermercados, algo que encendió todavía más los ánimos. En ese momento Santiago se paralizó y el movimiento se extendió a las regiones. Acto seguido el gobierno impuso el toque de queda. Las masas no acataron las prohibiciones y se desencadenó ya una represión salvaje.
Brutalidad de la represión
Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, en tan solo 15 días, se constatan 1.574 heridos en hospitales, incluidos 473 por disparos de perdigones, 305 por armas de fuego no identificadas, 40 por bala, 30 por balines y 157 con lesiones oculares. El citado organismo ha presentado 179 acciones judiciales, incluidas cinco querellas por homicidio y 18 por violencia sexual. Además, se han registrado 4.271 detenciones en todo el país. Es más, algunas fuentes contabilizan ya el pasado 27 de octubre 42 muertos y 141 desaparecidos en las protestas. Estas cifras dan una idea de la intensidad de la represión. A pesar de ella, la indignación popular no hace más que incrementar la movilización, que tras la huelga general de los días 23 y 24 de octubre, ha conocido otro momento álgido en la marcha del pasado viernes día 1 de noviembre.
Rebelión contra el neoliberalismo en su primer laboratorio
La rabia, el descontento, la angustia se acumularon durante muchos años. Las protestas pacíficas fueron ignoradas. Chile es el país pionero en la aplicación del modelo neoliberal y se caracteriza por una de sus consecuencias estructurales: unas desigualdades sociales abrumadoras como consecuencia de un reparto sumamente regresivo de la renta nacional (cercana, por otro lado, a la de los países de la OCDE). Sumiso al Fondo Monetario Internacional y a las condiciones impuestas por tratados de libre comercio, vía elegida para la integración subordinada del país al mercado mundial y a los intereses de compañías trasnacionales. Modelo que profundizó el extractivismo y el agronegocio, con todas sus consecuencias ambientales destructivas. Durante años se puso a Chile como ejemplo de lo “bien que le hace el neoliberalismo a los países que desean desarrollarse”. Miles de latinoamericanos migran hacia Chile con la esperanza de integrarse al paraíso del consumo.
El orden neoliberal privatizó y convirtió en mercancías todos los derechos sociales y los elementos que permiten la vida y su reproducción. Salud, educación, vivienda, seguridad social, circulación por carreteras, energía eléctrica, agua, etc. Todo privatizado y funcionando con lógica de mercado. En un contexto de salarios insuficientes, sólo quedan dos vías para obtener los bienes necesarios y para integrarse como consumidores a este mercado en expansión. Una vía es trabajar el doble y la otra es el endeudamiento. Cualquiera de los dos caminos es una bomba de relojería.
Crisis institucional
El fin de la dictadura militar de Pinochet y su reemplazo por gobiernos democráticos no puso fin al neoliberalismo. Los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y de derecha han mantenido lo esencial del régimen social, económico y constitucional instaurado en dictadura. El pueblo trabajador, los estudiantes, las mujeres, los pensionados, los pueblos originarios, han luchado durante años para poner fin a este orden de cosas. Quienes prometieron cambios para ser elegidos con votos populares —la Concertación y Nueva Mayoría— traicionaron en toda la línea las esperanzas que tuvo el pueblo de recuperar en democracia los derechos arrebatados por la dictadura. La distancia entre el pueblo y los partidos políticos que dirigieron la transición hacia la democracia creció día a día. Hoy, un abismo los separa. El modelo de democracia limitada contempló mecanismos que profundizaron el divorcio entre el pueblo y la élite política.
Hoy el pueblo se levanta, no tan solo contra el neoliberalismo y sus consecuencias, sino también contra el régimen político inaugurado en 1990, que mantuvo inalterado el poder de los militares pinochetistas. Hoy se manifiesta el odio a estos treinta años de democracia diseñada para enriquecer a los más ricos y para mantener al pueblo atomizado, fragmentado, enajenado en el trabajo, en el consumo y en las drogas. La fragmentación del sujeto popular es incentivada por mecanismos legales y por el modelo de relaciones laborales también heredados de la dictadura. Impedir la rearticulación de fuerzas que permitan el desarrollo de la lucha de clases es un objetivo estratégico de la clase dominante.
La corrupción y el abuso cruzan el aparato del Estado, a las empresas, e iglesias católica y evangélica. Carabineros, militares, senadores, diputados han robado miles de millones de pesos, empresarios pagan a los legisladores para que dicten leyes a su favor y han sido descubiertos. Figuras importantes de las iglesias han cometido abusos sexuales hacia niños y niñas. Y el país se ha enterado. Crece la rabia y desconfianza hacia todas las instituciones.
“No son 30 pesos, son 30 años”. Así reza uno de los múltiples virales compartidos en las redes sociales, en referencia a los 30 pesos de aumento del pasaje de metro versus los 30 años de “transición a la democracia”, pactada en el plebiscito de reforma a la Constitución de 1989 entre los partidos y el régimen militar. Es precisamente esa democracia pactada y tutelada sobre los pilares dictatoriales consagrados en la Constitución pinochetista aún vigente en el país una de las causas del enorme malestar contenido. Y la que explica la importancia de la extensión de la consigna de la asamblea constituyente por parte de amplios sectores del movimiento popular.
Autoorganización popular
Sin lugar a dudas, las luchas populares de los útimos años han preparado en Chile el sustrato sobre el que se están desarrollando nuevas formas de autoorganización popular. El levantamiento de estudiantes por el derecho a la educación pública en 2011 (la “rebelión de los pingüinos”), las luchas socioambientales antiextractivistas, los combates de los pueblos originarios, el levantamiento de estudiantes universitarios y secundarios contra la discriminación y el acoso, las huelgas y organización de mujeres los 8 de marzo de 2018 y 2019, han creado las condiciones objetivas y subjetivas para el estallido social actual, que está protagonizado por la clases trabajadores, las mujeres organizadas en comités locales y regionales, las clases medias empobrecidas y los sectores más depauperados. Es como si las experiencias únicas en cada sector en lucha durante los últimos años haya sido canalizado hacia un movimiento nacional contra un régimen opresivo y explotador.
La radicalización del proceso y el antagonismo creciente con el Ejecutivo —Piñera ha destituido a buena parte de su gabinete sin que la maniobra haya surgido efecto y se mantiene en buena medida por la pasividad de un sector muy amplio de la oposición parlamentaria— está abriendo dinámicas de autoorganización barrial y local, aquí se inscriben los llamados “cabildos populares”. La masividad y la duración de las protestas, unidas a las citadas dinámicas de autoorganización, parecen estar sentando las bases para una recomposición de conjunto del movimiento obrero y popular chileno, que sigue sin haber logrado reconstruirse tras los terribles golpes de la dictadura, de la atomización neoliberal y de las relaciones laborales precarizadas que la acompañan. La intensa politización de estos días hacer crecer entre el pueblo organizado la grita por una Asamblea Constituyente Popular. Pero que la necesaria Asamblea Constituyente sea Popular, es decir, que no sea restringipa a una representación desconectada de la autoorganización popular, Así pues, la Constituyente Popular debe basarse en un debate nacional entre trabajadores, en asambleas locales y barriales, entre los pueblos originarios, organizaciones de mujeres, de la juventud y los sindicatos.
¡Solidaridad con la lucha popular en Chile!
Desde la IV Internacional queremos mandar toda nuestra solidaridad al movimiento popular chileno, denunciar la represión brutal de Piñera y exigir su renuncia como paso previo a un cambio político real en Chile. Creemos que la movilización popular está permitiendo una verdadera ruptura democrática con las herencias de la dictadura y es un punto de apoyo clave para bloquear y superar las políticas neoliberales en el país donde se aplicaron por primera vez.
Apoyamos especialmente a los sectores anticapitalistas, ecosocialistas y feministas del movimiento popular chileno que están incentivando los procesos más avanzados de autoorganización y que luchan por levantar un programa anticapitalista y revolucionario capaz de articular un bloque rupturista a la vez radical y unitario, capaz de aportar elementos de orientación y un horizonte estratégico al proceso en curso.
¡Solidaridad con el pueblo chileno!
¡Alto a la represión!
¡Abajo Piñera!
¡Adelante la autoorganización y el poder popular!
¡Todo nuestro apoyo a la izquierda anticapitalista, ecosocialista, feminista y revolucionaria chilena!